Termina el curso político y Barcelona entra en el mes de barbecho público solo alterado por los paseos, a menudo más forzados que deseados, de los concejales por las fiestas de Gràcia y Sants en pleno agosto. Este viernes se ha celebrado el pleno municipal del mes de julio, un cónclave que ha dejado algunos titulares –la aprobación del incremento de la tasa turística o el deseo de que el IBI sea más caro para los grandes tenedores– pero que sobre todo ha servido para dejar claro que la segunda mitad del mandato será menos ejecutiva y más de escaparate para los grupos municipales, ya sea por la elección pendiente de su candidato o por la selección de naves temáticas.
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Los 21 meses que faltan para las elecciones de mayo de 2027, sobre todo para un gobierno tan en minoría com el del PSC en la capital catalana, serán poco proclives a los fuegos artificiales y los grandes volantazos. La segunda parte del mandato municipal suele ser tiempo de recolección. Y si hay que sembrar, que sea bajo techo, sin sustos. Sobre seguro. Taponado por ahora el acuerdo sobre la reforma de la reserva del 30% de vivienda pública en nuevas construcciones y grandes rehabilitaciones, el alcalde Jaume Collboni puede aspirar, en la categoría de grandes asuntos de ciudad, a actualizar la ordenanza de civismo pactando con Junts. Poco más.
El alcalde Jaume Collboni, este viernes, consulta el orden del día del pleno municipal
Ana Jiménez
Pero también puede tomar decisiones que no requieren acuerdo político (las medidas anunciadas sobre movilidad en el Park Güell o la reducción de terminales para cruceros en el puerto, por ejemplo) y marcar la agenda y el rumbo ideológico, como sucedido este viernes en el salón de Carles Pi i Sunyer.
Ha sido Esquerra quien ha lanzado las semillas. La presidenta del grupo municipal republicano, Elisenda Alamany, ha presentado una proposición destinada a doblar la cuantía de la tasa turística en los próximos cuatro años, de manera que en 2029 se sitúe en los ocho euros, a razón de un euro más por ejercicio a partir de 2026. Ahora está en cuatro euros. Ha sido el primer déjà vu con aroma a tripartito de la sesión plenaria, pues la iniciativa ha visto la luz con los votos favorables del PSC, ERC y Barcelona en Comú, un total de 24 concejales, tres más de los 21 que marca la mayoría que abre el cielo.
Bonet, Valls y Alamany, durante el pleno de este viernes
Ana Jiménez
Lo que se ha aprobado, sin embargo, es una declaración de intenciones, pero al contar con el voto favorable del gobierno, de algún modo podría considerarse éticamente vinculante. Así lo ha confirmado el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, que ha anunciado, en una atención a la prensa, que la idea es que las ordenanzas fiscales del año que viene, que tienen que negociarse a partir de octubre, ya contemplen tanto el euro de más para 2026 como la hoja de ruta prevista hasta el 2029.
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Al incremento avalado por el pleno municipal hay que añadirle el impuesto de similar corte que el Govern impulsó en 2012 y que ahora está en debate en el Parlament con la idea de actualizarlo, es decir, de encarecerlo, cosa que debería suceder en octubre tras el fallido intento de mediados de junio.
Janet Sanz y Marc Serra, concejales de BComú, antes del inicio del pleno de este viernes
Ana Jiménez
Si se cumple el calendario, un turista que cierre la década visitando Barcelona podría pagar entre 12,50 y 15 euros por noche (la tasa municipal es fija, pero el gravamen de la Generalitat va en función de la categoría del alojamiento). Una pareja con tres hijos que se recoja en un hotel de cinco estrellas, por poner el caso más extremo, deberá desembolsar 75 euros cada día. Con lo que si pasan tres noches, el coste ascenderá a 225 euros.
Sobre la posibilidad de desestabilizar la tasa, es decir, que no cueste lo mismo en agosto que en febrero, Valls ha dicho que esa es una reflexión que puede aplicarse a municipios como Salou o Lloret, en los que pasar la noche en pleno invierno es tan poco habitual como esperar que te sirvan unas alcachofas frescas en febrero. No es temporada. Todo este debate en el lado mar de Sant Jaume, sin embargo, no ha contado aún con el concurso del Gremi d’Hoteles, que muy probablemente no comulgará en exceso con la idea. Otro cantar será Apartur, la patronal de los pisos turísticos, que suficiente reyerta tiene con el plan del Ayuntamiento de borrar el sector del mapa en 2028 con la no renovación de las licencias. Preguntado sobre si la medida destila cierto tufo de turismofobia, el concejal del PSC, que ha detallado que de los 100 millones que ya se recaudan se podría pasar a 150 millones anuales, ha indicado que hay muchas ciudades, como Málaga o Toledo, que van por el mismo camino. “No es de derechas o de izquierdas, es de sentido común”, gha sumado al debate Alamany. Por parte de Junts, que se ha abstenido, Damià Calvet ha instado a buscar una “fórmula equilibrada que no criminalice al turismo”.
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El segundo momento tripartito de la mañana se ha registrado a inciativa de Bcomú, que ha planteado impulsar una reforma estatal de la ley de Haciendas Locales, de manera que Barcelona pueda encarecer el IBI a los grandes tenedores. Clásicos de siempre: PSC, comunes y Esquerra, a favor; Junts, PP y Vox, en contra.
Donde sí ha habido unanimidad (con abstención de Vox) ha sido en las medallas de Honor a 25 entidades y personalidades. A título póstumo, se aprobó concederlas, entre otros, al periodista de La Vanguardia Óscar Muñoz y al cocinero Fermí Puig, añorados y referentes, ambos, en los ámbitos que marcaron su vida y la de tantos otros. Por la buena y cercana gastronomía y por explicar la realidad de Barcelona como nadie.
Los otros acuerdos
Guarderías, transporte público y salarios
La sesión ha dado bastante de sí a pesar de tratarse del pleno escoba (última sesión antes de agosto). Entre otras cosas, se ha aprobado construir unos 300 pisos protegidos en dos ámbitos de Sant Martí y la ampliación del CAP de Drassanes. Y se ha dado salida a dos partidas que requerían del pleno para salir adelante: 50 millones para transporte público y otros 36 millones para atender necesidades de personal público. Ambas partidas fueron tumbadas en junio, un recordatorio de la oposición para que el PSC no olvide su franca minoría. También se ha dado patada para adelante al conflicto con las maestras de guarderías municipales. El alcalde ha prometido que las 32 educadoras a las que se anunció el fin de su relación laboral con el Consistorio seguirán trabajando en septiembre.
