El gremio estatal y H.I.J.O.S. Capital acudieron a la Justicia Federal para que el primer ministro israelí sea arrestado en caso de visitar el país, acusado de crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad contra el pueblo palestino.
La presentación se basa en el Estatuto de Roma, ratificado por Argentina, y en la orden de captura de la Corte Penal Internacional emitida en noviembre de 2024. Las organizaciones advierten que otorgarle inmunidad violaría compromisos internacionales y reforzaría la impunidad.
En un gesto que combina firmeza jurídica y denuncia política, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital, junto a H.I.J.O.S. Capital, presentó ante la Justicia Federal un pedido para detener de manera inmediata al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, si concreta su visita a la Argentina prevista entre el 7 y el 10 de septiembre.
El escrito, encabezado por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, quedó radicado en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 7, a cargo de Sebastián Casanello, y en la Fiscalía de Guillermo Marijuan. Allí se invoca el artículo 59 del Estatuto de Roma —ratificado por la Ley 25.390— que obliga a los Estados parte a cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI) en la detención de personas requeridas por ese tribunal.
La denuncia se sustenta en la orden de captura emitida por la CPI el 21 de noviembre de 2024, que imputa a Netanyahu crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad, incluyendo la inanición de la población civil de Gaza como método de guerra. Además, cita informes de la Relatora Especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados y de la Comisión Internacional Independiente de Investigación, que documentan desplazamientos forzados, destrucción de infraestructura civil y ataques contra manifestantes palestinos, con un saldo de 184 muertos y más de 6.100 heridos.
ATE Capital y H.I.J.O.S. subrayan que Argentina, como firmante del Estatuto de Roma y de los Convenios de Ginebra, no puede amparar a personas acusadas de crímenes de tal gravedad. En ese sentido, recuerdan el principio aut dedere aut iudicare (“extraditar o juzgar”), que obliga a procesar en el país a quienes no sean entregados a la Justicia internacional.
Las organizaciones advierten que cualquier intento del Poder Ejecutivo de otorgar inmunidad diplomática a Netanyahu implicaría una violación directa de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino y enviaría un mensaje de tolerancia a la impunidad. “Promover el cese de la impunidad de gravísimos crímenes implica un inmediato cese del fuego y de las hostilidades”, remarcan en el texto judicial.
La iniciativa coloca a la Justicia argentina frente a un dilema político y diplomático de alto voltaje: cumplir con sus compromisos ante la comunidad internacional o dar cobertura a un líder acusado por la CPI de los crímenes más graves reconocidos por el derecho penal internacional.
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