El marco legal establece un sistema de administración compartida entre consorcios, productores y el Estado para conservar y financiar los caminos secundarios y terciarios.
Un camino rural en Córdoba, eje de la nueva ley que busca mejorar la red vial secundaria y terciaria de la provincia. (Foto: TN).
La provincia de Córdoba cuenta desde este miércoles con un nuevo marco legal para la gestión y el mantenimiento de sus caminos rurales.
La Legislatura sancionó el Sistema de Gestión Integral de Caminos Rurales No Pavimentados, una normativa que viene a reemplazar a la histórica Ley N° 6233 y que supone un cambio de paradigma en la forma de concebir, conservar y mejorar la red secundaria y terciaria.
Leé también: Reactivan las obras de pavimentación de la Ruta del Cereal bonaerense
El proyecto, impulsado por el Ejecutivo provincial, tuvo su origen en un pedido concreto de los Consorcios Camineros y de las principales entidades agropecuarias.
¿Querés recibir más información sobre el campo?
Suscribite acá
Ese reclamo fue tomado por el actual gobernador Martín Llaryora durante la campaña electoral y, tras más de un año de trabajo técnico y político, finalmente se convirtió en ley.
Representantes de la Comisión de Enlace y de los Consorcios Camineros participaron del debate legislativo. (Foto: Gobierno de Córdoba).
Un consenso amplio entre Estado, consorcios y entidades del agro
El proceso de elaboración estuvo marcado por la participación activa de diferentes actores. La Asociación de Consorcios Camineros, las entidades que integran la Comisión de Enlace, legisladores de distintos bloques, asesores jurídicos y especialistas en infraestructura rural aportaron su experiencia para fortalecer la propuesta.
La amplitud de voces involucradas permitió construir un consenso amplio alrededor de la necesidad de modernizar el esquema de gestión.
Leé también: Productores rurales enfrentan grandes contrastes en la tasa por caminos
La nueva ley establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Bioagroindustria. En el sistema se integran la Asociación de Consorcios Camineros, los consorcios regionales y el Consorcio Caminero Único, junto con otros organismos de gestión de caminos y suelos.
La idea central es consolidar un modelo de articulación público-privada que potencie el desarrollo del interior provincial a través de una red vial en condiciones.
El ministro Sergio Busso celebró la aprobación junto a dirigentes rurales y autoridades de las 19 Regionales. (Foto: Gobierno de Córdoba).
En cuanto al financiamiento, se determinó que el Fondo de Desarrollo Agropecuario (FDA) será la base del esquema. Este fondo se nutre del 98% de lo recaudado por el Impuesto Inmobiliario Rural, al que se suman ingresos por obras realizadas, aportes, subsidios, donaciones, recursos extraordinarios y las multas aplicadas por daños en los caminos.
Leé también: Con lo que pagó de retenciones podría haberse comprado otro campo: el cálculo de un productor que fue viral
Durante la sesión legislativa, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, destacó que la iniciativa fue “el resultado de un trabajo de más de un año con la mesa de enlace, los consorcios, legisladores del oficialismo y de la oposición, y técnicos”.
En su intervención subrayó que los consorcios “trascienden a cualquier gobierno” y que lo más importante es contar con una política pública sostenida en el tiempo, capaz de garantizar caminos en condiciones para la producción y la vida rural.
Con la aprobación de esta ley, Córdoba coloca a los caminos rurales en el centro de la política pública provincial y reconoce su importancia estratégica no sólo para el sector agropecuario, sino también para la industria, el turismo y la integración social de las comunidades del interior.
