En su Informe Anual 2024 el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura (CPT) de Salta advirtió sobre un panorama crítico en comisarías, destacamentos y unidades penitenciarias de la provincia.
El Comité denunció hacinamiento extremo, condiciones insalubres y vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, que ya antes motivaron la presentación de un habeas corpus colectivo correctivo ante la Corte de Justicia salteña. Se trata de una medida excepcional, orientada a forzar respuestas urgentes por parte del Estado provincial.
Durante el año, el Comité inspeccionó 34 establecimientos de detención, incluyendo unidades carcelarias, alcaidías, comisarías, institutos de encierro juvenil y dispositivos de salud mental. En el sistema penitenciario, se monitorearon las Unidades Carcelarias N° 1 y N° 4 en el departamento Capital; N° 2, en Metán; N° 3 y N° 9, en Orán; N° 5, en Tartagal; N° 6, en Rosario de Lerma y N° 7, en Cerrillos. También se inspeccionaron las Alcaidías Generales N° 1 (incluido su anexo para mujeres); N° 2, en Tartagal y N° 3, en Orán, además del Centro de Contraventores de la capital.
En el ámbito policial, se relevaron comisarías de Tartagal, Rosario de Lerma, Cerrillos, Metán, Orán, Pichanal y Colonia Santa Rosa, incluyendo cuerpos policiales femeninos y brigadas de investigación. El monitoreo alcanzó además seis Institutos de Educación en Contextos de Encierro (IEA) y el Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone, en el marco del seguimiento a instituciones de internación prolongada.
El Comité tramitó 125 actuaciones individuales, con foco en el acceso a la salud, la violencia institucional y las restricciones al acceso a la justicia. El 58% de las denuncias fueron recibidas a través de la guardia telefónica de 24 horas, consolidada como principal canal de contacto con personas privadas de libertad y sus familiares. Las tipologías más frecuentes incluyeron falta de atención médica, sanciones arbitrarias, condiciones materiales indignas, violencia psicológica y agresiones físicas. La mayoría de los casos se concentraron en la Unidad Carcelaria N° 1, de Villa Las Rosas, y la Alcaidía General N° 1, ambas en la ciudad de Salta.
El informe también detalla la participación del Comité en juicios orales, la presentación de amicus curiae, el acompañamiento a familiares de víctimas y la elaboración de recomendaciones específicas en materia de salud, educación y condiciones de detención. El Comité reiteró su pedido de clausura de comisarías que no cumplen con estándares mínimos de habitabilidad y reafirmó su compromiso con la erradicación de prácticas violatorias de derechos humanos.
Casos paradigmáticos
Entre los casos emblemáticos abordados se destaca el de Franco Centurión, joven con leucemia que fue detenido en Tartagal y alojado en condiciones degradantes en la Comisaría 45. Tras recuperar la libertad, falleció por una falla multiorgánica que su familia atribuyó a los golpes y humillaciones durante su detención. El CPT participó como amicus curiae en el juicio, donde cinco policías fueron condenados con penas leves y libertad condicional. La sentencia fue recientemente anulada por el Tribunal de Impugnación, que ordenó emitir un nuevo fallo.
Otro caso paradigmático es el de Adrián Mercado, quien perdió un globo ocular tras recibir un disparo en el rostro durante la pandemia. El Comité denunció la práctica sistemática de disparos policiales dirigidos a los ojos, documentada en Salta y otras provincias. En el juicio, todos los imputados fueron absueltos.
El informe también alert{o sobre la persistencia del alojamiento de personas en comisarías. Además, señaló la falta de respuesta de la Fiscalía de Derechos Humanos ante reiterados pedidos de información vinculados a causas penales y seguimientos institucionales. Según el documento, el canal de comunicación con dicha Fiscalía estuvo plagado de «demoras, omisiones y negativas”, lo que derivó en un desgaste administrativo y burocrático innecesario. A pesar de las solicitudes formales, tampoco se concretaron reuniones con el Procurador General, lo que el Comité considera un obstáculo grave para la articulación interinstitucional y la construcción de políticas públicas eficaces en materia de prevención de la tortura.
Además el CPT advirtió sobre la insuficiencia presupuestaria que condiciona su autonomía operativa. Mencionó la falta de recursos humanos, técnicos y financieros que limitan gravemente la capacidad de monitoreo, intervención y producción de informes. Esta situación compromete la independencia del organismo y su rol como garante de derechos en contextos de encierro.
A pesar de ello, el Comité logró sostener las inspecciones, las entrevistas confidenciales y las articulaciones interinstitucionales con universidades, organismos públicos y organizaciones sociales. El informe completo está disponible en: https://api.comitecontralatorturasalta.com.ar/informes
