En conferencia de prensa desde la sede del Congreso, la legisladora expuso una revisión de los presupuestos de la nación que no pasan de los 100 millones de quetzales (casi 13 millones de dólares) y tampoco se ejecutan.
Hace algunos años un estudio determinó que apenas el 0,9 por ciento del monto total iba destinado a los pobres y ni llegaba a un uno por ciento de concreción, como también era bajo en la inversión hacia ese segmento, subrayó, acompañada de organizaciones campesinas, de mujeres, de derechos humanos.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Gutiérrez describió como un espectáculo una discusión de la víspera en el Parlamento, en el cual se habló de desigualdad, pero ni un punto resolutivo aprobaron.
A su lado, representantes de organizaciones y comunidades de pueblos originarios denunciaron la continuidad de un modelo de Estado que, a pesar de compromisos históricos y marcos legales internacionales, mantiene y reproduce la desigualdad.
Recalcaron que sigue el racismo estructural y el despojo de sus territorios, a 152 años de la imposición del Decreto 170, cuyo propósito a favor de las élites económicas, políticas y militares, fue facilitar la transformación de los predios comunales indígenas en propiedad privada.
A casi tres décadas de los Acuerdos de Paz (de 1996), remarcaron, continúa una concentración de tierra que excluye a nuestras comunidades.
Apenas el 8,5 por ciento está en manos indígenas, ejemplificaron mediante un comunicado leído en el espacio habilitado cercano al Hemiciclo.
El dos por ciento de personas no indígenas, individuales o asociados familiares de las élites oligarcas, acapara más de la mitad de las tierras cultivables utilizadas actualmente, fundamentalmente para los monocultivos, ampliaron.
Esta realidad, alimentada por la criminalización de líderes comunitarios, la falta de consulta previa y la ausencia de un proceso efectivo de regularización territorial, constituye una violación grave a nuestros derechos, enfatizaron en el texto
La injusta distribución de la tierra no sólo se mantiene, añadieron, sino se agudizó con el crecimiento de la producción de caña de azúcar, palma aceitera y otros monocultivos, que son las razones detrás de los nuevos procesos de despojo y exclusión.
Expresaron preocupación por el escaso avance del acuerdo agrario, pues a 18 meses de su firma persiste la amenaza de desalojos violentos, tanto judiciales como extrajudiciales.
Desconocieron una hoja de ruta o proceso definido para fortalecer la producción familiar campesina de alimentos.
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