La Constitución estipula que “son obligatorias la enseñanza primaria y la enseñanza media, agraria o industrial”. La Ley General de Educación aprobada en 2009, declaró a la “promoción del goce y el efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano fundamental. El Estado garantizará y promoverá una educación de calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa”.
Nuestra sociedad se impuso, sobre el papel, la obligación de asegurar una educación de calidad para todos sus miembros y a lo largo de toda su vida. Pero, una cosa son las declaraciones de buenas intenciones, otra los hechos.
La semana pasada, El País informó que en julio la Administración Nacional de Educación Pública había comprobado que 5.382 jóvenes del grupo de edades en que la educación es obligatoria estaban desvinculados del sistema. No es un problema sencillo de resolver porque la deserción es parte de la adversa situación en que se debaten las familias de esos jóvenes, en su mayoría de las más pobres y bajos niveles de educación.
También se explicó que se había aplicado una estrategia entre varios organismos y organizaciones que había tenido el resultado de “traer de regreso al sistema educativo a 2.246 estudiantes”. Es una buena noticia.
Pero, todavía quedarían fuera del sistema más de tres mil jóvenes; los que se reintegraron ya perdieron la primera mitad del año lectivo; está el desafío de mantenerlos en clase en el futuro; y, finalmente nos encontramos con el mandato, como dice la Ley, de ofrecerles una “educación de calidad”.
Aunque sea positivo que se hayan recuperado esos dos mil alumnos que habían dejado el sistema, persisten otros desafíos, incluyendo el ausentismo (mayor entre los jóvenes de las familias de menos recursos) y el abandono en el nivel de la educación media superior.
En cuanto al ausentismo, las tasas de inasistencia son relativamente más altas en el caso los niños de contextos socioeconómicos más bajos y de Montevideo. En estos casos, concluye el INEEd, “los resultados sugieren que, además de ser más frecuente en ciertos grupos, el ausentismo crónico empeora con mayor intensidad en aquellos que ya enfrentan condiciones iniciales de mayor vulnerabilidad, acentuando las desigualdades educativas”.
El país se encuentra lejos de alcanzar la universalización de la educación media, a pesar de lo establecido en las normas. Otra vez, brecha de egreso es mayor entre los jóvenes pertenecientes a hogares de menor que en el caso de los de mayor nivel socioeconómico. En 2023 egresó de educación media el 51,6% de los jóvenes con edades comprendidas entre los 21 y los 23 años. La tasa de egreso de la educación superior media en Chile es 92,8; Perú, 89,1; Brasil, 73,5; y Argentina, 65,4. Un estudio del INEEd sobre egreso de la educación media concluyó que las cifras objetivo no se cumplen y que nuestro país “avanza muy lentamente en el aumento del egreso, continuando en una de las peores posiciones en América Latina y el Caribe”.
No son datos alentadores. Lo más inmediato son las perspectivas de esos jóvenes y sus familias. En el largo plazo está en juego el desarrollo (¿supervivencia?) de nuestra sociedad. Sobre todo, si consideramos las proyecciones sobre el desarrollo de la población en las próximas décadas.
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