América Latina se consolidó como la región más violenta del mundo en términos de homicidios con el 33% de los asesinatos globales, según el Anuario de Seguridad de América Latina 2025 realizado por Prosegur Research.
El informe reveló cómo el crimen organizado ha evolucionado en escala, estructura y capacidad operativa en Latinoamérica, expandiéndose a través de fronteras y diversificándose hacia actividades ilícitas como narcotráfico, trata de personas y contrabando.
Según el estudio, América Latina vive un escenario complejo marcado no solo por el aumento de la violencia en varios países impulsado por el crimen organizado y las economías ilícitas, sino también por la debilidad institucional y las restricciones presupuestarias que dificultan políticas de prevención y control.
En Argentina, por ejemplo, aunque las tasas de homicidios se mantienen por debajo del promedio, la sofisticación del crimen organizado experimentó un crecimiento en zonas como Rosario, donde el narcotráfico se ha instalado como fenómeno un estructural.
De acuerdo con expertos, las estrategias para combatir el crimen deben ser integrales, combinando acciones de represión con políticas de prevención, desarrollo social y fortalecimiento institucional. Esto además de políticas diferenciadas según el tipo de grupo criminal, la mejora de la cadena de seguridad pública y una mayor cooperación internacional para enfrentar redes ilícitas que operan más allá de las fronteras.
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Seguridad Privada como apoyo esencial
La criminalidad impacta también en las economías, pues las empresas se han visto expuestas a mayores riesgos de robos, fraudes, extorsiones y ataques a la logística.
Por ejemplo, en Argentina, los robos y hurtos se mantienen en niveles altos, con incrementos del 28% en el robo de automotores durante 2023 y alzas del 15% en los robos y hurtos en la Ciudad de Buenos Aires.
En este contexto, la seguridad privada se ha convertido en un actor de apoyo esencial, complementando el trabajo de las fuerzas públicas y cubriendo áreas donde la respuesta estatal es insuficiente.
Según cifras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el número de agentes de seguridad privada en América Latina supera con creces al de las fuerzas policiales en muchos países.
Se estima que hay aproximadamente 4 millones de guardias privados frente a 2,4 millones de policías.
Por eso, la seguridad provada se convierte en un complemento clave de la seguridad pública, aunque uno de sus principales desafíos está en avanzar hacia regulaciones claras, estándares profesionales y mecanismos de fiscalización eficaces.
