Dylan Bustamante tenía apenas 25 años, era estudiante de matemáticas del Instituto de Formación Docente (ISFD) n°100 de Avellaneda y estaba a punto de recibirse de profesor de historia en el N°103 de Villa Fiorito. El martes 22 de abril, mientras volvía de cursar, fue arrollado por un patrullero de la Policía Bonaerense de Lanús, tierra del intendente peronista Julián Álvarez. Aparentemente, el patrullero se dirigía a un operativo en la estación de trenes, pero el accionar policial no fue más que una maniobra imprudente y peligrosa, caracterizada por la desmesurada velocidad y el abuso de poder. Accionares típicos de las fuerzas policiales.
“Mi hermano sólo quería tener el título de profesor y ser papá algún día, nada más. ‘No le encontramos nada’, me dijeron en la comisaría. Y no, si en su mochila tenía dos cuadernos, una cartuchera y un termo”, expresó Eliana, hermana de Dylan.
Este asesinato se suma a otros tantos casos de jóvenes que mueren a manos de las fuerzas represivas, como el caso de Lautaro Abregú, un pibe de Quilmes que también fue atropellado por un patrullero de La Bonaerense el viernes 6 de Junio, y es sólo una expresión más de la violencia sistemática hacia los pibes y las pibas de los barrios populares a manos de las fuerzas represivas.
En la provincia de Buenos Aires, la Policía actúa con total impunidad, amparadas por el Poder Judicial y respaldada por figuras “opositoras” al peronismo como Patricia “Miliquita” Bullrich, actual ministra de Seguridad, quien comanda la política represiva en cada manifestación. Bajo su mando, las fuerzas de seguridad tienen luz verde para reprimir con violencia a la juventud de los barrios populares, donde se los criminaliza y persigue de manera sistemática. Una muestra clara de que la impunidad no es la excepción, sino la regla.
Mientras el gobierno de Javier Milei aplica un ajuste brutal a las grandes mayorías y reprime las protestas como lo vemos cada miércoles en la histórica ronda de jubilades; el gobierno provincial de Axel Kicillof sostiene a esta misma institución policial, lanzando, en plena campaña electoral, una propuesta hacia la juventud, pero no para organizarse y luchar por sus derechos sino para sumarse a las filas de la misma fuerza represiva que se lleva la vida de cada pibe a manos del gatillo fácil, las torturas en comisarías y ataques callejeros como el que sufrió Dylan.
La juventud de los barrios populares, producto de la crisis que recae en sus espaldas, su situación de precariedad aumenta, se convierte en blanco perfecto para la criminalización policial, como se puede ver en el creciente número de detenciones arbitrarias, abusos de poder y muertes a manos de la Policía.
La coordinación de las luchas: semaforazos, festivales y la solidaridad
En Villa Caraza, Lanús, familiares, amigos y allegados convocaron una marcha el 29 de abril, donde hubo más de 200 personas en solidaridad y exigiendo justicia por Dylan Bustamante.
Como ya quedó demostrado, no podemos seguir confiando en el Poder Judicial servicial de las fuerzas represivas. Tampoco podemos dejar de mencionar la responsabilidad del gobierno de Kicillof, que por más progresista suene en su discurso, sigue siendo encubridor de crímenes cometidos por parte de la policía, quienes siguen gozando de impunidad, como el caso emblemático de Facundo Castro.
Tomando el ejemplo de los semaforazos y festivales por el fotoperiodista Pablo Grillo en Remedios de Escalada, también localidad de Lanús, la pelea por justicia, esclarecimiento de los hechos y que paguen los responsables es con la más amplia organización desde abajo con los familiares y amigos de la víctima, junto a los organismos de derechos humanos y la izquierda que siempre está del mismo lado y no transa con los discursos de la “seguridad” para marcar una respuesta que desafíe realmente la criminalización de la juventud pobre y la represión.
