Por años, los cárteles de la droga en América Latina han operado de una manera similar a las grandes corporaciones transnacionales, ya que dividen sus operaciones en distintas áreas para poder controlar desde el cultivo y producción de ciertas drogas hasta su distribución.
De acuerdo con el especialista en seguridad Jaime Eduardo Arango, en términos generales, Colombia en un país productor de drogas; mientras que los cárteles mexicanos, como el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco “nueva generación” y el cártel de Golfo, junto con el Cártel de los Soles en Venezuela, son los encargados de definir las rutas y la logística para distribuir las drogas a Estados Unidos y Europa.
“Colombia es un productor. Colombia tiene cultivos y laboratorios y hombres en armas que garantizan la producción”, explicó Arango a CNN. “Los mexicanos y el Cártel de los Soles lo que proveen es rutas, lo que proveen es logística para poder llevar la cocaína hacia Estados Unidos”, agregó.
El experto explicó que la logística es la que provee mayor valor a la escala ilícita y cita a otros analistas que señalan que el Cártel de los Soles mueve alrededor del 35 o 40 por ciento de la droga que se produce en Colombia y los mexicanos el resto. “Ellos se encargan después de llevarlos a los pequeños distribuidores en territorio de los Estados Unidos y en Europa”, añadió.
La administración Trump, contra los cárteles de drogas
El gobierno de Estados Unidos, desde la llegada del presidente Donald Trump, ha implementado varias acciones contra los cárteles de drogas extranjeros. Desde designarlos como organizaciones terroristas hasta ordenar el uso de las fuerzas armadas para combatirlos.
En febrero, el Departamento de Estado anunció la designación de Tren de Aragua (TdA), Mara Salvatrucha (MS-13), cártel de Sinaloa, cártel de Jalisco “nueva generación” (CJNG), cártel del Noreste (CDN), la nueva familia michoacana (LNFM), cártel de Golfo (CDG) y “Cárteles Unidos” (CU) como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT).
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“Las designaciones terroristas exponen y aíslan a entidades y personas, negándoles el acceso al sistema financiero estadounidense y a los recursos que necesitan, para llevar a cabo atentados. Como resultado de las medidas adoptadas, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o que estén en posesión o bajo el control de una persona estadounidense quedan bloqueados, y en general se prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con estos. Además, las designaciones pueden ayudar a las acciones policiales de otras agencias de Estados Unidos y otros Gobiernos”, compartió la agencia en ese momento.
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