Si repasamos rápidamente los acontecimientos más recientes tenemos un panorama que tal vez en otros países sean inusuales: políticos, incluso dentro de una misma fuerza, que se atacan e injurian públicamente; un presidente que agrede e insulta a propios y ajenos; amenazas, chicanas y aprietes; incluso ataques físicos y operaciones varias. Además, algo que no es tema de esta columna, pero es verdaderamente ejemplar: la condena firme a Cristina Fernández de Kirchner y el procesamiento de Alberto Fernández, como símbolo de la acción de la justicia contra la corrupción.
Parece que estamos en una espiral descendente. Cada tanto nos enfrentamos a lo que parece ser una renovación, una especie de purificación o regeneración moral e institucional: Alfonsín en 1983, la Alianza en 1999, Macri en 2015 o ahora Milei. Incluso el mismo kirchnerismo original se presentó con esos rasgos. A la larga, terminamos reencontrándonos con la frustración de descubrir que es siempre más de lo mismo. El problema no es que el ciclo se repita, sino que lo hace en un proceso de lenta pero inexorable decadencia, de mayor degradación. No es excusa que los periodos electorales lleven a la radicalización y el enfrentamiento; ya el maltrato, el insulto y la corrupción son algo de todos los días.
Si la política es una actividad que tiene por fin el bien común, la felicidad, como sostenían los griegos, lejos está nuestra realidad política de ello. La política no nos ha alcanzado el bien, no nos ha hecho más felices, ni mejores. Desde luego, algunos medran y prosperan en cualquier situación, pero son los menos. La mayoría vive peor que antes, casi en todo sentido. En lugar de ser una solución, la política pareciera haberse constituido en un obstáculo, un problema. Y tampoco ha colaborado en una mejor convivencia ciudadana. Los griegos creían que el fundamento de la comunidad era la amistad entre hombres libres e iguales. Es cierto que ellos pensaban en ciudades de algunos miles de ciudadanos; hoy nuestra sociedad se compone de millones. Además, para ellos la plenitud de la vida se alcanzaba en la vida social y política, mientras que nosotros, modernos al fin, priorizamos la realización individual. Pero el problema es que hoy predomina entre nosotros -también en otros países, es cierto- la idea de la política como un conflicto terminal entre bandos irreconciliables. Hoy la política es el terreno de la “batalla cultural”.
Esto es esencial para entender el nivel de radicalización de la política argentina. La política siempre se ha movido entre lo necesario -lo inevitable de la política misma, el bien común como fin, los principios fundamentales de la convivencia-, y lo contingente -los medios por los que se alcanza el bien común, las formas institucionales concretas que adquiere la vida social-. Si se la considera, integralmente, como una batalla cultural, dejamos de lado lo contingente y transformamos todo en principios innegociables a los que hay que defender a cualquier precio, incluso la desaparición del rival. La batalla cultural justifica cualquier cosa.
Los sectores más radicalizados de la política -el oficialismo y la oposición kirchnerista- han planteado la disputa en estos términos. Es una lucha por el triunfo y la supervivencia. Esto se percibe con más claridad en el discurso oficialista. Tomemos un ejemplo reciente. Milei ha erigido el equilibrio fiscal -saludable política económica pero que es un medio-, en un fin en sí mismo, principio y dogma que justifica cualquier medida, por ejemplo, los vetos a leyes que generarían mayores gastos fiscales. No está mal en sí mismo que el gobierno defienda el eje de su política económica y se oponga a estas leyes. Lo grave, junto a la dogmatización de una medida de política económica, es que, además de no decir nada sobre la justicia de las materias legisladas, se dedique a descalificar al Congreso como “nido de ratas” y “madriguera inmunda”, y a sus miembros -a quienes no piensan como el gobierno- como “degenerados fiscales”, una descalificación más moral que política. No es el único en asumir estas posturas, pero su caso es más grave por la investidura presidencial.
La dogmatización, que conduce a la radicalización, es propia de casi todos. Cuestiones como la justicia social, el mercado o el rol del Estado no están sujetas a debate, sino que son principios indiscutibles e irreductibles. Lo que a veces lleva a defenderlos de las maneras más extravagantes; como el presidente que, en un discurso público reciente, hizo un curioso razonamiento, entre político y teológico, para aseverar que el Estado es demoníaco. La comunicación, clave en la política democrática actual, muestra un desolador panorama, en el que se hace patente la degradación del lenguaje político, reducido al de la calle o la tribuna de fútbol: uso abusivo e irresponsable de las redes sociales, ataques, insultos y amenazas de todo tipo –“mandriles”, “gorilas”, “chorros”, “kukas”, etc.-.
Peor es cuando se pasa de las palabras a los hechos. En las últimas semanas hemos visto parlamentarios insultándose y a punto de pasar a los golpes; militantes atacando un canal de televisión; y, en el caso más resonante, funcionarios planeando y ejecutando el ataque con estiércol a la casa del diputado Espert. Degradación pura. Que, además, se da en el marco de un año electoral, lo que indica que es probable que el tono de la disputa siga subiendo, como siempre que están en juego los intereses particulares y las posiciones de poder.
Frente a todo esto, las voces más sensatas piden diálogo y negociación. Si bien la política es decisión, la discusión pública y la negociación -en la que siempre hay que estar dispuesto a ceder algo para ganar algo-, son claves a la hora de alcanzar los fines propuestos. El problema es que ninguno de los sectores políticos, sobre todo el oficialismo libertario y la oposición kirchnerista, está dispuesto a dialogar o negociar; ninguno está dispuesto entregar nada, ya que creen que lo que está en juego es todo.
* El autor es profesor universitario de historia de las ideas políticas.
