Diario HOY | Montanaro finalmente irá a juicio oral por caso “Duck Sex Games”

La jueza penal de garantías Alicia Pedrozo resolvió elevar a juicio oral la causa que afronta el empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya.

Este hombre se encuentra imputado por vulneración al derecho a la imagen y a la intimidad, luego de ser denunciado por su expareja por una supuesta divulgación de fotografías y videos íntimos sin su consentimiento.

Antecedentes: Fiscalía acusa y pide juicio oral para Luis Montanaro por caso “Duck sex games”

Tras recepcionar la denuncia, la Fiscalía y la Policía Nacional impulsaron una investigación, que posteriormente se materializó a través de la Operación “Duck Sex Games”, en la que se destapó el “club sexual VIP” liderado por Montanaro.

El pasado mes de julio, la agente fiscal Diana Gómez, de la Unidad de Delitos Informáticos del Ministerio Público, presentó la acusación formal contra Montanaro, solicitando que el caso llegue a juicio oral.

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A partir de ahora, resta aguardar el sorteo de los jueces que serán designados para integrar el Tribunal de Sentencia y la posterior fijación de la fecha de inicio del juicio.

En paralelo a esta causa, Luis Montanaro afronta otro proceso penal por el hecho punible de coacción, luego de enviar un arreglo floral con una amenaza dirigida a la fiscal Ruth Karina Benítez.

El acto se realizó esta mañana con presencia del jefe de Estado, Santiago Peña, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, entre otras autoridades.

Se trata de 54 unidades habitacionales que fueron diseñadas con criterios de sostenibilidad, incluyendo tratamientos de fachada según la orientación solar, paneles solares, parasoles y soluciones que optimizan la eficiencia energética.

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En la oportunidad, el presidente Peña expresó que “hoy venimos hacer realidad este sueño” y en ese contexto, remarcó el compromiso de lucha por las causas populares, como el caso de la Chacarita Alta.

El proyecto no solo apunta a modernizar la infraestructura, sino también a rescatar su valor histórico y patrimonial, integrándolo nuevamente a la vida cotidiana de los asuncenos.

La obra cuenta con una inversión de USD 14 millones, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Representantes de la firma Biotec del Paraguay S.A. acudieron a la Comisaría 3ª del barrio Obrero de Ciudad del Este para formalizar una denuncia por estafa.

Según el relato, una empleada de nombre Samara Beatriz Saifildin Cazal (24) recepcionó una solicitud de adquisición de equipos médicos por parte de un sujeto que se identificó como José Luis Heisecke.

Durante la llamada telefónica, este hombre solicitó la compra de un equipo de ecografía y un equipo emográfico, cuyo valor total asciende a G. 264.780.000.

Minutos después, este comprador remitió a través de WhatsApp un supuesto comprobante de depósito bancario, por lo que la vendedora procedió a entregar los equipos a un fletero, identificado como Analicio Villalba.

Este, a su vez, los trasladó hasta la ciudad de Coronel Oviedo, donde fueron pasdaos a otro vehículo tipo furgón sin chapa, menciona el informe de Radio Concierto.

Luego de unas horas, Saifildin se percató que la transacción había sido anulada y que el dinero nunca ingresó a la cuenta de la firma, confirmándose así que se trató de una millonaria estafa.

El proyecto de Ley “Que crea el fondo nacional para la cobertura especial de gastos ocurridos por accidentes de tránsito o siniestros viales”, presentado por varios diputados, finalmente quedó sin efecto ante el inminente rechazo de los senadores.

Con 34 votos, el Senado envió al archivo la iniciativa, que ya había sido rechaza por la misma cámara meses atrás.

Varias comisiones asesoras de la Cámara Alta dictaminaron por el rechazo de la propuesta.

La normativa establecía la creación de una caja pública donde se recaudará los fondos necesarios para que una persona accidentada pueda cubrir los gastos requeridos para su tratamiento, ya sea en el Hospital del Trauma o en la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis).

El documento indicaba cuatro mecanismos de financiación, uno de ellos es el cobro de G. 10.000 al momento de la renovación del registro de conducir. Además, pretende que las reparaciones sociales de infractores de tránsito sean en efectivo, por lo que trabajarán con la Fiscalía.