Édgar Yovani Calderón Calderón, alias Panón, caminaba entre dos mundos. El empresarial, pues junto a sus socios en Huehuetenango, fundó Microinversiones Populares, una sociedad anónima para otorgar microcréditos, entre otras actividades comerciales. Y el del tráfico de drogas, que lo llevó a cumplir una condena de siete años de prisión en Estados Unidos.
Calderón Calderón es hijo del cabecilla del cartel Chiapas-Guatemala Baldemar Calderón Carrillo, alias Tío Balde, abatido el 8 de junio del 2025 en un enfrentamiento con policías mexicanos en la frontera con Huehuetenango. El capo guatemalteco también era requerido por la justicia estadounidense junto con su hijo Edgar y otros once presuntos integrantes de la estructura.
El hijo del cabecilla fue condenado en febrero del 2025 a siete años y tres meses de prisión por trasegar 550 kilogramos de cocaína hacia el norte del continente. La sentencia indica que, entre el 2017 y el 31 de mayo del 2019, “conspiró con otros para distribuir cocaína en Guatemala y otros lugares, sabiendo y teniendo causa razonable para creer que la cocaína sería importada ilegalmente a Estados Unidos”.
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Microinversiones Populares, S. A., con nombre comercial Micromulticréditos, de acuerdo con documentos del Registro Mercantil, se constituyó el 28 de mayo del 2018. Esto ocurrió un año después de que Estados Unidos identificó a Calderón Calderón como uno de los integrantes de la estructura de tráfico internacional de cocaína dirigida por Tío Balde.
Calderón Calderón fundó la empresa cuando tenía 38 años junto con Misael Escalante Gómez, de 40; Fredy Oziel Villatoro Recinos, de 48; Rodulfo Carrillo Gómez, de 60, y Juany Idalia Calderón Martínez, de 53. El domicilio del negocio se registró en el kilómetro 328 de la carretera Interamericana, aldea Camojá Grande, La Democracia, Huehuetenango,
La sociedad anónima se creó para “el otorgamiento de toda clase de créditos de diversa cuantía a personas naturales o jurídicas” y como segunda actividad económica «la compra, venta y adquisición de artículos de importación y exportación al por mayor y menor», de acuerdo con la escritura constitutiva.
Micromulticréditos arrancó con un capital de Q299 mil y a cada uno de los cinco socios se le asignó una participación accionaria del 20%.
En su primer asamblea y por unanimidad, los socios nombraron administrador único y representante legal de Micromulticréditos a Édgar Calderón Calderón, quien tendría la obligación de administrar las aportaciones y valores asignados a la empresa, si fueran en especie, según el documento.
En julio del 2018, la notaria de la sociedad presentó una ampliación de escritura constitutiva ante el Registro Mercantil y modificó la actividad principal de Micromulticréditos para que operara con fondos propios. Desde entonces se habilitó “el otorgamiento de toda clase de créditos con fondos propios de diversa cuantía, a personas naturales o jurídicas”, señala el documento.
Esto le daría un giro a las operaciones de la sociedad porque además del capital inicial, también contarían con ingresos producto de sus actividades comerciales secundarias, de acuerdo con un experto en finanzas que pidió omitir su identidad.
El Departamento de Comunicación de la Superintendencia de Bancos (SIB) indicó que Micromulticréditos no es una entidad sujeta de vigilancia.
Sobre las operaciones de Micromulticréditos, la red social Facebook registra desde desde noviembre de 2021 anuncios que promueven créditos, así como cobros a deudores que cayeron en mora. A las personas interesadas en obtener un crédito se les invita a llamar al 7756-8442 o acudir a la sede en Plaza Mía, en Camojá Grande.
En enero del 2023, Calderón Calderón fue arrestado en París, Francia, y extraditado en marzo del 2024 a Estados Unidos, donde se declaró culpable.
Mientras la empresa continuaba activa en el municipio fronterizo con México, el caso avanzaba en la Corte del Distrito Sur de California.
Una incautación de cocaína en alta mar puso al descubierto a la estructura de Tío Balde, según la acusación de la fiscalía estadounidense. El cargamento se detectó a bordo de un buque bajo jurisdicción de Estados Unidos que navegaba en alta mar y según Estados Unidos, Calderón Calderón “conspiró de forma consciente e intencional con otras personas —algunas identificadas y otras no— para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína” en ese país.
Dos meses después de la extradición de Calderón, la empresa Micromulticréditos cambió de administrador único y representante legal.
Cleidy Cristabel Herrera Calderón, de 41 años, fue nombrada como administradora y representante legal por un periodo de tres años.
Herrera se presentó como comerciante ante el notario que legalizó su nombramiento pero según documentos del Ministerio de Educación, es directora de una escuela ubicada cerca de la frontera con La Democracia, Huehuetenango.
¿Quiénes son los socios de Édgar Calderón Calderón, alias Panón?
Micromulticréditos, la empresa mercantil en la frontera con México para otorgar créditos se constituyó por el narcotraficante Edgar Yovani Calderón Calderón y otros cuatro socios comerciantes y con diferentes actividades en Huehuetenango.
Según los registros mercantiles, Misael Escalante Gómez es comerciante. Sin embargo, el Código Único de Identificación que aparece en los escritos no figura en los registros de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) con una actividad comercial.
Fredy Oziel Villatoro Recinos también se identificó como comerciante. Ante la SAT, desde 1999 tiene registrada como actividad principal el cultivo de productos agrícolas combinado con la crianza de animales.
Rodulfo Carrillo Gómez, quien también figura como comerciante, tiene registrada ante la SAT una actividad económica catalogada como “otros”.
El documento indica que Juany Idalia Calderón Martínez es comerciante. Sin embargo, según el portal de Guatecompras, también es contratista del Estado. Dos años después de haberse asociado con Panón, comenzó a ser contratista del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
Entre el 2019 y el 2025, Calderón Martínez recibió Q402 mil del IGSS por el alquiler de un inmueble en la aldea Laguna de Los Tarayes, La Democracia, Huehuetenango, donde funcionan las instalaciones de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos del seguro social.
El IGSS inició pagando Q45 mil anuales por el arrendamiento del inmueble. En febrero del 2025, el monto ascendió a Q66 mil.
¿Qué ocurre en la frontera entre México y Guatemala?
Huehuetenango es uno de los departamentos con intensa actividad de grupos del narcotráfico. En la zona opera el cartel de Los Huistas, dedicado al trasiego de ilícitos a gran escala. Sus cabecillas han sido Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias el Chicharra, y Eugenio Darío Molina López, alias el Botas.
En ese mismo departamento han operado otros grupos con menor poder de fuego, que trasiegan cantidades menores de droga por vía terrestre, como lo hicieron en su momento Mauro López de León, alias Lupillo; Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano, y Baldemar Calderón Carrillo, alias Tío Balde, quien fue abatido el pasado 8 de junio y permaneció activo por más de una década, según autoridades antinarcóticas.
En la dinámica del comercio ilícito de cocaína en la frontera, grupos como el de Calderón se aliaron con organizaciones criminales mexicanas para enfrentar a grupos más poderosos, como Los Huistas.
Según un exfiscal de narcoactividad del Ministerio Público (MP), Los Huistas comenzaron a cobrar “un impuesto” al grupo de Tío Balde por permitir el paso de cargamentos en ciertas zonas de Huehuetenango y facilitar el tráfico de droga hacia México.
Para ganar respaldo, el grupo de Tío Balde buscó alianzas con estructuras mexicanas. Así surgió el cartel Chiapas-Guatemala, según un exfiscal y autoridades guatemaltecas.
Integrantes de ambas estructuras son buscados por autoridades estadounidenses por el trasiego de droga hacia el norte del continente.
La creación de una sociedad anónima para captar dinero mediante actividades comerciales y otorgar créditos abre la interrogante sobre las operaciones de lavado de dinero de los cárteles bajo persecución penal en Estados Unidos.
¿Por qué es difícil detectar el lavado de dinero de estructuras criminales?
Luis David Gaitán, exmandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y exdirector de Prelafit Compliance Guatemala, explicó que existen varias debilidades que dificultan la identificación del delito y de las empresas utilizadas para blanquear dinero.
Afirmó que los sujetos obligados muchas veces no reportan transacciones a la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la cual no tiene la capacidad de identificar entidades mercantiles no reportadas.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha emitido recomendaciones a Guatemala para ampliar la lista de sujetos obligados, pero estas no se han implementado.
“Los notarios en Guatemala no son sujetos obligados y son quienes constituyen estas sociedades anónimas. Saben que los inscritos no son los beneficiarios finales, pero como no están obligados, no hacen el reporte a la IVE”, enfatizó.
Gaitán dijo que el caso de Micromulticréditos evidencia la falta de capacidad institucional para detectar empresas que, posiblemente, manejan grandes cantidades de dinero de origen desconocido.
Agregó que la IVE traslada reportes de transacciones sospechosas al MP, pero estos no se investigan con prontitud, lo que genera impunidad.
“Muchas veces la IVE les pide a las empresas hacer el trabajo del MP, y eso no puede ser. Es increíble que en Guatemala se siga defendiendo que no se conozca a los beneficiarios finales de las entidades. Tener ese registro es fundamental para prevenir el lavado de dinero”, explicó.
Alan Ajiatas, exsubjefe de la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad del MP, señaló que otorgar préstamos a personas individuales no es ilegal, pero las operaciones deben justificarse cuando ingresan al sistema bancario.
Indicó que las estructuras criminales aprovechan vacíos legales para lavar dinero. Mientras no haya alertas de operaciones ilegales, es difícil que las instituciones detecten un delito.
También dijo que las pesquisas en zonas fronterizas son complejas porque los comercios y estructuras criminales manejan grandes cantidades de efectivo.
“El efectivo no se detecta, salvo que exista una denuncia”, concluyó.
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¿Qué pasó el 8 de junio en La Mesilla. La Democracia, Huehuetenano?
El domingo 8 de junio del 2025, presuntos integrantes del cartel Chiapas-Guatemala y miembros de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), conocidos como “los Pakales”, de Chiapas, México, se enfrentaron a balazos en la frontera La Mesilla, La Democracia, Huehuetenango, frente a elementos del Ejército de Guatemala y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
El enfrentamiento dejó cuatro muertos. Las autoridades mexicanas reportaron la incautación de cuatro armas largas —una de ellas con lanzagranadas—, dos armas cortas, dos chalecos balísticos, 17 cargadores, una granada percutida calibre .40 y cuatro vehículos con placas guatemaltecas, tres de ellos blindados.
Los fallecidos fueron identificados como Baldemar Calderón Carrillo, Héctor René Pérez Gómez, César Augusto Rafael Beb Cacao y Erick Romeo Guitz Caal, alias “Ambur”. La Dirección de Personal del Estado Mayor del Ministerio de la Defensa confirmó a Prensa Libre que los tres guardaespaldas del cabecilla abatido pertenecieron al Ejército.
Agregó que Guitz Caal y Beb Cacao fueron dados de baja por “convenir al servicio”, es decir, que las fuerzas armadas ya no requerían tenerlos en sus filas. Pérez Gómez solicitó retirarse de la institución.
Los investigadores del caso compartieron fotografías de los vehículos implicados en el tiroteo ocurrido en el barrio La Unión, aldea La Mesilla.
Prensa Libre verificó los números de placas y los propietarios de los blindados; uno de ellos es contratista del Estado.
Ese vehículo está registrado a nombre de DS Guatemala Sociedad Anónima, que ha sido contratista de la Municipalidad de Chiquimula desde diciembre del 2024 hasta abril del 2025. El representante legal de esa compañía es Melvin Estuardo Vásquez Rossel, según registros públicos.
La comuna ha contratado los servicios de mano de obra, que oscilan entre Q10 mil 200 y Q24 mil 800, para distintos trabajos y obras menores, como la reparación del graderío en la pista de patinaje instalada en la feria de Chiquimula, y la fundición de 150 metros cuadrados de concreto en la calle del barrio San Pedrito, zona 4 de ese municipio.
