Diario HOY | Reunión entre autoridades y choferes de buses queda en cuarto intermedio

Cerca de las 14:00 hs culminó la reunión tripartita entre autoridades del Ministerio de Trabajo, el Viceministerio de Transporte y representantes del gremio de choferes de buses.

Dicho encuentro acabó de manera infructuosa, ya que no se llegó a ningún acuerdo concreto y, por ende, se decidió llevarlo a un “cuarto intermedio”.

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Para el día lunes a las 15:00 hs se prevé reanudar este espacio de diálogo al que fueron invitados los transportistas, quienes anunciaron un paro general para la próxima semana.

Desde el sector de los choferes reclaman no haber sido tenidos en cuenta en el proceso de debate y elaboración del proyecto de Reforma del Transporte Público.

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De momento, la huelga general sigue en pie para el miércoles 3 y jueves 4 de septiembre próximos.

El viceministro Emiliano Fernández destacó la apertura al diálogo de los conductores de ómnibus, al tiempo de reiterar que, en su momento, hicieron una socialización del citado proyecto, que ya se encuentra en el Congreso para su respectivo análisis.

“Recibimos fotografías de notas en donde algunos maestros entraban con las hojas de respuestas ya completas, gente que sacaba fotos, mandaba a revisar las respuestas y luego recibían de nuevo”, mencionó el ministro Luis Ramírez en entrevista con el canal GEN.

En vista a las múltiples denuncias recibidas, desde el MEC dieron apertura a un sumario administrativo, que acabó derivando en la suspensión temporal de este proceso para formar parte del Banco de Datos de Docentes Elegibles.

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Las irregularidades fueron detectadas en Guairá, Cordillera, San Pedro, Canindeyú y Caaguazú, según indicó. En este último departamento se descubrió que, inclusive, hubo funcionarios que habrían tenido complicidad y que ya fueron separados de sus cargos.

Ramírez resaltó que la investigación busca llegar a los responsables de este aparente fraude y, a partir de allí, “tomar decisiones y definiciones”.

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“Con el resto todavía tenemos que hacer un análisis”, aclaró el titular del MEC, precisando con ello que prosiguen las verificaciones de las demás pruebas escritas rendidas por otros maestros.

Desde la cartera educativa reafirmaron su compromiso de reforzar las exigencias y controles para evitar futuros fraudes. Una de las alternativas es reducir la cantidad de sedes de los exámenes, así como la incorporación de la tecnología.

El pedido se enmarca en lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo n.º 4059/2025 y la Ley n.º 977/1996, considerando que el interventor designado, Carlos Pereira, ya presentó dicho informe, el cual podría contener elementos de relevancia penal.

En paralelo, el Ministerio Público analiza un conjunto de denuncias presentadas por el interventor ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos, a fin de determinar si corresponde la apertura de causas penales.

Entre ellas se mencionan: irregularidades en los procesos de habilitación de comercios, prescripción de más de un centenar de actas de intervención municipal que no fueron comunicadas en tiempo y forma, ofrecimiento y venta de cargos públicos, hecho que ya constituye una causa asignada a una agente fiscal; y presunta alteración de datos en los sistemas informáticos municipales, vinculada a la modificación de metrajes de propiedades con impacto en el cobro de impuestos, derivada a la Unidad de Delitos Informáticos.

Estas diligencias forman parte del seguimiento que realiza el Ministerio Público a los informes derivados del proceso de intervención, con el objetivo de garantizar el control de legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.

El proyecto de ley “Que regula la adopción de personas mayores de edad en Paraguay”, fue presentado por el diputado Carlos Pereira con la finalidad de establecer un marco legal que regule la tenencia de un adulto.

A diferencia del régimen previsto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, centrado en la adopción de menores, este proyecto busca reconocer vínculos socio afectivos consolidados entre personas adultas, con el fin de otorgarles efectos jurídicos, propios de la filiación, cuando exista un interés legítimo debidamente acreditado.

Según refirió el proyectista, esto responde a una necesidad real y concreta de nuestro tiempo, donde las relaciones familiares ya no se definen exclusivamente por lazos biológicos, sino también por el afecto, la convivencia y el reconocimiento social.

Según el proyecto, podrá solicitar la adopción de una persona mayor de edad quien reúna algunos requisitos como tener al menos 36 años de edad, poseer plena capacidad jurídica, acreditar una diferencia mínima de edad de 18 años con el adoptado y no estar vinculado con el adulto.