Guatemala se encuentra ante un punto de inflexión en su política energética. Por primera vez en su historia, se lanza una subasta como la PEG-5, que busca adjudicar dentro de un solo proceso un bloque de potencia y energía de gran volumen. El desafío va más allá de su magnitud: el proceso debe lograr precios competitivos, seguridad energética, diversificación de la matriz y aprovechamiento óptimo de los recursos renovables del país.
“Diseñar una subasta como la PEG-5 es una tarea compleja”, manifestó Silvia Alvarado, directora de Energy Intelligence Consulting Guatemala.
Explica que este tipo de procesos implica priorizar objetivos múltiples, todos de gran peso. Pero también recuerda que la regulación guatemalteca es clara: las empresas distribuidoras deben utilizar contratos de largo plazo para atraer nueva generación, de acuerdo a los objetivos de la política energética.
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) juega un rol central como ente garante del cumplimiento de estos lineamientos en las bases de licitación.
En procesos anteriores, como en la PEG-4, que fue una licitación de menor escala (235 MW), se introdujo la figura de ofertas mixtas o híbridas. Esta modalidad permitió a generadores ya instalados acceder a contratos de 15 años si agregaban al menos un 25% de nueva generación renovable.
Según Alvarado, las ofertas adjudicadas en ese proceso ilustran la motivación detrás de replicar este mecanismo en la PEG-5, aunque ahora con un impacto significativamente mayor por el volumen adjudicado.
Desde una mirada estratégica del mercado mayorista, la PEG-5 representa una oportunidad única para expandir la capacidad instalada con tecnologías modernas y confiables.
“Sería idóneo que la PEG-5 permitiera anclar un nuevo combustible de base de menores emisiones que los actualmente presentes, como el gas natural licuado u otros combustibles gaseosos de bajas emisiones”, sostuvo la ejecutiva.
La incorporación de esta nueva base permitiría acompañar la transición energética, generando un sistema más flexible y confiable que maximice el uso de fuentes nativas limpias, como la solar, la eólica y la geotérmica.
En ese sentido, la visión de largo plazo es imprescindible, sobre todo en un sistema como el guatemalteco, basado en costos marginales de generación.
“El liderazgo en la política energética resulta fundamental para evitar que los objetivos de muy corto plazo se impongan y afecten la competitividad del país en el mediano y largo plazo”, alertó la directora de Energy Intelligence.
El diseño e implementación de la PEG-5 será determinante para el futuro energético de Guatemala. Según datos oficiales, la licitación prevé contratos a 15 años y contempla tres productos diferenciados: suministro horario de potencia y energía, energía renovable sin potencia y potencia firme de plantas nuevas o existentes con respaldo.
Pero más allá del diseño técnico, el proceso pone a prueba la capacidad del país de alinear política, regulación y objetivos energéticos en un mismo esfuerzo, de manera que Alvarado advirtió que sin energía eléctrica competitiva y sostenible, «el país no podrá alcanzar sus metas de desarrollo económico, por lo que la responsabilidad de los ‘stakeholders’ involucrados es mayúscula».
