Diario HOY | Poravoty: Incoop aplica restricciones y Fiscalía investiga irregularidades

El presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Carlos Romero Roa, habló con el canal GEN sobre la delicada situación de la Cooperativa Poravoty Ltda., que atraviesa un proceso de liquidación tras detectarse graves irregularidades en su administración.

Romero Roa explicó que el caso se inició con una fiscalización realizada a comienzos de este año, la cual derivó en una intervención en enero. Durante ese proceso, el INCOOP remitió varias denuncias a la Fiscalía por hechos llamativos detectados. “No catalogamos nosotros las irregularidades, sino que comunicamos a la Fiscalía hechos llamativos para su investigación. En total se hicieron cuatro denuncias”, indicó.

El titular de INCOOP aclaró que la cooperativa no está cerrada, pero tiene vedada la recepción de ahorros y la concesión de créditos, aunque sigue habilitada para las cobranzas y la devolución de fondos. Actualmente, el proceso de liquidación está siendo acompañado por dos funcionarios del INCOOP, quienes actúan con voz pero sin voto.

Según Romero Roa, la cooperativa cerró al 30 de junio con pérdidas de G 295 millones, cifra muy superior a sus activos, lo que evidencia un manejo administrativo deficiente. “No podía seguir operando como si nada, recibiendo ahorros y otorgando créditos, teniendo pérdidas que superan ampliamente su capital”, explicó.

Entre los puntos más cuestionados, se mencionan compras de armas, propiedades con valores inflados y créditos simulados. La cooperativa fue originalmente fundada en 2011 por miembros de la familia policial —oficiales en servicio y retirados—, aunque con el tiempo amplió sus estatutos para incorporar socios civiles.

Actualmente, unos 2.300 socios se ven afectados, de los cuales 660 tenían depósitos a plazo fijo, representando el 85% del total de los ahorros.

El pasado viernes, el fiscal Óscar Delfino allanó la sede de la cooperativa en el marco de las investigaciones.

“Lo que la cooperativa necesita es una capitalización muy fuerte y, sobre todo, una buena gestión. Hoy tiene embargadas todas sus cuentas y varias deudas judiciales pendientes”, puntualizó Romero Roa.

Esta tarde se confirmó un aparatoso accidente de tránsito sobre la Ruta PY05, sobre el puente Nanawa de Concepción.

Dicho percance tuvo como protagonista a Diego Borja Ramírez, de 35 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta cuando impactó contra un camión de gran porte.

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Este sujeto aparece como principal sospechoso del feminicio de su pareja sentimental, Liz Antonia Salinas (25), ocurrido minutos antes del siniestro vial, en el barrio San Antonio de la mencionada localidad.

El comisario Gerardo Duarte, subjefe de Investigaciones de Concepción, indicó a la 730 AM que aún no se tiene certeza de si Borja sufrió el accidente en su huida o si intentó autoeliminarse, chocando de forma intencional contra el camión.

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Sobre el mismo ya pesaba una orden de restricción, a raíz de hechos de violencia familiar que protagonizó el año pasado contra la misma joven que ahora fue hallada sin vida en su vivienda.

Tras el accidente, Borja fue derivado al Hospital Regional de Concepción, donde permanece internado en estado grave, según el último reporte. El mismo ya cuenta con custodia policial, precisó el comisario.

En la tarde de este lunes se produjo un asesinato en jurisdicción del barrio San Antonio de la ciudad de Concepción.

La víctima fatal fue identificada como Liz Antonia Salinas, de 25 años, quien fue hallada sin signos de vida en su vivienda.

Los datos preliminares refieren que esta mujer fue atacada con un machetillo y posteriormente degollada, sufriendo una importante pérdida de sangre.

El principal sospechoso por este aparente caso de feminicidio es su pareja sentimental, Diego Borja Ramírez, de 35 años, quien se dio a la fuga luego de cometer el hecho a bordo de una motocicleta.

A pocos metros del cuerpo de la víctima hallaron el arma blanca utilizada para este brutal asesinato.

Ya tomaron intervención agentes de la comisaría local, junto a personal de Criminalística de la Policía Nacional y funcionarios del Ministerio Público.

Esta entrega marca el inicio de una vida segura y plena de oportunidades para los felices beneficiarios.

Las viviendas benefician a 36 familias del Asentamiento Sagrada Familia Km 11 Acaray y a 28 del Asentamiento Bello Horizonte Km 11 y 12 Acaray, que, desde hoy podrán construir sueños y crecer bajo un techo digno y de calidad.

La obra demandó una inversión de G. 6.511.219.904 y fue ejecutada por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), a través del Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis).

Además de dar respuesta a una demanda habitacional, este esfuerzo generó empleo en la zona, impulsó la producción nacional de materiales de construcción y contribuyó al desarrollo económico del país.