El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo mecanismo para evaluar los exámenes de residencias médicas en los que se detectaron irregularidades y posibles fraudes, luego de que se identificaran al menos 268 pruebas con resultados anómalos en el Examen Único del 1° de julio. El esquema fue oficializado mediante la Resolución 2303/2025 y busca preservar el mérito sin aplicar una evaluación masiva a todos los postulantes.
Según el nuevo sistema, solo una fracción de los aspirantes con sospechas será llamada a revalidar su examen: quienes no puedan demostrar “congruencia académica” en función de su trayectoria, el promedio de calificaciones de egresados de su misma casa de estudios y estándares validados por la World Federation for Medical Education (WFME) deberán someterse a una instancia adicional. Los casos individuales con coherencia entre su historial académico y el puntaje obtenido quedarán eximidos de volver a rendir.
La revisión de los exámenes sospechados recaerá en un comité de expertos designado por el Ministerio de Salud. Fueron nombrados para integrar esa comitiva el doctor Alejandro Alberto Vilches, el doctor Enrique Alberto Rifourcat y el licenciado Juan Pablo Vivas, quienes evaluarán caso por caso.
En paralelo, la investigación se profundiza tras la aparición de nuevos elementos que alimentan las sospechas de fraude, como un video que muestra a un postulante grabando el examen con anteojos con cámara, lo que reforzó la hipótesis de una operatoria sofisticada para filtrar respuestas. Ese material —que fue analizado por las autoridades— motivó la apertura de sumarios internos y la evaluación de posibles denuncias judiciales.
El cronograma de las nuevas evaluaciones se definió con carácter urgente: según fuentes oficiales, para los 268 postulantes en la mira se prevé una evaluación oral con jurado los días 4 y 5 de agosto, y una instancia escrita el 7 de agosto para quienes no opten por la oral o en quienes surjan incongruencias en el cotejo académico. Los resultados se publicarían el 8 de agosto.
Fuentes oficiales indicaron que la medida no busca castigar de forma generalizada, sino “preservar la transparencia y el mérito” del sistema de residencias médicas, y se está evaluando incluso la posibilidad de llevar algunos casos ante la Justicia si se constatan prácticas fraudulentas sistemáticas.
