A través del Decreto 591/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional prorrogó el plazo para que organismos y empresas públicas finalicen contratos con empresas en las que el Estado tenga participación accionaria o que hayan obtenido beneficios exclusivos en la provisión de bienes y servicios. La extensión es hasta el 31 de diciembre próximo.
De esta manera, se extiende el Decreto 747/2024, que vencía este jueves y que dejaba sin efecto obligaciones previas que imponían a los organismos nacionales contratar únicamente determinadas firmas estatales. Así, por ejemplo, se eliminó la exclusividad que tenía el Banco Nación para el pago de haberes de empleados públicos, desde el 2012.
Entre las entidades habilitadas, figuran Banco Credicoop, Banco Patagonia, Banco Santander, Banco Galicia, ICBS, BBVA, Macro y Supervielle. Las instituciones bancarias fueron instruidas a elaborar planes de trabajo que prioricen beneficios para el personal estatal, principalmente, en lo referido a préstamos hipotecarios a tasas preferenciales.
La Resolución, además, derogó el Decreto 1189/2012, que obligaba la compra de combustibles y lubricantes solo en YPF. También, dejó sin efecto el Decreto 1191/2012, que establecía la contratación de vuelos solo con Aerolíneas Argentinas, Austral y Optar; y el Decreto 823/2021, que imponía la gestión exclusiva de seguros con la entidad Nación Seguros.
Ley Bases y privatizaciones
La normativa se remonta al Decreto 70/2023, la denominada Ley Bases, que estableció que las empresas con participación estatal no iban a tener más privilegios ni prioridad en las contrataciones, así como tampoco vínculos con la administración pública. La prórroga busca facilitar la transición a nuevas licitaciones nacionales y dar tiempo a readecuación de contratos.
El escrito, asimismo, se publicó en la misma semana en que el Gobierno nacional puso en marcha la privatización de Agua y Saneamiento Argentino S.A. (AySA). El Ejecutivo espera que la operación se haga en ocho meses y estipula la venta del 90 por ciento de las acciones de la compañía al sector privado, mientras que el diez restante queda para los trabajadores.
