Las economías criminales ya no son fenómenos locales ni actividades marginales: constituyen sistemas paralelos de poder que erosionan instituciones, contaminan mercados y distorsionan la vida democrática en toda América Latina, España y Europa. La interconexión entre continentes es evidente. Los flujos ilícitos que parten de las selvas amazónicas terminan en puertos europeos; las redes de blanqueo que se articulan en Madrid o Barcelona reciclan capitales de carteles latinoamericanos; y la corrupción que lubrica estos engranajes traspasa fronteras con una velocidad mayor que la de cualquier política pública.
En Colombia, las economías ilegales —narcotráfico, minería ilícita, contrabando, tráfico de migrantes y lavado de activos— han dejado de ser negocios aislados para convertirse en estructuras de poder territorial. En regiones donde el Estado es débil o ambiguo, estas redes imponen reglas, administran justicia paralela y financian la violencia. La represión militar y la erradicación forzosa han mostrado su límite: los grupos criminales poseen una extraordinaria capacidad de adaptación y ocupan con rapidez cada vacío institucional.
España, por su parte, se ha consolidado como puerta de entrada del narcotráfico latinoamericano a Europa. El hachís que cruza el Estrecho de Gibraltar, la cocaína que arriba a Galicia desde Sudamérica y las operaciones de lavado inmobiliario en la Costa del Sol son solo ejemplos de un mismo fenómeno: la permeabilidad de economías legales frente a capitales ilícitos. La conexión es directa. Los mismos carteles que desangran territorios colombianos y mexicanos son los que compran voluntades en puertos europeos, aprovechan vulnerabilidades regulatorias y reinvierten sus fortunas en negocios aparentemente legítimos.
La Unión Europea enfrenta también su propia versión de esta amenaza. El tráfico de personas a través del Mediterráneo, el contrabando de tabaco en Europa del Este o la infiltración de mafias en licitaciones públicas de Italia y los Balcanes muestran que la economía ilegal no reconoce fronteras. Lo que sucede en Tumaco, Sinaloa o el Darién no es ajeno a lo que ocurre en Algeciras, Amberes o Róterdam. La cadena es la misma: producción ilícita, transporte global, lavado financiero y corrupción política.
La corrupción, de hecho, es el cemento de esta arquitectura transcontinental. Difumina las fronteras entre lo legal y lo ilegal, permite que los recursos criminales penetren en la política y distorsiona la competencia económica. En demasiados municipios latinoamericanos, alcaldías y organismos de control han sido capturados. En España y Europa, el blanqueo inmobiliario, las sociedades pantalla en paraísos fiscales y los sobornos en contratos públicos muestran que la infiltración tampoco es ocasional: es estructural. El lavado de activos es la bisagra que une todos los mundos, transformando fortunas criminales en inversiones respetables y contaminando sectores legítimos desde la construcción hasta el deporte profesional.
El desafío se concentra en tres áreas. El territorio, porque el poder real se disputa en corredores estratégicos —selvas, ríos, fronteras, puertos y rutas marítimas— que solo pueden recuperarse con presencia estatal integral, no solo militar. La institucionalidad, porque la fragilidad de entes locales facilita la infiltración, fenómeno que atraviesa de América Latina a la Unión Europea. Y la economía, porque los flujos ilícitos se insertan en mercados globales, lo que convierte el riesgo en sistémico y no periférico.
Persistir únicamente en la represión equivale a mantener un modelo estéril. La transformación exige instituciones sólidas, con legitimidad y capacidad de enfrentar tanto el crimen organizado como la corrupción estructural. Las comunidades deben tener capacidad real de decisión sobre su futuro. Las promesas de largo plazo deben articularse con resultados inmediatos: sin efectos visibles en meses, la frustración social alimenta el mismo ciclo que se pretende romper.
La tecnología puede ser un aliado decisivo. Plataformas digitales de denuncia, sistemas de georreferenciación para mapear riesgos, algoritmos que detecten patrones de corrupción y cooperación interinstitucional en tiempo real permitirían una respuesta más ágil. En Europa, los sistemas de alerta en aduanas y puertos han logrado decomisos históricos; en América Latina, las herramientas digitales aún son incipientes, pero con el potencial de multiplicar la eficacia del Estado si se garantizan seguridad digital y protección de denunciantes. La tecnología no sustituye al Estado, pero puede potenciarlo.
El reto es compartido. América Latina aporta la producción y el sufrimiento directo de la violencia. España y Europa son receptores, distribuidores y lavadores de buena parte de esos flujos ilícitos. El crimen organizado no distingue entre hemisferios: conecta laboratorios de cocaína en la Amazonia con discotecas en Ibiza, minas ilegales en el Chocó con constructoras en Lisboa, redes de trata en Centroamérica con burós de empleo clandestino en Berlín. La respuesta tampoco puede ser local: requiere coordinación judicial, cooperación policial, armonización regulatoria y, sobre todo, una nueva imaginación política capaz de ir más allá de la represión.
Las economías ilegales son la verdadera globalización de la ilegalidad. Solo con instituciones firmes, ciudadanía empoderada y una estrategia transnacional será posible revertir su avance. De lo contrario, lo que hoy erosiona democracias frágiles en América Latina terminará minando también los cimientos de las europeas.
