El tratamiento de las patologías mentales graves se enfrenta al dilema, en casos extremos, de cómo estabilizar al paciente, física y psicológicamente, si este no da su consentimiento para el ingreso hospitalario que requeriría. Ante este problema existe una división entre los partidarios del ingreso forzoso, para evitar males mayores, tanto para el enfermo como para sus familiares o su entorno, y los que defienden que esa debe ser la última opción y solo bajo las máximas garantías jurídicas de respeto a la libertad de decisión personal y después de haber buscado otras alternativas terapéuticas.
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