BPS: los subsidios por enfermedad y sus “desvíos”, los no aportantes, las inspecciones y más

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS),Jimena Pardo, abordó distintos temas del sistema, con énfasis en los “desvíos” que existen en relación a las certificaciones por enfermedad, afirmando que “el BPS tiene la resguarda de los datos, pero la certificación la hace el prestador de salud”.

En tal sentido, defendió los límites del rol de BPS en esta materia, ya que, más allá de que cumple alguna función como contralor, la responsabilidad en sí de la certificación médica involucra al acto médico y al control del prestador de salud.

Estos comentarios surgieron a partir de una pregunta en el programa “Quién es quién” de Diamante FM, sobre cómo los subsidios o faltas por enfermedad dan para todo tipo de “desvíos” y el BPS supuestamente los deja pasar.

“La responsabilidad se le carga al BPS, porque es el que paga el subsidio al final del día, pero la responsabilidad del BPS para accionar sobre eso es acotada. Además, el BPS hoy no tiene la capacidad operativa para salir a inspeccionar todas las certificaciones médicas que se hacen”, salió al paso Pardo, antes de detallar las prioridades del organismo, que son fundamentalmente la fiscalización y puesta al día de expedientes atrasados.

¿En que está enfocado el BPS actualmente? “Nos focalizamos en el tema de expedientes atrasados relacionados con prestaciones”, adelantó Pardo como una de las prioridades del organismo, siempre en el programa radial citado.

Otra prioridad del organismo es asegurarse del cumplimiento de la recaudación de las contribuciones de seguridad social, para lo cual contaba con 130 inspectores en 2019 y ahora bajó a 97.

Foto: Freepik.

“Lo primero que negociamos fue un refuerzo de funcionarios, sobre todo de inspectores, para hacer lo que es estricta competencia del BPS: reforzar la fiscalización de la recaudación de los servicios de la seguridad social”, dijó Pardo.

Actualmente, también existe mucha inteligencia de datos puesta en la fiscalización, además de los inspectores, en especial para los casos de denuncias que han ido creciendo.

“Es normal que las denuncias crezcan porque, a partir de la implementación de la historia laboral, la persona misma se da cuenta que, por ejemplo, le estaban reteniendo aportes y que no volcaron —o no tienen registrado— en su historia lo que correspondería”, compartió.

Pardo destacó que, para detectar a quienes están fuera del sistema de previsión social, el BPS suele cruzar datos con otras entidades del Estado, particularmente de la Dirección General de Impositiva (DGI), lo que permite ver si la facturación “cierra” o no.

Hizo referencia a las “actividades más de frontera o vulnerables, de personas que entran y salen de la formalidad; allí se implementan operativos de inclusión al sistema, que tienen que ver con fiscalización directa y cruzamiento de datos”, detalló.

Asimismo, comentó que existen casos en los que la persona, por ejemplo, tiene un monotributo o unipersonal y está aportando por un ficto o por mínimos, sobre todo si no tiene dependientes. Entonces, no es que estén en una situación de informalidad laboral, sino que arrastran el problema de que la prestación que van a tener a futuro, no tiene relación con sus ingresos.

La presidenta del BPS habló sobre los casos de inspecciones en el lugar, donde se verifica que los trabajadores perciben salarios inferiores al laudo del Consejos de Salarios, o no puede identificar los salarios que perciben.

“El problema ahí es cómo uno los grava; si por lo que declaran que percibían, o lo que aparece como sueldo líquido o nominal. Esas cosas requieren cambio legal, o al menos hay que estudiarlas, porque generan agujeros en el sistema”, afirmó.

Ese es uno de los temas que el BPS analizará, según anunció. “No es la única modificación legal que estamos mirando a efecto de fortalecer lo que es la financiación del sistema”, agregó.

Pardo aclaró que muchas veces la persona no llega al 66% de discapacidad que establece la ley para ser considerada bajo esta categoría, pero sí más del 50%, lo que le igual permite acceder a un “subsidio transitorio por incapacidad parcial”, que es por tres años.

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Consultada —siempre en Diamante FM— sobre si ese baremo requeriría ajustes, el titular del BPS reconoció que la valoración de la incapacidad ha ido evolucionando y que convendría revisarla, ya sea en el marco de la Comisión de la Protección de la Seguridad Social de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), o en otras instancias.

Mencionó el caso de personas que sufren discapacidad, pero podrían trabajar en horario parcial, aunque esa posibilidad no está contemplada actualmente desde el punto de vista jurídico.

“El sistema tiene muchos años, es probable que haya que revisarlo. La idea es plantear todos estos cambios a partir del año que viene”, anunció.

La mayoría de los programas que administra el BPS se sostienen con financiamientos provenientes de rentas generales.

El BPS recibe 7 puntos de IVA, más el IASS, que son unos US$ 3.000 millones al año, entre otros aportes. “A mí no me asustan los subsidios. No va a ocurrir que el BPS se autosustente, y menos con una población envejecida como la uruguaya”, advirtó Pardo.

“El nivel de subsidio no es de por sí bueno o malo; sí tiene que ser consistente con el crecimiento de la economía”, destacó.

“Lo que está planteado en el diálogo social es mejorar el financiamiento del sistema, y eso no necesariamente es crear más impuestos”, dijo en otro momento de la citada entrevista.

Finamente, Pardo hizo referencia a la cultura uruguaya —como muchas otras—, que rechaza el pago de impuestos, en especial cuando los vincula a las prestaciones de servicios públicos que no siempre satisfacen.

En tal sentido, la presidenta del BPS invitó a comparar los servicios públicos de este país con otros de la región, afirmando que “nosotros estamos mucho mejor” y que la seguridad social es “costosa”.