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El Ciudadano | Montevideo
@|Cuando el sindicato aprieta y el Estado paga.
El conflicto en el sector pesquero uruguayo dejó pérdidas estimadas en 50 millones de dólares, no fue por tormentas, ni por mercados cerrados, ni por fallas logísticas, fue por una exigencia sindical: incorporar un tripulante adicional en la flota costera. La demanda no se justificaba por razones técnicas ni de seguridad, fue una imposición y cuando las empresas no cedieron, el sindicato paralizó la actividad.
La Cámara de Armadores denunció que incluso barcos que ya cumplían con las exigencias fueron afectados; la presión fue total. Barcos detenidos, pescado tirado, combustible perdido y en lugar de mediar con neutralidad, el Estado intervino; el presidente Orsi y el secretario de Presidencia propusieron una fórmula que incluye subsidios estatales para cubrir el salario del tripulante exigido, es decir, el Estado financia una demanda gremial que no surge de una negociación libre, sino de una coacción.
La Prefectura Naval recibió presiones políticas para impedir que las empresas embarcaran personal no sindicalizados; legisladores oficialistas intervinieron directamente, se vulneró el principio de libertad de contratación, se utilizó el aparato estatal para reforzar una posición gremial y se hizo desde el poder político, no desde una instancia técnica ni jurídica.
Desde una perspectiva liberal, esto representa una distorsión grave del rol del Estado. El Estado no está para premiar la presión, está para garantizar reglas claras, libertad de trabajo, y neutralidad institucional; cuando el Estado financia el resultado de una extorsión, institucionaliza el chantaje y cuando lo hace en nombre del diálogo, lo que promueve es el clientelismo sindical.
La Constitución uruguaya establece que nadie puede ser obligado a formar parte de una asociación, también garantiza la libertad de trabajo, ambos principios fueron vulnerados. No por una ley, sino por una práctica política que confunde gobernabilidad con favoritismo.
Este episodio no es menor, marca un precedente, si cada conflicto gremial termina con subsidios estatales y presión política sobre organismos técnicos, el equilibrio institucional se rompe y el mensaje es claro: el que produce, pierde; el que presiona, gana.
Uruguay necesita un Estado que defienda la libertad, no que administre privilegios. Lo que ocurrió en la pesca no fue una negociación, fue una cesión y cuando el Estado cede ante la presión, deja de ser árbitro y se convierte en parte.
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