Diario HOY | Reforma de la Caja Fiscal: explican la situación a los docentes e inician diálogo

Felipe González Soley, viceministro de Economía, encabezó la reunión en la que recibieron a representantes gremiales de los docentes, con el objetivo de mostrar la realidad de la Caja Fiscal de Jubilaciones y Pensiones del sector Público, cuya sostenibilidad hoy está amenazada.

“Además de presentar información técnica, escuchamos las inquietudes y propuestas de los gremios. El objetivo es avanzar hacia un sistema de jubilaciones y pensiones más justo, equitativo y sostenible”, explicó Soley.

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Esta etapa es la de exposición de datos, con la posibilidad de llegar a una propuesta consensuada con los afectados.

El canal de diálogo se mantendrá abierto hasta construir la versión final del proyecto.

Los representantes docentes expresaron su preocupación por los alcances de los cambios y los sectores que se verán afectados por la reforma.

Al cierre de junio de 2025, la Caja Fiscal registra un déficit acumulado de USD 153 millones. Las proyecciones estiman que este descalce podría ascender a USD 300 millones para fin de año, según el director general de Jubilaciones y Pensiones, Jorge Delgado.

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Desde la firma, celebraron con orgullo la certificación internacional por la excelencia y la mejora continua de sus productos, garantizando que cada orquídea que llega al cliente cumpla con los más exigentes estándares internacionales.

Raquel Viola, gerente de Desarrollo Organizacional del Grupo Chimarni, mencionó que la certificación es un logro y un sello de garantía a las orquídeas.

“Lograr esta certificación es demostrar que sí, estamos trabajando bien, como creemos que trabajamos realmente”, expresó al canal GEN/Nación media.

Destacó al equipo de trabajo de Floricultura, como el factor más grande para alcanzar el reconocimiento ISO.

La certificación ISO 9001:2015 otorga a Floricultura del Paraguay mayor credibilidad y competitividad en mercados locales e internacionales, un sello de calidad que transmite confianza y respaldo y la capacidad de responder con innovación, superando expectativas en cada entrega.

A casi una semana de haber culminado la intervención a la Municipalidad de Asunción, un día después de haber publicado íntegramente los informes de la capital y de Ciudad del Este, el Poder Ejecutivo remitió cinco carpetas que contienen indicios de presuntos hechos punibles económicos cometidos en la administración del exintendente Óscar Rodríguez.

“En este momento, me informan que en UDEA, que es la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, que también tienen mesa de entrada para acontecimientos de gran impacto, tienen cinco carpetas que deben verificar porque son innominados y a determinar. El Ejecutivo remitió eso al Ministerio Público ahora y estamos en tren de procesamiento”, confirmó el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en una entrevista con la 1080 AM.

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En este momento están analizando los datos para luego, eventualmente, conformar un equipo de trabajo, como lo establece el mecanismo adoptado para casos grandes y de crimen organizado.

“En Delitos Económicos entran los acontecimientos de gran magnitud económica, tienen un monto establecido y si se reúnen los requisitos, se inicia. Suponemos que son nuevos casos porque habla de hechos punibles a determinar, una vez que tengan la dimensión de los acontecimientos y de los daños, entonces, se procede”, comentó.

El interventor Carlos Pereira había mencionado la existencia de hechos punibles a determinar, que serían reportados al Ministerio Público para la pesquisa.

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Funcionarios de la comuna capitalina, acompañados por agentes policiales, en la jornada de ayer se apersonaron en el barrio ubicado en cercanías del mirador para hacer entrega de una notificación judicial.

Dicho documente ordena una “inmediata desocupación”, con carácter de urgencia, de las viviendas ubicadas cerca de Itá Pytã Punta, a fin de proceder posteriormente a su demolición.

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La orden fue emitida bajo apercibimiento de que, de no acatarse dicha resolución, trabajadores de la municipalidad tendrán potestad de proceder directamente al desalojo de los habitantes.

Vecinos del mirador expresaron su rotundo rechazo a esta posibilidad, negándose a abandonar los hogares en los que residen desde hace varios años. “Estamos en pie de guerra”, afirmó uno de los afectados al canal C9N.

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Este poblador cuestionó la forma en que las autoridades están manejando este asunto, en un actuar que catalogan como “atropello”. Asimismo, lamentó que no se haya conformado una mesa de trabajo ni tampoco les hayan informado sobre un eventual plan de reubicación.

Unas 22 familias se encentran afectadas por esta orden de desalojo, en su mayoría pobladores antiguos de Itá Pytã Punta, que ahora temen perder sus moradas de toda la vida.