
Anabel González. Foto: BID.
Por Anabel González/vicepresidenta de Países e Integración Regional del Banco Interamericano de Desarrollo
A inicios de 2010, la recién electa presidenta de Costa Rica me pidió, como ministra de su gabinete, liderar el ingreso del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos(OCDE). No era una meta fácil ni rápida. Fueron 11 años de trabajo técnico y político a lo largo de tres gobiernos, forjando consensos y sorteando desafíos. Cuando finalmente Costa Rica se convirtió en el miembro número 38 de la organización, quedó claro que el proceso había sido tan valioso como su resultado.
Pienso en esa experiencia hoy, al reflexionar sobre el momento que vive Uruguay. Desde fuera, se percibe como un país pequeño en tamaño, pero grande en logros: un faro de estabilidad democrática, instituciones sólidas y compromiso con el bienestar de su población. Un país que ha logrado avances notables y que, legítimamente, aspira a más.
Los datos hablan por sí solos. En las últimas décadas, Uruguay ha mejorado la calidad de vida de sus habitantes hasta niveles cercanos al promedio de la OCDE. Ha reducido la pobreza a menos de un tercio de lo que era hace dos décadas, prácticamente erradicado la indigencia y reducido la informalidad laboral al 20%, frente al 50% del promedio regional. Más del 90% de su electricidad proviene de fuentes renovables y sus productos agroalimentarios compiten globalmente en calidad y trazabilidad.

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Estos logros son dignos de celebrar. Ahora bien, el desarrollo no es un destino, es un camino. Y Uruguay, con razón, aspira a más. Aspira a acelerar su crecimiento económico de forma sostenida, con más productividad, más innovación y más comercio. Aspira a fortalecer su capital humano, desde la infancia hasta la formación para el trabajo. Y aspira a avanzar en la descarbonización, protegiendo su capital natural y mejorando su resiliencia climática.
Estas metas requieren mejores políticas públicas y más inversiones. Y aquí la OCDE puede ser una aliada estratégica. No se trata de un club de países desarrollados. Es, sobre todo, una plataforma para mejorar las políticas públicas y ampliar las oportunidades de bienestar. Uruguay ya participa en varias de sus iniciativas, desde evaluaciones de política de inversión hasta estudios de desarrollo multidimensional, y pronto copresidirá, el nuevo Programa Regional para América Latina y el Caribe 2026-2029.
Un vínculo más profundo podría aportar beneficios adicionales y muy concretos: apoyar reformas sostenidas, anclándolas en estándares internacionales y facilitando consensos nacionales; mejorar la gobernanza y la institucionalidad, fortaleciendo la confianza ciudadana; enviar una señal positiva a inversores y mercados internacionales; diseñar políticas públicas basadas en evidencia y metodologías probadas; participar en la definición de estándares globales con la voz y experiencia de Uruguay; y fortalecer la acción colectiva para responder a desafíos comunes.
Visión compartida
Avanzar hacia una relación más estrecha con la OCDE no es tarea menor. Es un proyecto país que demanda tres elementos clave. Primero, una visión compartida, con claridad sobre el porqué y el para qué de este paso. Segundo, un compromiso político sostenido, con la participación activa de partidos políticos, sector privado y sociedad civil, ya que procesos como este difícilmente se completan en un solo período de gobierno. Y tercero, organización y capacidad técnica a nivel interno, junto con un trabajo constante de posicionamiento internacional.
Desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuya misión es mejorar vidas en América Latina y el Caribe, creemos que Uruguay puede dar un nuevo salto en su desarrollo aprovechando al máximo el valor estratégico de una relación más profunda con la OCDE, y estamos listos para ser su socio en este proceso.

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Contamos con la experiencia de estar acompañando iniciativas similares en Argentina, Perú o Paraguay, entre otros países de la región; con el apoyo financiero y técnico para respaldar reformas clave; y con el alcance para actuar como puente entre América Latina y el mundo, facilitando una mayor participación en los espacios globales.
Explorar un acercamiento mayor a la OCDE no es un fin, es una oportunidad para imaginar un Uruguay más innovador, inclusivo y sostenible. En esta etapa de reflexión, el BID está listo para acompañar al país como socio, aliado y amigo de larga trayectoria y ayudar a convertir al Uruguay, como dijo la presidenta Chinchilla en el caso de Costa Rica, en “una mejor versión de sí mismo”.
Anabel González
Ha trabajado en el campo del desarrollo económico más de 30 años, enfocándose en el comercio, la inversión, la competitividad y el papel del sector privado. Su experiencia abarca organizaciones internacionales, el sector público, consultoría e investigación.
Antes de incorporarse al BID, se desempeñó como Directora General Adjunta de la Organización Mundial del Comercio (2021-2023), facilitando negociaciones comerciales y supervisando las divisiones de investigación económica, acceso a mercados, comercio e inversión de servicios y propiedad intelectual. Anteriormente, fue investigadora principal no residente del Instituto Peterson de Economía Internacional (2018-2021) y fungió como Directora Senior de la Práctica Global de Comercio y Competitividad del Banco Mundial (2014-2017). La señora González tiene además una amplia experiencia en el sector público de Costa Rica, el cargo más reciente como Ministra de Comercio (2010-2014).