Chile vive un momento de alta tensión. La desconfianza hacia las instituciones es generalizada, la crisis de representación política sigue abierta, la inseguridad ciudadana crece, la migración se enfrenta con altos niveles de conflicto y la percepción de injusticia distributiva persiste. Todo ello refleja un debilitamiento de los vínculos sociales y un desgaste del contrato social, con implicancias para la gobernabilidad y la estabilidad democrática.
Este diagnóstico estuvo al centro del reciente encuentro entre la CEPAL y el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), donde se presentaron los resultados del Observatorio de Cohesión Social (OCS-COES, coes.cl/ocs) y su nuevo visualizador de indicadores para América Latina. Una herramienta pionera que permite comparar, entre 2004 y 2022, la evolución de la cohesión social en más de diez países, a partir de distintas dimensiones y sus variaciones en el tiempo.
Hablamos de cohesión social para referirnos a la capacidad de una sociedad de mantenerse unida, generar confianza entre sus miembros y construir legitimidad en sus instituciones. El OCS-COES la analiza en dos planos: vertical y horizontal. La cohesión vertical evalúa los vínculos entre ciudadanía y Estado, considerando confianza institucional, percepción de justicia, legitimidad y apoyo a la democracia. La cohesión horizontal se centra en las relaciones entre personas, observando la confianza interpersonal, las redes sociales y la seguridad pública, tanto objetiva como percibida.
Los resultados muestran que, en América Latina, la cohesión social general —integrando ambas dimensiones— se mantiene en niveles moderados, aunque con trayectorias dispares. Chile destaca por su bajo nivel en 2022. En la cohesión vertical, partió con niveles moderados en 2005, subió a valores relativamente altos entre 2008 y 2019 —por encima del promedio regional—, pero cayó abruptamente desde 2020, tras el estallido social y la pandemia. Ese año, la confianza en el Congreso promedió 3,3 puntos en una escala de 1 a 10; en los partidos políticos, 2,1; el apoyo a la democracia llegó a 7,1; y la satisfacción con ella, a 4,4. La percepción de justicia distributiva marcó 2,1 puntos, junto a la convicción de que la desigualdad es un problema estructural.
La cohesión horizontal presenta un deterioro aún mayor: de niveles moderados en 2004 pasó a muy bajos en 2022, ubicándose última entre Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, México y El Salvador. Ese año, la confianza interpersonal fue moderada (5,9 puntos), pero con caída sostenida desde 2016. La seguridad es la dimensión más sensible: objetivamente, Chile se situó en 2022 en un nivel moderado de inseguridad, según LAPOP. Sin embargo, la percepción ciudadana empeora año a año desde 2018, alcanzando un nivel alto de 7,8 puntos. Esto evidencia una pérdida persistente de confianza entre las personas y un aumento de la polarización, que limita la capacidad de resolver conflictos de forma cooperativa.
Tal como se planteó desde CEPAL en el seminario junto al OCS, la cohesión social no es solo un diagnóstico: es una meta de desarrollo que exige construir sociedades más justas, integradas y resilientes. Y para ello, contar con datos comparables y de calidad, como los del OCS, es esencial para diseñar políticas públicas basadas en evidencia. Sin cohesión social, ningún proyecto colectivo se sostiene.
Reconocer la complejidad multidimensional de la cohesión social es apenas el primer paso. Lo que falta es traducir esa comprensión en decisiones políticas y acciones concretas. No se trata de un único indicador, sino de un entramado de factores que determinan la salud del lazo social. De ahí que los esfuerzos políticos, institucionales y académicos deban converger en un paquete de medidas específicas para cada ámbito prioritario —confianza en las instituciones, percepción de seguridad, justicia en la distribución de recursos y oportunidades—, articuladas en un proyecto coherente cuyo horizonte sea, precisamente, fortalecer la cohesión social.
