La Usina Popular y Municipal de Tandil emitió una nota dirigida al juez de Garantías N°1, Dr. José Alberto Moragas, en la que advierte sobre la grave situación generada en un predio usurpado del barrio Movediza. Allí, según detallan las autoridades de la distribuidora de energía, se han realizado conexiones eléctricas ilegales que implican un «riesgo eléctrico muy importante» para las personas que habitan en el lugar y para los vecinos regulares de la zona.
La nota, firmada por el presidente y el secretario de la Usina, Oscar Teruggi y Javier Viera, enumera una serie de perjuicios económicos, técnicos y de seguridad que se vienen acumulando desde febrero de 2023, cuando comenzó la ocupación del inmueble delimitado por las calles Salta, Chapeaurouge, Misiones y Piccirilli.
Según la presentación, tras una resolución judicial de julio pasado que dejó sin efecto la prohibición de nuevas conexiones en el predio -condicionadas al cumplimiento del reglamento correspondiente-, los ocupantes no avanzaron con los requisitos exigidos, como la apertura catastral de calles y la subdivisión formal de los lotes. En cambio, comenzaron a conectarse de manera ilegal a las redes existentes, con instalaciones precarias y peligrosas.
La Usina denunció que esos tendidos clandestinos generan un consumo mensual no registrado estimado en 13.200 kWh, lo que equivale a un perjuicio económico de alrededor de un millón de pesos por mes. Además, se han registrado daños en la infraestructura eléctrica y conexiones forzadas a medidores de vecinos legalmente abastecidos.
Pese a operativos conjuntos con personal policial para desmontar los cables ilegales, la empresa advierte que los ocupantes vuelven a realizar los tendidos una vez que las cuadrillas se retiran, sin que ninguna autoridad se haya hecho cargo de la situación.
En el cierre del escrito, la Usina responsabiliza por los perjuicios actuales y futuros a tres niveles del Estado: al Nacional, por el reconocimiento del predio como «barrio popular» a través del ReNaBaP; a la Provincia, por la falta de acciones efectivas para revertir la ocupación; y al Poder Judicial, por su ineficacia en resolver el conflicto. Además, informaron de la situación al fiscal, al defensor oficial y al asesor de incapaces, dado que hay menores expuestos a los riesgos de estas conexiones ilegales.
El caso, caratulado como «Moauro, Daniel Alberto s/ Denuncia de usurpación de inmueble», había sido archivado, pero la distribuidora energética insiste en que la situación no puede seguir sin intervención, por el grave peligro que representa para toda la comunidad.
