La primera condena judicial a un exfuncionario del macrismo ya tiene nombre y apellido: Gonzalo Osvaldo Rodrigo Mórtola, exinterventor de la Administración General de Puertos (AGP) durante el gobierno de Mauricio Macri. El juez federal Daniel Rafecas le impuso seis meses de prisión en suspenso por incumplimiento de los deberes de funcionario público en una causa por contrataciones irregulares dentro del Estado. El expediente arrastró durante años incidentes de dilación y chicanas procesales, pero terminó en una sentencia que marca un hito simbólico: es la primera condena a un funcionario de aquella gestión y desarma el relato de una relación “inmaculada” con la Justicia.
En el fallo se reseña la maniobra administrativa que, bajo la órbita de Puertos, habría vulnerado procedimientos y controles para direccionar contrataciones; la punición es baja —suspendida—, pero fija responsabilidad penal y sienta un precedente incómodo para el universo PRO. Medios especializados y secciones judiciales consignaron además que la condena incluye inhabilitación especial para cargos públicos por un período acotado, lo que agrava el costo político del veredicto y vuelve más áspero su eventual regreso a la función. La escena judicial se completa con el frente que aún le resta a Mórtola: una causa por la Hidrovía, donde está señalado por administración fraudulenta y que, de acuerdo con la cobertura reciente, avanza hacia el juicio oral. El telón de fondo es un Estado que, entre 2016 y 2019, reorganizó áreas estratégicas como Puertos y la Hidrovía con criterios de “eficiencia” que, según los fiscales, abrieron grietas a la discrecionalidad y al favoritismo.
La lectura política es inmediata: en una semana donde el Congreso asestó golpes al Ejecutivo actual y los escándalos por audios y presuntas coimas rodean a la cúpula del poder, la noticia de un exfuncionario macrista condenado reordena el tablero del debate público. Aun con pena leve, la sentencia de Rafecas consagra hechos, más allá de la narrativa de “lawfare” o de la épica anticorrupción; y recuerda que, tarde o temprano, los mecanismos irregulares de contratación dejan huella judicial.
De cara a lo que viene, las defensas seguramente apelarán para discutir tipicidad y proporcionalidad de la pena, pero el punto político ya quedó fijado: hay condena y hay un primer antecedente penal que, por su fuerza simbólica, repercute en todo el ecosistema de exfuncionarios de la AGP y en la coalición que los amparó. (Fuentes: Página/12 informó la condena y que la pena es de seis meses en suspenso impuesta por Rafecas y destacó los intentos de dilación; otros medios como Ámbito, Cronista, Letra P e iProfesional confirmaron la identidad del condenado, el delito y la calificación; portales sectoriales consignaron además la inhabilitación especial y el avance de la causa Hidrovía).
