Las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantienen un pulso con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, con motines constantes desde que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a una cárcel de máxima seguridad para aislarlos.
Carmen Aída Ibarra, directora de Movimiento ProJusticia, criticó que el traslado de los cabecillas no fuese acompañado de medidas de prevención y aseguró que los motines se producen con facilidad, con guardias tomados como rehenes. Según ella, la situación evidencia falta de inteligencia civil y un mal manejo penitenciario, aunque destacó que a diferencia de gobiernos anteriores, la administración de Bernardo Arévalo sí combate los crímenes que se planifican desde prisión.
El presidente Arévalo y el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, han reiterado que no darán marcha atrás en el traslado. El aislamiento de los líderes les ha quitado privilegios como televisores y visitas ilimitadas, además de limitar la organización de extorsiones contra comerciantes y transportistas, que en 2024 generaron alrededor de 25.000 denuncias, según cálculos oficiales y de ONG.
El traslado se produjo tras el asesinato de siete personas en una funeraria de la capital, presuntamente a manos de la Mara Salvatrucha, durante el velorio de un integrante de la pandilla rival. Los cabecillas fueron enviados a la cárcel Renovación I, en Escuintla, inaugurada por el actual Gobierno. Pese a las críticas de expertos, Arévalo insiste en mantener el plan, aunque Ibarra advierte que «con quitar la cabeza no se desmorona la estructura».
