Esta reestructuración forma parte del proceso de «transformación institucional» iniciado en julio. La supresión de la Dirección Nacional deja a las provincias sin una respuesta clara, ya que las funciones de ejecución y dirección ahora recaen directamente sobre el titular del INTA, un nombramiento que responde de manera directa al Poder Ejecutivo.
El decreto, firmado por Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, es un nuevo avance del Poder Ejecutivo sobre el organismo, en un claro desafío a las provincias que han manifestado su preocupación.
La decisión, argumentada por el Gobierno como una forma de «agilizar la toma de decisiones» y reducir «superposiciones administrativas», ha sido aprobada por la Dirección Nacional de Diseño Organizacional del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Aunque el decreto establece que, por ahora, no habrá despidos inmediatos ni cambios en las funciones de las áreas dependientes de la Dirección Nacional, el objetivo final es un «rediseño estructural» del organismo, lo que podría redefinir áreas y priorizar líneas de investigación, dejando a las provincias con menor capacidad de influencia en las políticas agropecuarias.
Este avance de Milei en el desguace del INTA se produce en un contexto de creciente tensión con los gobernadores, quienes han expresado su preocupación por el futuro del organismo, al que consideran un «orgullo nacional» que debe ser «cuidado y potenciado».
La medida, que marca una clara centralización de poder, ha sido calificada por algunos como un «ataque a todo el sistema científico» y una búsqueda de «vaciamiento y destrucción de las capacidades del INTA». El Gobierno, sin embargo, parece decidido a ignorar estas advertencias, avanzando con su agenda de achicamiento del Estado.
