Diario HOY | EEUU devuelve a México manuscrito firmado por Hernán Cortés hace 500 años

Fuente: AFP

Firmado por Cortés el 20 de febrero de 1527, el manuscrito “describe el pago de pesos en oro común para los gastos de preparación para el descubrimiento de las tierras especias”, explica la agente especial del FBI, la oficina federal de investigación, Jessica Dittmer, en un comunicado fechado el 13 de agosto.

“Realmente da una idea de la planificación y preparación para el territorio inexplorado de aquella época”, agrega esta agente que forma parte del equipo especializado en delitos artísticos conjunto del FBI y la Policía de Nueva York.

El documento ofrece un relato completo de los detalles logísticos y de planificación relacionados con el viaje de Cortés a lo que finalmente se convirtió en el territorio de Nueva España, que se extendía desde el actual estado de Washington hacia el sureste, pasando por Luisiana y por lo que actualmente es América Latina.

Según Dittmer, se cree que el documento, que formaba parte de una colección de documentos históricos firmados de puño y letra por Hernán Cortés, fue robado entre 1985 y octubre de 1993, de los archivos de la AGN.

Funcionarios del archivo se dieron cuenta de que faltaban 15 páginas tras microfilmar la colección en octubre de 1993. Entre ellas, la que se acaba de devolver a México.

Desde su sustracción, el documento “cambió varias veces de manos”, dice Ditter.

En 2024, el Gobierno mexicano solicitó la ayuda del equipo especializado del FBI para localizar la página 28 de la colección.

“Piezas como esta se consideran bienes culturales protegidos y representan momentos valiosos de la historia de México, por lo que es algo que los mexicanos tienen en sus archivos con el fin de comprender mejor la historia”, agregó Dittmer.

En julio de 2023, las autoridades estadounidenses devolvieron a México una carta de Cortés en la que autorizaba la compra de azúcar de rosas.

Unos meses antes habían devuelto el denominado “Decreto al pueblo de México”, otra pieza histórica sustraída “entre 2010 y 2017” del archivo de la capital mexicana.

En abril de 2022, Nueva York entregó a las autoridades mexicanas otro documento del periodo colonial, conocido como el “Reglamento” y uno año antes otros 15, también relacionados con Hernán Cortés y sus colaboradores, que iban a ser vendidos en subasta.

También en noviembre de 2022, la oficina del fiscal general de distrito de Massachusetts (noreste) presentó una acción de confiscación por otro documento firmado por Hernán Cortés el 27 de abril de 1527, que también estaba en venta en una subasta digital, autorizando la compra de azúcar moreno para farmacia por 12 pesos oro.

En un documento de 197 páginas al que accedió la AFP, presentado al máximo tribunal, los abogados de Bolsonaro sostuvieron que el exmandatario ultraderechista “es inocente de todos los cargos presentados en la denuncia” y que “se demostró la absoluta falta de pruebas”.

Por tanto, “exigen la absolución (…) de todas las acusaciones”.

Bolsonaro, de 70 años, está siendo juzgado por conspirar para aferrarse al poder luego de perder los comicios ante el izquierdista Lula.

El exjefe de Estado (2019-2022), líder de la derecha brasileña y aliado del presidente estadounidense Donald Trump, es acusado “tentativa de abolición del estado democrático”, “golpe de Estado” y otros delitos que podrían llevarlo a cumplir más de 40 años de cárcel.

Él se declara inocente y dice ser un “perseguido”.

Actualmente se encuentra en prisión domiciliaria por violar una prohibición de usar las redes sociales ligada a su juicio. Desde mediados de julio lleva una tobillera electrónica.

– “No hay manera de condenarlo” –

La Fiscalía sostiene que Bolsonaro lideró una “organización criminal armada” que articuló el intento de golpe y fue el principal beneficiario del plan.

Según la acusación, el expresidente actuó “de forma sistemática” durante su mandato “para incitar la insurrección y la desestabilización del Estado Democrático de Derecho” y “generar un ambiente propicio para la violencia y el golpe”.

El expediente se centra también en reuniones donde se habrían presentado minutas de decreto que incluían la posible prisión de autoridades como jueces de la corte suprema.

Pero la defensa subrayó que “no hay manera de condenar” a Bolsonaro “con base en las pruebas presentadas en los autos, que demostraron ampliamente que ordenó la transición” de poder para Lula.

Los abogados también cuestionan la validez de la delación premiada del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, sobre cuyo testimonio se sostiene buena parte de la acusación.

Los alegatos destacaron que después de las elecciones de 2022, Bolsonaro ordenó la transición del gobierno de forma “pacífica e inmediata”, incluyendo la nominación de comandantes militares indicados por el nuevo gobierno, lo que contradice, según el escrito, la narrativa de un intento de golpe.

La defensa también cuestionó la imputación relacionada con los disturbios del 8 de enero de 2023, cuando manifestantes invadieron las sedes de la Presidencia, la corte suprema y el Congreso. Argumenta que estos fueron “delitos multitudinarios” sin conexión directa con Bolsonaro, quien se encontraba en Estados Unidos en ese momento.

La corte suprema debe juzgar el caso en las próximas semanas.

– Tensión diplomática –

La situación judicial del expresidente está en el centro de una fuerte tensión diplomática entre Brasil y Estados Unidos.

El gobierno de Trump suspendió la visa del juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio, y le aplicó la llamada ley Magnitsky, un instrumento para sancionar financieramente a violadores de los derechos humanos en el mundo.

Además, Trump impuso aranceles punitivos de 50% a muchos productos brasileños bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra el exmandatario.

“La forma en la que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro (…) es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar ocurriendo”, escribió Trump al anunciar los gravámenes en una carta destinada a Lula.

Fuente: AFP

Fuente: AFP

La querella de la expresidenta (2007-2015) y ex vicepresidenta (2019-2023) pidió condenar por tentativa de homicidio agravado a Fernando Sabag Montiel, quien gatilló el arma contra Kirchner sin que llegara a dispararse, y a su expareja Brenda Uliarte, acusada como coautora.

El abogado Marcos Aldazábal alegó que ambos “actuaron como coautores funcionales” del atentado fallido y destacó que, en su declaración en el juicio, Sabag Montiel “básicamente confesó el hecho” y “declaró él mismo ser consciente de lo que estaba haciendo”.

La querella consideró que el intento de homicidio estuvo agravado por el uso de arma de fuego y por violencia de género.

En su alegato, Aldazábal criticó la etapa de investigación de la causa y consideró que la jueza a cargo “obstruyó” la búsqueda de posibles autores intelectuales del crimen conectados con rivales políticos de Kirchner.

“Tenemos sentados (en el banquillo) a los autores materiales pero no a los ideólogos y financistas”, había dicho Kirchner durante su declaración en el juicio el año pasado.

Sobre el tercer acusado, Nicolás Carrizo, que era apuntado como “planificador”, Aldazábal señaló: “No existen los elementos para que nosotros lo podamos acusar hoy”.

La noche del 1 de septiembre de 2022 Sabag Montiel gatilló dos veces en la cabeza de la expresidenta, sin conseguir que el arma se disparase.

Se había camuflado entre los simpatizantes que a diario se congregaban frente a su casa para apoyarla en momentos en que se le seguía un juicio por corrupción.

La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por esa causa en junio de este año. Actualmente cumple su condena en prisión domiciliara.

El juicio por el atentado fallido continuará el próximo miércoles con los alegatos de los fiscales.

tev/lm/val

© Agence France-Presse

Catorce horas de debate parlamentario culminaron con la aprobación del texto impulsado por el Frente Amplio (izquierda gobernante), que contó con la adhesión de varios legisladores de la oposición de centroderecha.

El proyecto se aprobó con 64 votos a favor y 29 en contra sobre un total de 99 diputados.

Ser mayor de edad, psíquicamente apto transitando la etapa terminal de una patología incurable que provoque “sufrimientos insoportables”, son algunos de los requisitos que el médico deberá tener en cuenta cuando un paciente pida su intervención para acabar con su vida.

Asimismo, el paciente deberá pasar por varias instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito y frente a testigos.

“Es un proyecto de ley garantista, seguro, protector de los derechos de las personas que garantizan la eutanasia y de todos los involucrados en el procedimiento”, resaltó Luis Gallo, diputado del FA, al defender el proyecto.

Mientras que el también frenteamplista Federico Preve destacó que la aprobación de la norma devolvería al país al sitial “de referente de derecho” internacional, recordando que el país sudamericano fue desde principios del siglo pasado pionero en aprobar leyes sociales.

“Estamos en un país laico, un país de avanzada y que ha sido referencia mundial”, señaló Preve, enumerando leyes como la regulación del mercado de cannabis y matrimonio igualitario aprobadas durante el gobierno del fallecido José Mujica (2010-2015) y más atrás leyes con leyes como la de voto femenino.

De aprobarse en el Senado, donde la izquierda es mayoría, Uruguay seguiría en América el camino de Colombia que en 1997 legalizó la eutanasia. Sin embargo, la falta de reglamentación impidió que la norma se aplicara por casi dos décadas en ese país.

Entre los opositores al proyecto denominado “Muerte Digna”, el diputado del centroderechista Partido Nacional Andrés Grezzi consideró que se instala que “las personas morirían de forma indigna” sin la ley, cuando “ya existen herramientas legales y médicas para asegurar un final de la vida sin dolor y sin adelantar la muerte”.

Los cuidados paleativos están reglamentados en Uruguay, pero el código penal uruguayo sanciona con prisión a quién ayude a cometer suicidio.

En la opinión pública la idea de legalizar la eutanasia obtiene mayorías, según una encuesta de la consultora local Cifra realizada en abril y presentada en mayo. Según la encuesta, un 62% de los uruguayos está a favor y apenas un 24% en contra.

Fuente: AFP