Diario HOY | Embotellan agua de la canilla y la venden como mineral: buscan poner fin al negocio mau

La iniciativa, denominada “Ley de control y certificación obligatoria del agua mineral”, apunta a proteger la salud pública y los derechos de los consumidores mediante un sistema riguroso de trazabilidad, fiscalización y sanciones, en línea con estándares internacionales.

El proyecto surge tras la denuncia de un caso en Loma Merlo, Luque, donde una empresa fue sorprendida embotellando agua de cañería como si fuera mineral, evidenciando la falta de controles efectivos y dejando al descubierto las debilidades del sistema regulatorio actual.

Actualmente, el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN) es responsable del control de agua embotellada, pero basa sus verificaciones en muestras entregadas por los mismos distribuidores, lo que —según los proyectistas— no garantiza la calidad ni la seguridad real del producto. Por su parte, la ERSSAN solo fiscaliza las plantas de aguateras, sin competencia directa sobre la comercialización del agua.

Además, el convenio voluntario firmado en 2013 entre la Cámara Paraguaya de Agua Mineral (CAPAM) y el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) no tiene carácter obligatorio ni contempla sanciones, lo que ha permitido la proliferación de aguateras fantasmas.

El proyecto propone una batería de medidas concretas, como el registro obligatorio de todas las embotelladoras y distribuidoras ante el INAN, ERSSAN e INTN; certificaciones técnicas anuales mediante análisis en laboratorios acreditados; e inspecciones periódicas no anunciadas y muestreos mensuales según estándares de la OMS.

Además establece el etiquetado obligatorio con origen, tipo de agua y resultados de análisis recientes, y el registro digital público con datos de operadores certificados y sancionados.

También prevé sanciones para quienes comercialicen agua sin certificación, falsifiquen resultados o incumplan las normas: desde multas y decomisos, hasta la suspensión temporal o cierre definitivo del establecimiento.

De ser aprobada, la ley entrará en vigencia 180 días después de su publicación. El Poder Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo de 90 días, mediante una coordinación interinstitucional entre INAN, ERSSAN e INTN.

A través de la Resolución DGAF/TSJE N° 704, la Justicia Electoral aprobó el informe del Comité de Evaluación, en relación al llamado a licitación para la adquisición de máquinas de votación electrónica.

De todas las empresas que se presentaron para esta convocatoria, solo una logró superar el análisis técnico. Se trata del Consorcio Paraguay Democrático.

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Según informó el TSJE, las ofertas planteadas por las empresas Consorcio Comitia MSA y Miru Systems Co. Ltd fueron rechazadas debido a “incumplimientos documentales y técnicos en las pruebas de funcionalidad exigidas”.

Ambas firmas tienen un plazo de 7 días para formalizar sus protestas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), tras lo cual el ente tiene otros 35 días para expedirse sobre el caso.

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“La adjudicación se va a producir después, una vez resueltas las protestas”, explicó a ABC TV Jaime Bestard, presidente de la Justicia Electoral.

De esta manera, concluye la primera etapa del proceso que corresponde a la evaluación de las propuestas técnicas (Sobre 1). La siguiente instancia abarca ya el análisis de la oferta económica de los oferentes (Sobre 2).

Durante una conferencia desde Helsinki, el viceministro de Industria, Marco Riquelme, explicó que Paraguay busca aprender del modelo finlandés, donde el 70% del territorio está reforestado, y la industria de la madera genera USD 25.000 millones al año y 60.000 empleos directos.

“Vinimos a aprender del país número uno en la industria forestal. Finlandia tiene 20 millones de hectáreas reforestadas. Paraguay hoy tiene 300.000, pero el potencial es llegar a 3 millones de hectáreas, lo que podría sumar USD 17.000 millones al PIB, descentralizar el desarrollo y generar 300.000 empleos, sobre todo en el interior del país”, aseguró Riquelme.

Uno de los puntos claves de la visita será la firma de un Memorándum de Entendimiento con el Ministerio de Educación de Finlandia, que permitirá transferir conocimiento y formar capital humano en Paraguay para sostener el crecimiento del sector forestal.

“Necesitamos educación técnica desde la escuela básica, con formación profesional en alianza con la academia. No solo queremos plantar árboles, sino industrializar la madera con tecnología, y para eso necesitamos gente preparada”, agregó el viceministro.

La delegación paraguaya —integrada por los ministros del MIC y Rediex, y representantes del sector privado— mantendrá reuniones con CEOs de empresas líderes, visitas a centros de innovación y encuentros institucionales con el objetivo de atraer inversiones, abrir mercados y posicionar a Paraguay como un futuro hub forestal en Sudamérica.

“No es una visita de cortesía. Llevamos la imagen país de Paraguay y mostramos por qué ahora es un buen momento para invertir”, afirmó Manuel Jiménez Gaona, presidente de la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), quien también acompaña la misión.

Gabriela Rieder, representante de Valtra Paraguay y Business Finland, señaló que la articulación entre el Gobierno y el sector privado es clave para el éxito del plan. “Estamos alineados. Esta misión nos permite visibilizar nuestras marcas, crear redes y aprender del modelo finlandés. Es una oportunidad histórica de crecimiento conjunto”.

La apuesta forestal no solo pretende diversificar la matriz productiva del país, sino también llevar empleo de calidad al campo, reducir la presión migratoria sobre las ciudades, y consolidar a Paraguay como proveedor global de productos de madera industrializada con alto valor agregado.

La misión oficial a Finlandia, que se extenderá hasta el 4 de agosto, representa un paso estratégico hacia la transformación de las ventajas naturales del país en una industria sostenible, exportadora e inclusiva.

La ampliación de créditos presupuestarios por unos 4.200 millones de guaraníes, autorizada por decreto del Ejecutivo, incluirá la financiación de:

La compra de equipos de transporte, la refacción de edificios , la construcción y fiscalización del nuevo bloque del edificio del Centro Cultural de la República El Cabildo y la construcción de un obelisco conmemorativo denominado Héroes del Chaco, a sugerencia y planteamiento de la Comisión de Puesta en Valor.

El senador Colym Soroka, explicó que este dinero está contemplado dentro del presupuesto para el arreglo y la recuperación de sitios históricos y que simplemente se solicitó un redireccionamiento de esos recursos.

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“No es solamente un obelisco son las figuras de los que participaron en la guerra, el soldado desconocido, las enfermeras, son monumentos de guerra, 40 m de altura va a tener, va a estar en el ingreso del Chaco Paraguayo, El Chaco va a tener una insignia en donde empieza, en honor a los hombres que han dejado sus vidas”, explicó Soroka.

Por su parte, el ingeniero Sebastián Romero, coordinador de Mantenimiento del Congreso Nacional, explicó que el proyecto nace de la iniciativa de trabajar los sitios históricos que competen al Chaco.

Ni el ingeniero ni el senador supieron contestar la estimación de lo que costará la obra del obelisco como tal, pero enfatizaron que el monto de 4.200 millones es para varias obras y compras.