El caso $Libra estalló en febrero de 2025, cuando Karina Milei —secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente— promocionó públicamente la criptomoneda. La cotización se disparó y poco después los fundadores, que controlaban el 70 % del circulante, vendieron masivamente, provocando un derrumbe del 85 % en su valor y dejando a miles de ahorristas en la ruina. La maniobra fue denunciada como un “pump and dump” y derivó en causas judiciales por cohecho, tráfico de influencias y violación a la Ley de Ética Pública.
A esa polémica se sumó la filtración de audios que involucraban al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, describiendo un esquema de sobornos en el que mencionaba a Karina Milei. Luego se conocieron nuevas grabaciones hechas en la Casa Rosada, donde se la escuchaba en diálogo con su equipo. Aunque el contenido era menor, el hecho de haber sido registrada dentro de su despacho generó una tormenta política.
El Gobierno reaccionó denunciando una “operación de inteligencia ilegal” e impulsó una ofensiva judicial para frenar la difusión de las grabaciones. Un juez federal dictó una medida cautelar que prohibió publicarlas, aun sin haber accedido a la totalidad de los audios, lo que abrió un fuerte debate sobre censura previa. Paralelamente, el Ministerio de Seguridad solicitó el allanamiento de Carnaval Stream y de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes habían difundido el material. La medida fue repudiada por legisladores de la oposición y organismos de prensa que la consideraron un grave retroceso para la libertad de expresión.
En este marco, la Comisión Investigadora por el caso $Libra en Diputados pidió citar a Karina Milei y al ministro del Interior, Guillermo Francos, para que den explicaciones. Se advirtió que, en caso de no presentarse, podrían ser llevados por la fuerza pública mediante orden judicial. Durante la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión, Jorge Rial cuestionó duramente el accionar del Ejecutivo y lanzó: “¿El Gobierno va a llevarse puestas todas las libertades? Hay que encarrilarlos dentro de la ley”.
La crisis se profundiza en el Congreso, donde la oposición busca encuadrar al oficialismo dentro de los límites constitucionales. En palabras de uno de los diputados presentes, “la Constitución Nacional es criptonita para este Gobierno”.
