Diario HOY | Incautan avioneta, droga y otras evidencias en Santaní: hay cuatro detenidos

Personal del Departamento Especializado Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos el viernes último ejecutó un allanamiento en un establecimiento rural situado en la Colonia Kururuo del distrito de Santaní, departamento de San Pedro.

Dicho procedimiento, que fue acompañado por la fiscal Elva Cáceres, permitió la incautación de una serie de evidencias que, se presume, estarían ligadas a una estructura criminal.

La lista incluye una avioneta tipo Cessna con matrícula boliviana CP3251, además de dos camionetas (una Toyota Fortuner y una Nissan Frontier), una motocicleta Kenton GL200 y tres teléfonos celulares.

De igual manera, los intervinientes encontraron restos de sustancia blanquecina impregnada en varias partes de la aeronave, cuyo análisis dio positivo a clorhidrato de cocaína.

Cuatro personas fueron detenidas durante el operativo. Se trata de Luis Darío Barreto (27), Librado Díaz Cañete (24), Juan Fernando Cañete (29) y Edward Vaca Hurtado (25), este último de nacionalidad boliviana. El mismo sería el piloto de la avioneta.

Esta intervención se llevó a cabo en el marco del Plan de Acción Contra el Abuso de Drogas – SUMAR.

A tempranas horas de este domingo se confirmó la detención de Martins Ralfh Owen González Dávalos, de 23 años, durante un procedimiento llevado a cabo por agentes policiales en el Km 8 Acaray de Ciudad del Este.

Este joven se encontraba al mando de un automóvil de la marca Chevrolet modelo Onix color rojo carmín, el cual circulaba sin chapa, detalle que llamó la atención de los uniformados.

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Al notar la presencia policial, el conductor decidió acelerar la marcha y darse a una rauda fuga, iniciándose una persecución que se extendió por varias cuadras hasta finalmente ser demorado.

Según menciona el informe policial, González se encerró dentro de su vehículo luego de ser interceptado, negándose a exhibir sus documentos personales. Luego de mucha insistencia, finalmente facilitó a los policías intervinientes su número de cédula.

Fue así como lograron confirmar su identidad en el sistema informático, donde apareció una orden de búsqueda y localización en su contra por omisión de auxilio, que data de julio pasado.

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Los antecedentes indican que González habría protagonizado un accidente de tránsito y luego decidió darse a la fuga, razón por la que acabó siendo procesado por el Ministerio Público.

Por disposición de la fiscal Julia González, este automovilista quedó detenido y su vehículo fue incautado.

La abogada Katia Guedes Vera, en representación de una asegurada del IPS con más de 30 años de aporte, había presentado un amparo constitucional para solicitar la provisión de un medicamento para el tratamiento contra el cáncer.

Se trata del Trastuzumab Deruxrecan, un fármaco oncológico que dicha paciente requiere con suma urgencia para poder iniciar sus sesiones y al que, hasta el momento, no pudo acceder.

Esta mujer decidió recurrir a la justicia para urgir a la previsional que le facilite el medicamento, sin embargo, la institución aún no ha cumplido con dicho pedido, pese a existir una sentencia judicial que le obliga a hacerlo.

La resolución, emanada el 21 de julio y confirmada por la Cámara de Apelaciones el pasado 6 de agosto, es ignorada por IPS, que se escuda en “trámites burocráticos y licitaciones interminables”, según la denuncia.

“No estamos hablando de un trámite administrativo. No estamos hablando de un trámite que puede esperar. Estamos hablando de la vida de una persona que confió durante tres décadas en un sistema de seguridad social al cual aportó mes tras mes, con la expectativa legítima de que, llegado el momento de ser necesario, dicho sistema cumpliría su parte”, menciona la carta abierta firmada por la profesional del derecho.

Guedes expuso como principales argumentos los artículos 4, 68 y 134 de la Constitución Nacional, al tiempo de acusar al IPS de un “desacato judicial”.

Esta paciente oncológica solicita que el Consejo de Administración del IPS cumpla con la sentencia para la provisión del medicamento de manera inmediata, ya que necesita continuar su tratamiento. Caso contrario, corre riesgo de empeorar su condición.

“Paraguay no puede tolerar que un asegurado con 30 años de aporte sea abandonado en el momento más crítico de su vida […] No se trata de política, se trata de humanidad, de justicia y de respeto por la vida”, finaliza la carta.

Julio César Gómez Vázquez (47) decidió filmar un video para exponer un supuesto hecho de tortura del que habría sido víctima durante su reclusión en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso).

El mismo alega haber sido agredido físicamente en este penal, ubicado en el departamento de Itapúa, donde se encuentra privado de su libertad luego de ser acusado de intentar introducir estupefacientes en la cárcel de Ciudad del Este, donde se desempeñaba como agente penitenciario.

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“Me jugaron todo, mi espalda está un desastre […] ni los presos juegan por mí y los guardias juegan por mí”, expresó Gómez en la filmación, al tiempo de solicitar la “intervención de Derechos Humanos”.

A través de un comunicado divulgado ayer, el Ministerio de Justicia se expresó tras surgir esta polémica y negó los hechos denunciados, desmintiendo un supuesto caso de tortura en el Cereso.

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Asimismo, señaló que el guardiacárcel fue atendido el pasado 22 de agosto por la Unidad de Salud Integral del establecimiento, cuyo informe médico habla de “una herida leve en el dedo del pie (uña encarnada)”, sin notarse otras lesiones. “El resto del examen físico fue normal, sin signos de violencia”, agrega.

La cartera de Estado afirma haber activado los protocolos de prevención de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos.