El expresidente brasileño Jair Bolsonaro conocerá a partir del martes 2 de setiembre de 2025 su suerte en el juicio que enfrenta por golpismo, una cita histórica para la democracia en Brasil, en la que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, se reservó un papel apoyándolo.
Cinco jueces del tribunal supremo, incluido el emblemático y criticado Alexandre de Moraes, se reunirán durante cinco jornadas de audiencia entre el 2 y el 12 de setiembre en Brasilia para decidir si condenan o absuelven al exjefe de Estado (2019-2022) y a siete de sus excolaboradores.
La acusación es inédita y el desafío inmenso para la primera potencia de América Latina, enfrentada a una guerra comercial lanzada por el presidente estadounidense con la esperanza de salvar a su aliado Bolsonaro.
Con 70 años, el exmandatario se expone a unos 40 años de prisión por, según la acusación, haber conspirado para garantizar su “mantenimiento autoritario en el poder” a pesar de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de 2022. De acuerdo a la fiscalía, el plan contemplaba incluso el asesinato de Lula antes de su investidura, y también del juez Moraes, con el “consentimiento” de Bolsonaro.
El líder de la derecha y extrema derecha de Brasil niega en bloque las acusaciones y denuncia una “persecución política”.
Interrogado por el supremo en junio, Bolsonaro simplemente reconoció haber intentado buscar “un dispositivo constitucional” para impedir la instalación de Lula. En arresto domiciliario desde hace casi un mes en la capital brasileña y con tobillera electrónica, prevé seguir desde su casa el desenlace de su juicio, retransmitido en directo, según una fuente de su entorno.
Foto: EFE
Un juez brasileño ordenó el sábado nuevas medidas para reforzar la vigilancia de Bolsonaro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario desde principios de agosto, a pocos días de la fase final de su juicio por un presunto intento de golpe de Estado.
En un documento judicial al que accedió la AFP, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes dictaminó “inspecciones en el interior y el maletero de todos los vehículos que salgan de la residencia” de Bolsonaro, ubicada en un complejo residencial de lujo en Brasilia. El magistrado también ordenó la vigilancia de “el área exterior de la residencia (…) adyacente a las viviendas vecinas”. Justificó esa medida por la solicitud de la administración penitenciaria de Brasilia, según la cual hay “puntos ciegos” no visibles desde la fachada de la residencia, lo que representaría un “riesgo” de fuga.
“Otra decisión ilegal, paranoica, y que invade la vida privada de las mujeres de la casa de Bolsonaro. Una humillación para Michelle (esposa de Jair), para Laura (su hija), que es menor, y para un expresidente de la república honesto e inocente”, reaccionó en X Flavio Bolsonaro, hijo mayor del exjefe de Estado (2019-2022).
El pasado martes, la Policía Federal solicitó autorización para vigilar el interior de la vivienda del expresidente, pero la Fiscalía se opuso. El lunes, De Moraes, que preside el juicio contra el expresidente en el Supremo Tribunal Federal, ya había reforzado las medidas de vigilancia, ordenando una presencia policial permanente frente a su residencia.
Días pasados, investigadores afirmaron haber encontrado un documento en el teléfono del expresidente que contenía una “solicitud de asilo político” en Argentina dirigida al mandatario Milei.
Para el desenlace judicial de esta semana, habrá alrededor del edificio del supremo un despliegue policial reforzado. El lugar en sí mismo es un símbolo.
El 8 de enero de 2023, ese tribunal fue, junto con el palacio presidencial y el Congreso, asaltado y saqueado por miles de bolsonaristas que exigían una intervención militar, una semana después de la investidura de Lula.
Foto: AFP.
Independientemente de si es condenado y encarcelado, Bolsonaro ya es, por su arresto domiciliario, el cuarto expresidente brasileño en ser detenido desde el retorno de la democracia. Lula de Silva, de 79 años, estuvo encarcelado durante 580 días entre 2018 y 2019 tras haber sido condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, una sentencia que posteriormente fue anulada por defectos de forma.
Con información de AFP y EFE
