Diario HOY | Durante operativo de traslado, detectan “fuga” de cuatro presos en el Cereso de Itapúa

Este viernes se dio continuidad al Operativo “Umbral”, impulsado por el Ministerio de Justicia, con el traslado de otro grupo importante de reos condenados desde varias penitenciarías.

Se trata de las cárceles de Coronel Oviedo, Misiones, Emboscada, Villarrica y Encarnación, desde donde fueron llevados numerosos presos hasta el penal de Minga Guazú, en Alto Paraná.

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En el Centro de Reinserción Social (Cereso) ubicado en Itapúa, se constató la ausencia de cuatro personas privadas de libertad durante los controles efectuados antes del traslado.

Se trata de Hilario Villalba Álvarez y Gustavo Fabián Molinas (ambos no retornaron de una salida transitoria), Osmar Javier Lezcano Sanabria (quien contaba con permiso judicial) y Mauro Melanio Martínez Benítez (catalogado como prófugo).

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El hecho fue informado tanto a las autoridades de la cartera de Justicia, como así también al Ministerio Público, a fin de impulsar las investigaciones pertinentes.

Un total de 42 internos fueron llevados desde el Cereso hasta la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú, según el informe.

En la noche de este jueves se registró un hecho de robo de vehículo sobre las calles Mainumby casi Arasá de Fernando de la Mora.

Delincuentes se apoderaron de una camioneta de la Isuzu modelo D-MAX doble cabina color rojo, con chapa HER 588, propiedad de Ramón Ignacio Delvalle.

Imágenes de circuito cerrado muestran a un desconocido acercándose al rodado en medio de la noche para poder hurtarlo de la vía pública, donde se encontraba estacionado.

Tras percatarse del hecho, el propietario acudió a la Comisaría 2ª Central de Fernando de la Mora para formalizar la denuncia e iniciar así las pesquisas para intentar su localización.

La víctima y su familia ahora solicitan ayuda de la ciudadanía para tratar de recuperar esta camioneta, que era considerada como una herramienta de trabajo y principal medio de transporte.

En caso de tener información sobre el paradero del vehículo, se pide dar aviso a la comisaría más cercana o al Sistema 911 de la Policía Nacional.

El presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, junto con varias de las principales autoridades del Poder Ejecutivo, esta mañana encabezaron la entrega de títulos en la colonia Andrés Barbero (Barbero Cué).

Unos 66 pobladores fueron los primeros en recibir en propias manos los documentos que los acreditan como propietarios legítimos de sus tierras, de un grupo mucho más numeroso de beneficiarios.

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Esto permite cumplir una reivindicación largamente esperada por cientos de familias campesinas de esta colonia ubicada en el departamento de San Pedro, tras 70 años de espera para llegar a esta instancia.

La ocasión fue aprovecha para formalizar la titulación de inmuebles a favor de diversas dependencias estatales, como el Ministerio del Interior (para la comisaría local), el Ministerio de Salud (para la Unidad de Salud de la Familia – USF) y el Ministerio de Educación (para cuatro instituciones educativas).

El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, señaló que con esta entrega se da cumplimiento al tratado entre Paraguay e Italia, que había sido propietaria de las 17.000 hectáreas donde se encuentra erigida Barbero Cué.

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En su discurso, Santiago Peña celebró esta oportunidad del Gobierno de honrar una deuda que data de varias décadas, permitiendo así a los pobladores acceder a sus títulos de propiedad.

“Este es el reconocimiento legítimo a una comunidad que nunca bajó los brazos. Es justicia, es desarrollo, es esperanza”, expresó el mandatario a través de un posteo en su cuenta en X (Twitter).

La fiscal Cinthia Leiva Cardozo resolvió imputar por el hecho punible contra el patrimonio (estafa) a Francisco Martínez Mendoza, de 70 años.

Este hombre, de profesión comerciante, es acusado de estafar a una empresa constructora de la zona de Ciudad del Este por una millonaria suma de dinero.

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Según los antecedentes, Martínez había adquirido materiales de construcción de la empresa Constructora San Antonio S.R.L., ubicada en el km 10,5 de la capital altoparanaense, por un valor total de G. 347 millones.

Para cerrar esta transacción, el mismo entregó 12 cheques diferidos provenientes de distintas cuentas bancarias, que posteriormente fueron rechazados por encontrarse inhabilitadas para operar.

Las evidencias indican que el sospechoso entregó estos instrumentos de pago, a sabiendas de que sus cuentas no contaban con fondos suficientes, ocasionando un perjuicio patrimonial millonario a la empresa denunciante.

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Así también, comunicó el supuesto extravío de los cheques tras concluir las negociaciones, configurando así un presunto sistema de estafa, indica la imputación del Ministerio Público.

La fiscal solicitó al Juzgado la aplicación de medidas cautelares contra el procesado, incluyendo fijación de un domicilio exacto, prohibición de salir del país y la prestación de una caución personal o real adecuada.