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Adolfo Safran, ministro de Hacienda de Misiones.
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Esto se suma, tal como VoxPopuli viene informando hace meses, a otras promesas incumplidas por los libertarios como fondos para obra pública. Y también marca una nueva forma de comunicar desde la provincia que ahora expone a los libertarios ante la sociedad.
Esta asfixia financiera, que se agudizó con el cambio de gobierno, representa un nuevo incumplimiento por parte de la gestión libertaria. Lejos de garantizar la estabilidad de los haberes jubilatorios, la falta de fondos de la ANSES pone en jaque la movilidad de las jubilaciones en Misiones, una provincia que ya se prepara para una nueva batalla judicial en la Corte Suprema por una deuda que ya superaría los $34.000 millones.
La deuda no es un problema reciente; los reclamos provinciales por fondos adeudados por la ANSES se remontan incluso a gestiones anteriores. Sin embargo, la situación actual se ha tornado crítica. El gobierno nacional, a través del DNU 280/2024, suspendió de forma unilateral las transferencias a las cajas provinciales no transferidas, afectando a trece jurisdicciones, entre ellas Misiones.
Esta decisión, tomada con un tinte ideológico de desfinanciamiento, pone en peligro la capacidad del Instituto de Previsión Social (IPS) de Misiones para cumplir con sus obligaciones.
Mientras tanto, en un intento por mitigar el impacto de esta desidia nacional, la provincia de Misiones ha hecho malabares para mantener el poder adquisitivo de sus jubilados. Según Safrán, durante 2024 y lo que va de 2025, los haberes de los jubilados misioneros recibieron incrementos levemente superiores a los de los empleados en actividad.
Aún así, este esfuerzo local no puede compensar la magnitud del agujero financiero que deja la inacción de la ANSES. La creación de una mesa técnica junto al IPS para «monitorear» los haberes es un paso necesario, pero a todas luces insuficiente ante la falta de voluntad política del gobierno central para cumplir con la ley y con los jubilados de Misiones.
