Estefania Leal/Archivo El Pais
El sistema de justicia penal le volvió a cerrar la puerta a la denuncia de la exdiputada suplente Martina Casás, quien acusó a quien era el titular de la banca, Gustavo Olmos, de acoso sexual. La fiscal del caso, Mariana Alfaro, archivó la investigación, pero Casás pidió que el caso lo revea otro fiscal, lo que fue negado por el juez Matías Porciúncula. Ahora, el abogado de la denunciante, Juan Raúl Williman, apelará la decisión.
Casás procuró acceder al reexamen. Esta es una posibilidad que tiene una víctima si entiende que su caso fue injustamente archivado. De esta forma, solicita al juez una audiencia —que tuvo lugar el jueves pasado— y en ese momento funda su petición. Si el juez acepta el pedido, otro fiscal tiene que analizar en 20 días si hay mérito para reabrir o no el caso.
En esta oportunidad, no se llegó a esa instancia porque Porciúncula rechazó el pedido, informó Montevideo Portal y confirmó El País con el acceso a la grabación de la audiencia. Esgrimió, para hacerlo, dos argumentos.
El primero es que el Tribunal de Apelaciones puede considerar que ya se excedió el tiempo para investigar. Esto se debe a que, en abril de este año, el juez le concedió 120 días a la Fiscalía para seguir investigando. Aunque Alfaro apeló la decisión, archivó el caso antes del vencimiento del plazo, por lo que el tribunal no resolvió la apelación por estar “carente de objeto”. Entonces no está claro si ese fallo quedó firme o no ni si otra Fiscalía podría seguir investigando más allá de los siguientes 120 días.
En segundo lugar, coincidió con varios de los argumentos que utilizó Alfaro al archivar el caso. Entendió que si bien “uno, dos o tres besos” pueden considerarse un acto de naturaleza sexual, contrario a lo que dijo la defensa del imputado, debe evaluarse si hubo “abuso de poder”. “Yo no advierto, como patente, una presión psicológica y una intimidación, mucho menos amenaza, mucho menos fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva”.
Alfaro había argumentado que si bien Casás puede, como manifestó, no haber consentido los hechos, no se constataba —como recogió Porciúncula— un abuso de poder.
En ese sentido, expuso el juez: “Más allá de esta cuestión del salario que plantea la defensa de la víctima que es un buen indicio, no lo vamos a negar, no advierto otros indicios como señalaba la fiscal que determinen que se haya aprovechado de esa relación que tenían entre ellos (…) No advierto que haya una relación de poder en el ámbito laboral”.
El abogado de Casás, Williman, había fundado su pedido —entre otras cuestiones— en lo que establece la Convención Belém Do Pará (para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer). Esto es que el “consentimiento no podrá inferirse en ninguna palabra o conducta de la víctima cuando haya fuerzas, amenazas, coacción, de cualquiera, aprovechamiento, entorno coercitivo, etc” ni “cuando exista una relación de poder que obliga a la víctima al acto por algún tipo de temor, represalias, consecuencias, aprovechamiento del entorno”, complementó.
Para archivar el caso, Alfaro también argumentó que de la relación que tenían entre Olmos y Casás —de chistes y compañerismo— él podría haber asumido que el vínculo podría llegar a pasar a otro estadío. Es decir, que él no actuó —dándole esos dos besos— pensando que iba contra su voluntad.
En ese sentido, citó un comentario que Casás hizo en una publicación en la que Olmos llevaba un pantalón bordeaux. «Se señalaba que generaba pasión», explicó Alfaro y añadió: «Quizás comentarios al azar o comentarios sin… Por hacer una broma entre compañeros. Pero que quizás la otra persona lo interpretaba de otra forma».
Sostuvo que aunque él nunca la amenazó directa ni indirectamente, ella sí pensaba que eso podía ocurrir. Cuando el juez le preguntó si ella sufriría “algún tipo de perjuicio o sanción” si se negara a besar a Olmos, la fiscal contestó: “Es claro que ella se lo plantea a sí misma como una posibilidad de que si ella lo rechaza, le puede ocurrir. No encontramos que haya habido ni explícitamente una comunicación dirigida en ese sentido, ni tampoco implícitamente”.
El abogado de Olmos, Diego Camaño, deslizó que la intención de Casás era denunciar a su cliente para quedarse con la banca de diputado y aseguró que varios de los problemas que sufre en la actualidad son producto de esta denuncia. Criticó que pese a que, según ella, se sentía “incómoda” con Olmos, igual hizo chistes con él, viajaron al interior y siguieron trabajando normalmente.
Insistió en que él no era jefe de ella, puesto que el sueldo de Casás lo pagaba la agrupación Marea Frenteamplista y sostuvo que se llegó a esta instancia por “dos o tres besos”. “¿Alguien va a pensar que vamos a ir a un juicio para investigar si es delito que una persona un día le dio dos besos a otra en un despacho del Parlamento?”, resumió.
Pericia indica que «surgen emociones claras de que habría estado expuesta a acoso»
Williman leyó en audiencia una pericia realizada a su cliente para el ámbito de la Justicia laboral. El documento concluye que “la historización de la relatada conjuntamente con las técnicas aplicadas surgen emociones claras que darían cuenta de que habría estado expuesta a situaciones de acoso”.
Indica, además, que presenta diversos indicadores de conducta producto de la situación vivida y que sufre de “reexperimentación” con “pensamientos intrusivos” y que tiene como consecuencia “malestar psicológico, físico, culpa, angustia”.
