Luego de que el exsenador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, rechazaran la extradición simplificada a Argentina por el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que tramita en su contra, el juez de Paraguay Humberto Otazú resolvió este miércoles enviarlos a juicio oral y público en el marco de la causa por contrabando en grado de tentativa, abierta en ese país después de que en diciembre pasado intentaran cruzar la frontera con más de USD 200.000 sin declarar.
El magistrado dispuso la medida de elevar el caso a un Tribunal de Sentencia -aún sin definir, al igual que la fecha- tras la audiencia preliminar en el juzgado penal de Garantías de Delitos Económicos de Asunción, que está a su cargo.
En ella, rechazó el planteo de nulidad de la acusación que habían presentado los abogados del exlegislador y la joven, Carlos Arévalo y Marcelo Bogado. Además, negó el pedido de exclusión como prueba de los videos captados por las cámaras de la Aduana y los realizados durante la revisión del auto en el que circulaban los detenidos.
Kueider y Guinsel Costa, quienes cumplen prisión domiciliara en la nación limítrofe, habían sido inculpados en junio último por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez a raíz del episodio ocurrido el 4 de diciembre de 2024.
Tras la audiencia de este miércoles, Otazú precisó en declaraciones a El Observador de Paraguay que “no se hizo lugar a una incidencia de nulidad de la acusación y se rechazó la exclusión de una prueba de los videos de cámara de seguridad del circuito cerrado”, además de que hubo oposición a un “sobreseimiento definitivo”.
El envío a juicio oral tuvo lugar luego de que el exsenador y su secretaria optaran por no someterse a la extradición simplificada, por la cual hubieran sido entregados inmediatamente a las autoridades argentinas. La orden para que sean regresados a su tierra natal había sido emitida por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
En este marco, su par del país vecino Rolando Duarte dispuso el último martes la detención preventiva de los acusados para su entrega pero, ante su negativa a un proceso abreviado, este miércoles estableció la extensión de la prisión domiciliaria, a la que sumó el uso de tobillera electrónica.
