El Ejecutivo nacional formalizó este lunes el inicio del proceso de privatización de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada del servicio de rampas y asistencia en tierra en 21 aeropuertos argentinos.
Mediante la Resolución 1067/2025, publicada en el Boletín Oficial, se dispone la venta del 100 % del paquete accionario por medio de una licitación pública de alcance nacional e internacional, sin mecanismos de propiedad participada ni ventajas para trabajadores.
La medida tuvo su origen el 17 de marzo de 2025, al amparo de la Ley 27.742 (“Ley de Bases”), que declara a Intercargo como empresa sujeta a privatización en línea con la política del Gobierno de reducir la presencia del Estado en empresas públicas.
El Ministerio de Economía, liderado por Luis Andrés Caputo, instruyó a la Secretaría de Transporte para diseñar la documentación técnica, contractual y licitatoria, con intervención previa de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
También se estableció un cronograma de ocho meses para completar el proceso. dicha agencia deberá solicitar la tasación del paquete accionario a un banco público, puesto que el Tribunal de Tasaciones de la Nación no pudo completar la valuación total en plazo razonable, aunque sí realizó la estimación de los activos tangibles.
La Subsecretaría de Transporte Aéreo tendrá la tarea de garantizar la continuidad del servicio de rampa durante la transición, preservando la conectividad nacional e internacional.
La decisión se inscribe en un paquete de reformas estructurales del Gobierno del presidente Javier Milei, que incluyó la desregulación del monopolio de rampas en noviembre de 2024, habilitando a seis empresas privadas como Menzies Aviation, Air Class Cargo, Fly Seg, entre otras, a operar en aeropuertos del país.
Ese conflicto incluyó una huelga del gremio aeronáutico en Aeroparque y Ezeiza, que dejó varados a miles de pasajeros y desembocó en el anuncio presidencial: “El fin de Intercargo tal como lo conocemos”.
El gremio APA (Asociación del Personal Aeronáutico) presentó un amparo judicial para frenar la privatización, argumentando que Intercargo fue rentable en 2024 y denunciando irregularidades en el procedimiento.
