Diputados analiza endurecer penas a funcionarios corruptos: 25 años de cárcel
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Este martes, la Cámara de Diputados analiza 19 puntos del orden del día, entre los cuales figura un proyecto de ley que busca modificar las penas por corrupción en el Código Penal Paraguayo, estableciendo castigos de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en determinados delitos.
Se trata del Proyecto de Ley, “que modifica los artículos 192 y 312 de la Ley 1160/1997, Código Penal, modificado por el artículo 1° de la Ley 3.440/2008, que modifica varias disposiciones de la Ley 1.160/97, Código Penal, los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305 de la Ley 1.160/1997, Código Penal, y los artículos 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de la Ley 2523/04, que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función publica y el tráfico de influencias”, presentado por el diputado Daniel Centurión (ANR-Capital).
La propuesta establece penas de hasta 25 años de prisión para funcionarios públicos que incurran en actos ilícitos específicos, considerados de alta gravedad para el Estado y la sociedad.
Subraya la necesidad de una disuasión legal efectiva para el combate frontal a la corrupción pública y privada, destacando que el crimen organizado nacional se sostiene gracias al apoyo de determinados funcionarios públicos, generando un drenaje sistemático del patrimonio estatal.
Asimismo, sostiene que la corrupción pública vulnera derechos humanos fundamentales y que sus efectos son comparables a los crímenes de lesa humanidad, al deteriorar servicios esenciales como la salud, la educación y la seguridad ciudadana.
Las principales modificaciones al Código Penal propuestas en el proyecto de ley se resume de la siguiente manera:
𝐋𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 (𝐀𝐫𝐭. 𝟏𝟗𝟐)
Pena actual: Hasta 5 años o multa
Pena propuesta: hasta 25 años para funcionarios públicos (casos graves).
𝐄𝐱𝐚𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 (𝐀𝐫𝐭. 𝟑𝟏𝟐)
Pena actual: 10 años o con multa
Pena propuesta: 10 a 20 años
El artículo 2º del proyecto de ley presentado tambien establece modificaciones al Código penal en los artículos 239, 298, 300, 301, 302, 303 y 305, que quedan redactados de la siguiente manera:
𝐀𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐜𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧𝐚𝐥 (𝐀𝐫𝐭. 𝟐𝟑𝟗)
Pena actual: Hasta 5 años
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
𝐐𝐮𝐞𝐛𝐫𝐚𝐧𝐭𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐞𝐩𝐨́𝐬𝐢𝐭𝐨 (𝐀𝐫𝐭. 𝟐𝟗𝟖)
Pena actual: Hasta 2 años o multa
Pena propuesta: 10 a 15 años para funcionarios públicos
𝐂𝐨𝐡𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 (𝐀𝐫𝐭. 𝟑𝟎𝟎)
Pena actual: Hasta 3 años o multa para funcionarios / hasta 5 años o multa para jueces
Pena propuesta: 5 a 8 años para funcionarios / 5 a 10 años para jueces
𝐂𝐨𝐡𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐚𝐠𝐫𝐚𝐯𝐚𝐝𝐨 (𝐀𝐫𝐭. 𝟑𝟎𝟏)
Pena actual: Hasta 5 años para funcionarios / hasta 10 años para jueces
Pena propuesta: 5 a 10 años para funcionarios / 10 a 15 años para jueces
𝐏𝐫𝐞𝐯𝐚𝐫𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 (𝐀𝐫𝐭. 𝟑𝟎𝟓)
Pena actual: 2 a 5 años
Pena propuesta: 5 a 8 años (hasta 15 años en casos graves)
En el artículo 3° del proyecto presentado, se propone la modificación de los artículos 3°, 4°, 6°, 7° y 8° de la Ley Nº 2523/04, “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función publica y el trafico de influencias”, que quedan redactados de la siguiente manera:
𝐄𝐧𝐫𝐢𝐪𝐮𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐢𝐥𝐢́𝐜𝐢𝐭𝐨 (𝐀𝐫𝐭. 𝟑°)
Pena actual: 1 a 10 años
Pena propuesta: 10 a 15 años
𝐓𝐫𝐚́𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐥𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚𝐬 (𝐀𝐫𝐭. 𝟕°)
Pena actual: hasta 3 años
Pena propuesta: 10 años (15 años si la influencia es ejercida ante magistrados o fiscales / 20 años si el autor es funcionario público).
𝐀𝐝𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐞𝐜𝐡𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐨 (𝐀𝐫𝐭. 𝟖°)
Pena actual: hasta 10 años
Pena propuesta: 15 a 25 años.
El proyecto también incorpora medidas como el comiso especial de bienes obtenidos ilegítimamente y prohibiciones posteriores al ejercicio del cargo, estableciendo multas de mil días para funcionarios que se vinculen laboralmente con empresas beneficiadas por contratos administrativos dentro del año siguiente a su celebración.
TIENE DICTAMEN DE COMISIÓN
La Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social, presidida por el legislador Yamil Esgaib (ANR-Capital), ya emitió dictamen favorable, con modificaciones, al proyecto de ley que propone una sustancial reforma del Código Penal Paraguayo, con el objetivo de endurecer significativamente las penas por delitos de corrupción en la función pública.
