La Justicia Federal de Río Grande dio lugar a un amparo de la Asociación Rural de Tierra del Fuego y frenó por 30 días la resolución del Senasa que permitía el ingreso de carne con hueso desde el norte de la Patagonia.
El gobierno nacional sufrió un nuevo traspié en la Justicia. La jueza Mariel Borruto, a cargo del Juzgado Federal de Río Grande, hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Asociación Rural de Tierra del Fuego y suspendió por 30 días los efectos de la Resolución 460/2025 del Senasa, que flexibilizaba el ingreso de cortes con hueso desde el norte de la Patagonia hacia el sur.
La decisión judicial se suma a los cuestionamientos previos a otras medidas del Ejecutivo, y mantiene encendida la polémica por la histórica barrera sanitaria patagónica, que protege a los rodeos bovinos de la región, libres de aftosa sin vacunación.
Hasta ahora, el ingreso de carne con hueso estaba prohibido para preservar ese estatus. Pero el Senasa resolvió permitir cortes con hueso plano —como asado de costilla y falda— bajo ciertos requisitos sanitarios. El organismo sostuvo que la modificación no afectaría ni la producción local ni el acceso a mercados internacionales.
Los productores ganaderos del sur rechazaron de plano la medida y presentaron recursos administrativos y judiciales en distintas provincias, alegando que pone en riesgo décadas de trabajo conjunto y la apertura de mercados internacionales.
La jueza Borruto entendió que la resolución del Senasa carece de fundamentación suficiente y podría generar riesgos económicos, sociales y ambientales graves, además de afectar el estatus sanitario diferencial de la región. En su fallo también se consideró que Chile suspendió el reconocimiento de la Patagonia como zona libre sin vacunación tras la entrada en vigencia de la normativa.
La cautelar permanecerá vigente durante un mes, período en el cual la Asociación Rural deberá constituir una caución real de 5 millones de pesos. Mientras tanto, la controversia por el futuro de la barrera sanitaria continúa abierta y ya suma capítulos en Río Negro y Santa Cruz, donde también se tramitan recursos judiciales.
