Un nuevo informe sostiene que, aunque el tráfico de armas es un desafío estructural en América Latina y el Caribe, superarlo no requiere necesariamente grandes recursos ni soluciones a largo plazo.
El informe, elaborado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), organismo multilateral creado para fomentar la cooperación entre naciones, utilizó métodos cualitativos para identificar los principales desafíos que enfrentan las autoridades en las Américas al abordar el flujo ilícito de armas.
Como parte de una iniciativa más amplia denominada “Estudio Hemisférico de Tráfico de Armas y Municiones”, el informe responde a la amenaza que el tráfico de armas sigue representando en la región. La violencia entre grupos criminales en América Latina y el Caribe se alimenta de estas armas, muchas de las cuales provienen de Estados Unidos, lo que ha provocado un aumento desbordado de los homicidios.
Funcionarios del Caribe y de México han insistido en que las autoridades estadounidenses deben hacer más para atacar el problema.
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El estudio incluyó encuestas y entrevistas a más de 20 expertos en tráfico de armas, en su mayoría de las Américas, con más de 10 años de experiencia en el tema. Se les pidió que identificaran los principales obstáculos para prevenir de forma efectiva el flujo ilegal de armas.
A partir de sus respuestas, se elaboró una lista de 39 desafíos concretos y “de alta prioridad”. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la “falta o insuficiencia de intercambio de información entre agencias estatales” y un “proceso inadecuado para autorizar a empresas de seguridad privada que utilizan armas de fuego”.
Muchos de los desafíos identificados coinciden con investigaciones recientes de InSight Crime sobre el tráfico de armas. En Ecuador, las inconsistencias en la recolección de datos entre distintas entidades gubernamentales han impedido contar con información precisa sobre la magnitud del problema. En países como Honduras y Colombia, las facilidades legales que otorgan las empresas de seguridad privada han facilitado el acceso a armas por parte de grupos criminales.
“El crecimiento de las empresas de seguridad privada en la región es preocupante porque la realidad es que ningún Estado tiene la capacidad real de hacer seguimiento a esas armas”, dijo Cecilia Farfán-Méndez, jefa del Observatorio de América del Norte de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y una de las coautoras del informe, en conversación con InSight Crime.
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Aunque los países de la región han tenido dificultades para contener el flujo ilegal de armas, los autores del estudio de la OEA consideran que los hallazgos son “positivos” para las Américas. Esto se debe a que muchas de las soluciones propuestas por los expertos requieren solo una “baja inversión de recursos” y pueden implementarse “en el corto o mediano plazo”, según concluye el informe.
“Lo que estamos mostrando aquí es que… no todo lo relacionado con el tráfico de armas requiere una inversión masiva”, dijo Farfán-Méndez.
Para sustentar esta afirmación, los autores organizaron los 13 desafíos de más alta prioridad identificados por los expertos en una matriz. En un eje se clasificaron los desafíos según el nivel de inversión requerido, y en el otro, según si podían resolverse en el corto, mediano o largo plazo.
Entre los retos de corto plazo y baja inversión se encuentran la falta de coordinación entre las distintas ramas del gobierno y el cierre de vacíos legales en la legislación sobre armas de fuego. Otros desafíos, sin embargo, requieren mayor tiempo y recursos, como la falta de infraestructura en puertos y pasos fronterizos terrestres, y la fabricación no autorizada de armas y municiones.
El informe no profundiza en las causas de estos desafíos ni en lo que ha impedido su resolución. Esto, según Farfán-Méndez, requerirá nuevas investigaciones.
“El próximo paso es entender por qué existen estos desafíos —por ejemplo, la falta de coordinación— en primer lugar”, afirmó.
Imagen principal: Armas cortas decomisadas con destino al Caribe son exhibidas en Miami tras una operación de las autoridades de Estados Unidos en 2022. Fuente: Giorgio Viera / Getty Images.
