Diario HOY | Traslado de reos a cárcel de Minga Guazú transcurre sin incidentes, destaca ministro

El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, brindó una actualización sobre el traslado de reclusos desde la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, en el marco del “Operativo Umbral”.

Cerca de 480 personas privadas de libertad ya habían sido remitidas al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú hasta antes del mediodía, precisó.

El procedimiento transcurre sin ningún inconveniente y sin mayor oposición, destacó Nicora, resaltando el acompañamiento tanto de la Policía Nacional como también de las Fuerzas Armadas.

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Cada recluso es inspeccionado por un médico al llegar al penal y se elabora una ficha individual, a fin de dejar constancia sobre en qué condiciones ingresó al sitio, mencionó.

Los presos considerados “de alta peligrosidad” serán remitidos a los últimos módulos de la cárcel de Minga Guazú, donde cuentan con un régimen diferenciado de máxima seguridad.

“Cuando hay hacinamiento, hay desorden, hay caos”, sostuvo, explicando las razones por las que resolvieron hacer este traslado masivo de internos desde la penitenciaría de CDE.

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El ministro evitó brindar una cifra exacta de reos que serán llevados a esta penitenciaria altoparanaense, aunque se estima que la cantidad rondaría los 530.

Finalmente, confirmó que el Ministerio de Justicia se encargará de comunicarse de manera personal con los familiares de cada uno de los trasladados, a fin de que estén enterados de este operativo.

Ricardo Gavilán, director de Investigación de la Conacom, comentó que la atribución de esta dependencia estatal es velar por la libre competencia. “Lo que hacemos es verificar si no se dan conductas anticompetitivas en el comportamiento de los precios”.

Ante el debate surgido a raíz de la baja del dólar y la no variación de precios en supermercados y otros comercios, recordó que no son un ente regulador, por lo que no tienen potestad de sugerir o imponer algún cambio en precios de compra-venta.

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Pese a ello, aclaró que, si se logra detectar una “colusión” entre empresas para subir costos de bienes o productos, en detrimento de los consumidores, ahí sí se estaría hablando de una abierta violación a la ley.

Si bien no pueden acceder a pruebas directas, utilizan otros mecanismos y herramientas que les permiten demostrar cuando existe un acuerdo en el sector privado para la fijación de precios, añadió.

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Gavilán adelantó que convocarán a los representantes de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), a fin de que brinden explicaciones respecto a la situación con el precio de la carne.

“Si hay indicios de que se están cometiendo prácticas anticompetitivas, abriremos las investigaciones pertinentes”, aseveró el director durante la entrevista con el canal GEN.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la demanda impuesta por el Indert corrige una resolución de Primera Sentencia, SD N° 97 del 4 de abril 2022, que condena solidariamente al ente agrario a la devolución de lo abonado en G. 1.554.518.605 más intereses al 2% mensual, desde el 22 de octubre de 2013, fecha de inicio de la demanda, con 3.235% de aumento en 16 años, observado por la propia Corte Suprema de Justicia por inmensurable.

Así también, al daño emergente de G. 16.175.581.395 más intereses al 2% mensual, desde el 29 de mayo de 2013; por el lucro cesante, la suma de G. 27.337.000.000, más intereses del 2% mensual desde el 25 noviembre de 2020 y por la pérdida de chance, por un monto de G. 6.930.000.000 más intereses del 2% mensual, desde el 25 de noviembre de 2020.

Por Acuerdo y Sentencia (AS) N° 14 del 2 de mayo de 2023, el Tribunal de apelación tuvo por desistido el recurso de nulidad interpuesto por la Procuraduría General de la República, que modifica la parte de los intereses en 2%, desde la notificación de la demanda.

Queda firme y ejecutoriada la Sentencia Definitiva y el Acuerdo y Sentencia de primera y segunda instancia, en el Recurso de Apelación y Nulidad interpuesta por la abogada Mercedes Agüero en la Corte Suprema de Justica, contra los numerales V) y VII) del Acuerdo y Sentencia N° 14 del 2 de mayo de 2023.

De esta manera se evita un despojo del patrimonio del Indert, considerando que no pagará el monto de más de G. 52.000 millones reclamado en el juicio. Finalmente, el pago que el ente agrario debe realizar, quedó en la suma de 17.000 millones de guaraníes, considerando que quedó firme un interés de más de 3.000% sobre el monto inicial de 500 millones de guaraníes.

Personal de la Comisaría 22ª Metropolitana en la noche del lunes recibió el reporte sobre un hallazgo de cadáver en una propiedad situada sobre las calles Dr. Vicente Rivarola y Mario Halley Mora, en el barrio San Agustín de Loma Pytã.

La víctima fatal fue identificada como María Concepción Sanabria Giménez, de 60 años, quien fue hallada sin signos de vida sobre una cama en una de las habitaciones del inmueble.

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Tras tomar intervención, los agentes policiales procedieron a indagar los datos del dueño del domicilio, de nombre José Tomás Benítez Mendiola, de 48 años.

Fue así como lograron descubrir que el mismo contaba con una orden de captura vigente por un caso de violencia familiar, con pedido de remisión directa a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

A raíz de esta situación, la Policía procedió a la detención de Benítez, a fin de ponerlo a disposición de la justicia y cumplir con la orden emanada en su contra.

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Por su parte, el cuerpo de la sexagenaria fue trasladado a la morgue judicial, por orden del fiscal Aldo Cantero, a fin de someterlo a una autopsia para determinar la causa de muerte.

En primera instancia, se pudo comprobar que la víctima no presenta signos de violencia exterior, por lo que se aguardará la realización de la autopsia para conocer las circunstancias de su deceso.