Argentina atraviesa una de las mayores crisis sanitarias de su historia reciente, tras confirmarse que al menos 87 personas murieron por la administración de fentanilo clínico contaminado con bacterias multirresistentes en hospitales públicos y privados. La justicia estima que en las próximas horas la cifra podría ascender a 96 fallecidos, lo que convierte este episodio en un escándalo sanitario sin precedentes en el país.
La investigación, liderada por el juez federal Ernesto Kreplak, apunta a dos laboratorios: HLB Pharma Group y el Laboratorio Ramallo, productores de los lotes contaminados a fines de 2024. El Instituto Malbrán ya confirmó el vínculo genético entre las bacterias presentes en las ampollas y las infecciones mortales de al menos 44 pacientes. Hasta el momento, se calcula que unas 45.000 dosis contaminadas fueron aplicadas en hospitales de todo el país, mientras que otras 255.000 fueron incautadas o retiradas del mercado.
Estas son las claves del caso:
El origen del caso del fentanilo contaminado
La crisis sanitaria por el fentanilo contaminado en Argentina comenzó a gestarse en abril de 2025, cuando el Hospital Italiano de La Plata (provincia de Buenos Aires) detectó un brote de infecciones respiratorias graves en pacientes de terapia intensiva. Los análisis revelaron la presencia de bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp en las ampollas de fentanilo suministradas, lo que encendió las alarmas.
El 7 de mayo, el centro de salud notificó los casos y al día siguiente la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió una alerta que prohibía la utilización en todo el país del lote 31202 de fentanilo, fabricado por el laboratorio HLB Pharma, por “desvío de calidad”.
El 13 de mayo, la ANMAT fue más allá: mediante la Disposición 3156/25 prohibió la comercialización, distribución y uso del lote cuestionado, y ordenó a la firma el recupero del mercado. Semanas después, amplió la medida a todos los lotes de fentanilo.
La investigación derivó en la suspensión de la planta bonaerense de HLB Pharma, a la que se le prohibió producir “hasta que se hallen las condiciones técnicas y sanitarias” necesarias, según la Disposición 3158/25. La misma sanción recayó sobre Laboratorios Ramallo SA, donde se habrían elaborado las ampollas. Ambas compañías están vinculadas al empresario Ariel García Furfaro.
HLB Pharma defendió su accionar en un comunicado. «Nuestro compromiso con la salud pública ha sido absoluto. Apenas tomamos conocimiento, por vías informales, del posible compromiso de un lote, iniciamos un retiro voluntario del mercado el 8 de mayo de 2025 y al día siguiente dispusimos la auto-inhibición del laboratorio para resguardar la salud pública”.
Fallos de control y responsabilidades en disputa
En medio del escándalo en el país, el caso ha puesto la lupa no solo sobre la responsabilidad de los laboratorios privados, sino también sobre el rol de los organismos estatales de control. La ANMAT había advertido en diciembre de 2024 sobre las graves deficiencias en la planta de Ramallo, pero tardó más de dos meses en suspender la producción. Para entonces, el fentanilo adulterado ya circulaba en el sistema de salud.
Expertos en salud pública han alertado de que el episodio revela la fragilidad del sistema de trazabilidad de medicamentos en Argentina, con registros incompletos y un deficiente control en la distribución hospitalaria. “La falta de digitalización y la reticencia de muchos centros a admitir su participación en el caso complican la investigación”, reconocen fuentes judiciales.
Las víctimas y el clamor por justicia
Los familiares de los fallecidos denuncian un “asesinato en masa” y reclaman condenas ejemplares. “Ya me arrebataron lo más preciado de mi vida. No tengo nada que perder, solo quiero justicia”, ha dicho Daniel Oviedo, padre de una de las víctimas.
El perfil de las víctimas muestra que se trata de pacientes internados por distintas dolencias que recibieron el analgésico como parte de sus tratamientos. Entre las bacterias halladas se encuentran Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, ambas causantes de infecciones graves como neumonías intrahospitalarias.
Milei y la oposición cruzan acusaciones
El escándalo ha escalado también en el terreno político, en plena campaña hacia las elecciones legislativas de octubre. Tras semanas de silencio oficial, el presidente Javier Milei acusó al kirchnerismo de tener vínculos con uno de los empresarios imputados, Ariel García Furfaro, y exigió su detención inmediata. Además, cuestionó la imparcialidad del juez Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afín al gobernador Axel Kicillof.
Desde la oposición responsabilizan al Ejecutivo por los fallos en los controles estatales, agravados por la política de ajuste y desregulación del sector público impulsada por el Gobierno. El diputado peronista Pablo Yedlin advirtió: “Es la peor intoxicación medicamentosa desde la creación de la ANMAT. Queremos saber si hubo negligencia y por qué se ignoraron las alertas previas”.
El juez Kreplak replicó con un mensaje directo a Milei: “Le recuerdo al señor Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso. Las víctimas merecen respeto y un proceso judicial independiente”.
Un caso abierto con impacto sanitario y político
La causa continúa abierta con 24 personas bajo investigación, entre ellas los dueños de los laboratorios involucrados. Dos peritajes clave —uno sobre las historias clínicas de las víctimas y otro sobre los protocolos de producción— serán decisivos para determinar responsabilidades penales.
Mientras tanto, Argentina enfrenta un escándalo sanitario que pone en jaque la confianza en su sistema de salud y en los organismos reguladores. Con casi un centenar de muertos y miles de ampollas distribuidas en todo el país, la pregunta que domina el debate es si el Estado estuvo a la altura para prevenir una tragedia que pudo evitarse. @mundiario
