Con los proyectos ya en la Casa Rosada, el presidente Javier Milei enfrenta una decisión clave que podría generar un fuerte impacto político y social: tiene plazo hasta el 4 de agosto para vetar o promulgar tres leyes aprobadas por el Congreso que contemplan mejoras en jubilaciones, prórroga de la moratoria previsional y declaración de emergencia en discapacidad.
Este lunes se completaron las firmas de los presidentes de ambas cámaras legislativas, lo que permitió el ingreso formal de las iniciativas al Poder Ejecutivo. A partir de ese momento comenzó a correr el plazo de diez días hábiles para que el presidente actúe. Desde el oficialismo ya se deslizó la posibilidad de vetar total o parcialmente al menos una de las leyes.
Las medidas aprobadas contemplan un aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios y una suba del bono para quienes cobran la mínima, que pasaría de $70.000 a $110.000. Además, se reabre por dos años la moratoria previsional vencida en marzo y se declara la emergencia nacional en discapacidad, atendiendo una situación crítica en todo el país.
La duda que ahora domina el escenario político es si Milei hará uso de su facultad de veto. El argumento que circula dentro del Ejecutivo es el impacto fiscal que tendrían estas medidas, en un contexto de fuerte ajuste presupuestario.
De concretarse el veto, el Congreso tiene la posibilidad de insistir con las leyes sancionadas, pero para ello debe reunir los dos tercios de los votos en ambas cámaras. En el Senado ese número ya fue alcanzado. Sin embargo, en Diputados la situación es más ajustada: el proyecto de aumento a jubilados se aprobó con 142 votos a favor, cuando serían necesarios al menos 146 para insistir. La ley de discapacidad obtuvo 143 votos positivos, y requeriría 144. La moratoria previsional, que recibió 111 votos afirmativos frente a 100 negativos, es la que más difícil lo tendría para ser ratificada.
La tensión crece entre los beneficiarios directos de estas leyes y organizaciones sociales que ya advierten sobre el costo humano de un eventual veto. La decisión final está en manos del presidente, y el plazo legal ya comenzó su cuenta regresiva.
