Agrotóxicos de alta peligrosidad para muchas mujeres de las zonas agrícolas del Valle de Autlán, en Jalisco, México, es una escena habitual ver a sus hijos regresar del campo con irritaciones, dolor de cabeza, náuseas y vómitos debido al uso de agrotóxicos, una práctica común en toda América Latina que carece de medidas para evitarla.
«Después de pulverizar, mi hijo [de 16 años] llegó con dolor de cabeza y vómito (…) cuando él fumiga, solo usa un paliacate [una máscara casera de tela] para cubrirse la nariz y la boca», cuenta Lidia Morales, una mujer indígena de Guerrero que se mudó hace casi una década a la comunidad agrícola de El Mentidero, en Autlán, en busca de mejores ingresos para su familia trabajando en el campo.
Jalisco es promovido como el «gigante agroalimentario de México» por su liderazgo en la producción de cultivos como aguacate, caña de azúcar, frambuesa y mora.
Pero también es líder en otro aspecto: las intoxicaciones por agrotóxicos de alta peligrosidad. Según datos de la Secretaría de Salud, en 2024 registró 72 casos, y hasta abril de este año ya sumaba 62.
Rodolfo González Figueroa, agroecólogo y promotor de procesos agroecológicos en la región, afirma que la cifra real es mucho mayor. Él calcula que más del 70% de los casos no llegan a recibir atención médica. «Si se registraran, el número sería alarmante«, observa.
Trabajadores informales expuestos a los agroquímicos de alta peligrocidad
Pero en El Mentidero, así como en muchas otras zonas agrícolas, viven trabajadores informales sin acceso a seguridad social. Por eso, las intoxicaciones por agrotóxicos de alta peligrosidad, son tratadas en casa. Las mujeres están acostumbradas a usar leche o limón para aliviar los síntomas.
«La intoxicación pasa, y al día siguiente ya están de vuelta en el campo, trabajando y fumigando de nuevo«, relata Alma Cisneros, otra madre de familia de El Mentidero. Su esposo falleció hace algunas semanas a causa de una intoxicación relacionada con el uso de Lannate, un potente insecticida que mata larvas e insectos chupadores de cultivos.
Lo que sucede en El Mentidero de intoxicaciones por agrotóxicos de alta peligrosidad se repite en numerosas zonas rurales de la región, donde adolescentes, niños e incluso bebés están expuestos diariamente a los agrotóxicos, incluidos los de alta peligrosidad, ya sea porque trabajan, viven o estudian junto a las áreas de fumigación, o porque entran en contacto con estos residuos dentro de sus propias casas, al comer, beber o jugar.
«No hay escapatoria, los estudios muestran que hay rastros de agrotóxicos en todo el entorno», dijo a SciDev.Net Cecilia Gargano, especialista en conflictos socioambientales e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina.
Aunque no existen cifras oficiales sobre la cantidad de menores expuestos a agrotóxicos de alta peligrosidad, se estima que podrían ser millones, considerando el número de niños y adolescentes que trabajan en el campo.
Niños que trabajan en el campo
En su informe de 2024, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) muestra que, en América Latina y el Caribe, hay 7,3 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que trabajan, y el 46% de ellos lo hace en actividades agrícolas, clasificadas por la propia OIT como peligrosas, en parte debido al uso de sustancias tóxicas.
La participación de niños y jóvenes en el trabajo agrícola no es nueva. Pero lo que algunos especialistas consideran revelador –y preocupante– es que los riesgos que enfrentan las infancias debido al uso de pesticidas y herbicidas configuran una crisis de salud pública que «estamos ignorando colectivamente».
Así lo describe un grupo de investigadores de Brasil, Costa Rica, Chile y México en un artículo de discusión publicado el 15 de agosto en la edición impresa de la revista Science of the Total Environment.
En el artículo, el grupo alerta que existen decenas de estudios en la región que muestran asociaciones entre la exposición de menores de edad a agrotóxicos y efectos adversos que van desde daños neurológicos y cognitivos hasta problemas respiratorios, alergias, leucemia y alteraciones hormonales y sexuales, entre otros.
Conseciencias en la salud materno-infantil
Sin embargo, a pesar de las evidencias científicas, los autores señalan que el tema ha sido descuidado en las agendas de salud del trabajador y de salud materno-infantil, y que esa invisibilidad retrasa respuestas políticas y compromete las evaluaciones de riesgo, las intervenciones eficaces, la atención médica y el monitoreo.
«Ningún actor va a resolver esto por sí solo», dijo a SciDev.Net Rafael Buralli, investigador de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de São Paulo (USP) y primer autor del artículo.
«Por eso hacemos un llamado a la acción para que todos (gobiernos, académicos, empresas, trabajadores y profesionales de la salud) asuman su responsabilidad y eviten que más niños sean expuestos a sustancias tóxicas«, afirma Buralli.
Asociaciones
De acuerdo con informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los niños corren un riesgo especial cuando están expuestos a agrotóxicos altamente peligrosos, en parte debido a su propio comportamiento (por ejemplo, el hábito de llevarse las manos a la boca) y también por su mayor ingesta en relación con su peso corporal.
«Un niño respira más veces que un adulto, consume más agua y más alimentos en proporción a su peso que un adulto», explicó a SciDev.Net Humberto González, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas Occidente), en Jalisco.
Por estar en fases de desarrollo, sus tejidos y órganos pueden sufrir daños más graves, a veces permanentes. Además, sus cuerpos son menos capaces de metabolizar y eliminar toxinas, lo que conduce a una dosis interna proporcionalmente mayor que en los adultos.
Sin embargo, en términos de evidencia científica, uno de los grandes desafíos para evaluar los riesgos de los agrotóxicos es la complejidad de establecer relaciones de causalidad.
«Quienes hacen epidemiología hablan de asociaciones, no de causalidad, porque no existe un único factor de riesgo y porque no podemos realizar pruebas con seres humanos; hacemos observaciones«, explica a SciDev.Net la médica Paulina Farías, investigadora de la Dirección de Salud Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en México.
Hay asociaciones mejor documentadas que otras. Farías clasifica como «contundente» la evidencia de exposición de mujeres embarazadas a insecticidas organoclorados (con enlaces de fósforo y carbono) y las alteraciones en la forma y movilidad de los espermatozoides en bebés de sexo masculino, así como efectos antiandrogénicos en sus genitales.
Julia Blanco, también investigadora del INSP, aportó evidencias sobre los efectos de la exposición a pesticidas (permetrina, metamidofos, metilparatión, atrazina, 2,4-D, clorpirifós, mancozeb, picloram, entre otros) de los padres desde tres meses antes y hasta un mes después de la gestación.
Ella encontró una asociación con un mayor riesgo de que sus hijos nacieran con malformaciones congénitas, como la anencefalia, que es, básicamente, la ausencia de cerebro.
Blanco explica que la evidencia más contundente es sobre los agrotóxicos de alta peligrosidad a corto plazo, que producen envenenamiento agudo en pocas horas y pueden incluso llevar a la muerte. «Cuanto menor es la cantidad necesaria para producir un efecto tóxico, más peligroso es», afirma.
Farías insiste en que, aunque existan diferentes grados de evidencia, «de forma general ya se sabe que los agrotóxicos son muy neurotóxicos, perjudican el sistema nervioso central».
Y hay un aspecto central sobre la infancia: cuanto más temprano ocurre la exposición, mayores serán los efectos en etapas posteriores de la vida.
Es lo que explica María Teresa Muñoz Quezada, profesora asociada del programa de epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, con base en estudios que analizan la exposición de niños al agrotóxico clorpirifós en diferentes momentos de sus vidas.
«Los niños que estuvieron expuestos en una etapa prenatal no solo presentan un desempeño neurocognitivo más bajo que aquellos que no fueron expuestos, sino que la sustancia blanca de sus cerebros también era más delgada», explica. Esto significa una menor densidad de mielina, sustancia esencial para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso.
En Costa Rica también se han realizado estudios longitudinales, acompañando a mujeres desde la gestación hasta el nacimiento y crecimiento de los niños. Berna van Wendel, profesora del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional de Costa Rica, relató síntomas de hipotiroidismo en gestantes expuestas al clorpirifós.
Además, «los niños y niñas nacieron más pequeños, más livianos y con un perímetro cefálico reducido en comparación con los niños no expuestos. Al cumplir un año, también observamos alteraciones en el desarrollo motor, cognitivo y socioemocional», explica la investigadora.
Julia Blanco advierte que, aunque la epidemiología no consiga comprobar relaciones de causa y efecto, una cosa es clara: «si existen sospechas fundamentadas de que un agrotóxico puede ser tóxico para la reproducción o potencialmente cancerígeno, debemos guiarnos por el principio de precaución: dejar de usarlo y buscar alternativas«.
En todas partes
En diferentes países, las infancias en zonas rurales suelen estar expuestas a agrotóxicos todo el tiempo y por diferentes vías. Una de las razones es que muchas veces comienzan a trabajar en el campo desde muy pequeños, ya sea porque sus padres no tienen con quién dejarlos, o porque necesitan contribuir con los ingresos de la familia.
Mariana Butinof, médica, especialista en salud comunitaria y profesora de la Universidad de Córdoba, en Argentina, explica que, desde un punto de vista occidental, puede parecer condenable que los niños trabajen, «pero la lógica de muchas comunidades es educar a los hijos en la cultura del trabajo. Desde pequeños aprenden a trabajar y a ayudar a la familia».
Al estar dentro o cerca de las plantaciones, los niños quedan expuestos a las fumigaciones realizadas con equipos manuales motorizados, aviones agrícolas o drones, y sin ningún tipo de protección.
«Ni siquiera existen equipos de protección diseñados para niños, porque, en teoría, no deberían estar trabajando. Entonces, cuando llegan a usarlo, el equipo no tiene el tamaño adecuado, incomoda y no protege de verdad. Esto también hace que reciban dosis aún mayores de agrotóxicos«, afirma la investigadora Paulina Farías.
Pero no es necesario estar en un área directamente fumigada para entrar en contacto con los agroquímicos: existe la llamada deriva, cuando el agrotóxico es transportado por la lluvia, el viento o el polvo en suspensión más allá del lugar donde fue aplicado.
Diversos estudios relacionan residuos de partículas en el agua y en los alimentos cosechados. En un libro sobre los efectos del glifosato, publicado recientemente en México, se menciona un riesgo cuatro veces mayor en estudios con niños que consumen manzanas y pepinos con frecuencia, en comparación con aquellos que no los consumen.
Además de los alimentos, ya se han encontrado residuos en la ropa de trabajo usada por los padres. «No hay separación entre el espacio laboral y el espacio de la vida cotidiana. Los agrotóxicos entran y salen de casa permanentemente por las botas, la ropa, los alimentos cosechados«, explica Butinof.
«A veces, la ropa de trabajo se lava junto con las demás prendas de la familia, y todo eso va generando exposición del grupo familiar«, añade la investigadora.
En algunos hogares de El Mentidero, hay bidones de glifosato y de otros insecticidas a medio usar. Según Rodolfo González, no es raro que las personas guarden pesticidas dentro de su casa o reutilicen recipientes vacíos como botellas de agua.
Esta disponibilidad no solo aumenta la vulnerabilidad de los niños, sino también la posibilidad de que personas, incluso menores de edad, utilicen estos productos para provocar intoxicaciones voluntarias.
«Se estima que entre el 15% y el 20% de todos los suicidios en el mundo son causados por intoxicación voluntaria con agrotóxicos, y es probable que esa cifra esté subestimada debido al estigma asociado al suicidio«, apunta la OMS en un informe de 2024.
El colonialismo químico
Una solución para reducir los riesgos para la salud infantil y adulta causados por los agrotóxicos parecería simple: prohibir el uso de Agrotóxicos Altamente Peligrosos (AAP). Sin embargo, alcanzar ese objetivo es complejo, en parte debido a un fenómeno que algunos especialistas describen como colonialismo químico.
«Significa que los países pobres usan productos químicos que están prohibidos en los países ricos. Por ejemplo, hay productos que se fabrican en Suiza, pero no pueden ser consumidos allí, entonces se envían a Brasil y se consumen en gran escala», afirma Buralli.
Existen diversos informes sobre este colonialismo. De acuerdo con la Red de Acción contra los Pesticidas (PAN) de Alemania, las empresas europeas participan en la exportación anual de miles de toneladas de agrotóxicos clasificados como prohibidos o no autorizados en la Unión Europea, como atrazina, diafentiurón, metidation, paraquat y profenofós.
Estos productos están prohibidos, pero «las empresas tienen libertad para producir agrotóxicos peligrosos en la UE y exportarlos a otros países con regulaciones más débiles, poniendo en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente«, afirma PAN Alemania.
Como resultado, en América Latina circulan cientos de sustancias tóxicas. Apenas en México, hace pocos días, la Red de Acción sobre Plaguicidas y sus Alternativas (Rapam) publicó un informe revelando que, de los 210 AAP autorizados en el país, 171 están prohibidos en otras naciones debido a sus efectos tóxicos de corto y largo plazo sobre la salud y el medio ambiente.
Algunos ejemplos son los herbicidas 2,4-D, diurón, fluazifop, glufosinato de amonio, glifosato y paraquat; los insecticidas clorpirifós, cipermetrina, fipronil, imidacloprid, malatión, metamidofos y tiametoxam; además de los fungicidas clorotalonil, compuestos de cobre, mancozeb, metalaxil, tebuconazol y tiofanato de metilo.
¿Por qué continúan siendo usados los agrotóxicos de alta peligrosidad?
Preguntó Fernando Bejarano, director de Rapam, durante la presentación del informe. «Todo esto es herencia de la Revolución Verde, en la que el modelo a seguir era el de la agricultura norteamericana, y se creía que era imposible producir sin venenos«.
Según Rodolfo González, el uso extensivo de agroquímicos de alta peligrosidad responde a un modelo que privilegia la productividad y la comercialización, en el cual gobiernos y productores rurales miden el éxito por la cantidad vendida.
«Es esa idea anticuada de un campo de vanguardia, con infraestructura, tecnología, monocultivo, que invisibiliza la diversidad, las semillas nativas, la salud y la agricultura originaria«, critica.
Bejarano es enfático: «Hoy sabemos que depender de agroquímicos de alta peligrosidd no es sostenible (…) y que los costos los pagamos con sufrimiento, impactos a la salud y daños al medio ambiente«.
Prohibir los AAP es necesario, pero no suficiente. Chile es uno de los países con más regulaciones y, sin embargo, muchos agrotóxicos prohibidos continúan en uso. «Un producto es prohibido, pero las empresas comienzan a venderlo más barato hasta acabar con el stock, y entonces la gente acaba consumiendo aún más de ese que de otros», explica Muñoz Quezada.
Detonantes del cambio, agrotóxicos de alta peligrosidad
Saraí Cisneros, ama de casa, recuerda el momento en que las intoxicaciones por agrotóxicos dejaron de ser normalizadas en El Mentidero. «Allí, al lado de la telesecundaria [sistema de enseñanza a distancia], había una plantación de tomate y pepino, y fumigaban con herbicidas fuertes justo en el horario en que los niños estaban en clase», contó.
En 2019 los estudiantes comenzaron a quejarse de olores intensos y, después, de dolores de cabeza, náuseas y mareos. Ante esto, las madres se movilizaron, presentaron una denuncia ante las autoridades municipales y pasaron a colaborar con Humberto González y otros investigadores de Ciesas para que analizaran la orina de sus hijos.
González ya había analizado algunas de las más de 200 muestras de orina de niños de preescolar y primaria en El Mentidero y encontró ocho tipos de agrotóxicos. En esta nueva recolección, hecha con 81 estudiantes de secundaria, constató que el 100% de los jóvenes tenían glifosato y 2,4-D en su organismo.
A partir de este momento, hubo un cambio. En 2021, se firmó un contrato de comodato (o préstamo) de tres años para desarrollar un proyecto de reconfiguración agroecológica y transformar la plantación en un espacio pedagógico demostrativo.
Durante tres años (de 2022 a 2024), el área dejó de ser fumigada con agrotóxicos de alta peligrosidad, el enfoque productivo fue abandonado y los estudiantes pasaron a cultivar alimentos sin venenos, aprendiendo sobre hortalizas orgánicas y biofertilizantes. «Los jóvenes se transformaron en un factor de cambio», cuenta, emocionado, Rodolfo González.
No fue un caso aislado. Gargano ha documentado un denominador común en muchos conflictos socioambientales de la región: cuando lo que está en juego es la salud de los niños, son las mujeres y las escuelas las que impulsan cambios, aprendizaje y transformación.
«Las mujeres han desempeñado un papel protagónico en los conflictos socioambientales, en la visibilización de la situación de la familia y, particularmente, de los daños a la infancia. No solo las madres, sino también las maestras rurales«, afirma la investigadora.
En las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las fumigaciones con agrotóxicos de alta peligrosidad cerca de las escuelas llevaron a decenas de maestras a crear la Red Federal de Docentes por la Vida, con el objetivo de impedir las fumigaciones próximas a los colegios.
Cuando ocurre una pulverización cerca de alguna escuela, las profesoras interrumpen las clases, llaman a los padres para que busquen a sus hijos y registran fotos para denunciar el caso.
Pero «al día siguiente tenemos que volver a la escuela, y tenemos que enfrentar el aire contaminado y permanecer en ese patio», relata en un video de la Red la profesora Marcela Murguía, de la Escuela n.º 10 de la localidad de Alta Vista, en la provincia de Buenos Aires.
Prácticamente en ningún país de la región existen leyes rigurosas que prohíban o establezcan límites de distancia para las fumigaciones junto a las escuelas.
«Podemos encontrar disposiciones provinciales, municipales, decretos, pero no son uniformes, pudiendo variar de 50 a 1,500 metros, y no hay consecuencias para quien no las cumple», explica Gargano.
En Chile, Muñoz Quezada realizó intervenciones educativas con padres y niños de escuelas rurales para averiguar si una mayor percepción del riesgo podía contribuir a la disminución de agrotóxicos de alta peligrosidad en sus organismos.
Su conclusión es que estas intervenciones no funcionan si los niños continúan expuestos a un ambiente saturado de pesticidas. «Nos dimos cuenta de que el cambio no es responsabilidad de la familia, ni de la escuela, ni del niño, sino del Estado; es preciso tener políticas de justicia ambiental para evitar que existan zonas de sacrificio rural«.
Rodolfo González cree que la agroecología es un camino para esto, siempre que las mujeres sean quienes tomen las decisiones sobre la tierra. «Es preciso feminizar el campo. Donde hay una mujer trabajando, existe una agricultura diferente, diversa, orientada a la salud antes que a los negocios».
Lo dice mientras observa lo que quedó de la huerta escolar que ayudó a crear. El proyecto terminó hace algunos meses y, en pocas semanas, el área volverá a ser «productiva» y, en consecuencia, nuevamente fumigada junto a la escuela.
No consigue esconder la frustración: «Mientras se continúe apostando por la máxima producción y el mayor rendimiento, en vez de apostar por la salud de los niños, la conservación, la diversidad y la familia, todo estará perdido».
Fuente: Aleida Rueda/SciDev.Net
