Hugo Passalacqua presentó un amparo ante la Corta Suprema para reclamar el restablecimiento de las pensiones por discapacidad suspendidas por el Gobierno de Javier Milei, acción que marca un alejamiento del Gobernador de Misiones tras actuar como aliado de La Libertad Avanza en el Congreso.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, instruyó al fiscal de Estado provincial a presentar una acción de amparo ante la Corte Suprema contra el Gobierno nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por los recortes implementados en las prestaciones para personas con discapacidad.
La demanda, identificada bajo el expediente Nº 2128/2025, busca el restablecimiento inmediato del pago de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios conexos que fueron suspendidos desde marzo de 2025. Según el mandatario provincial, estas medidas fueron adoptadas de “manera ilegítima” por parte de la administración nacional.
El planteo judicial plantea el restablecimiento inmediato de los pagos suspendidos y el pago de todos los retroactivos adeudados, la nulidad de las auditorías implementadas por ANDIS por considerarlas realizadas con “irregularidades y sin contemplar los ajustes razonables y salvaguardas”.
Además, exige la normativa internacional y la implementación de nuevos procesos de control que sean “transparentes, profesionales y accesibles”. Como medida cautelar, la provincia solicitó que ANDIS y el Estado Nacional “se abstengan de suspender nuevos beneficios” mientras dure el proceso judicial.
Esta decisión se fundamenta en que el recorte de pensiones afecta a “uno de los sectores más vulnerables de la sociedad” y genera un impacto inmediato en la vida cotidiana de miles de familias que dependen de estos recursos para garantizar su alimentación, medicamentos y tratamientos médicos.
La demanda también argumenta que la suspensión de estos pagos constituye una violación a los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional con jerarquía constitucional en Argentina.
De esta forma, Misiones busca un pronunciamiento urgente de la Justicia para restablecer el flujo de fondos y garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad.
He instruido al fiscal de Estado a promover una acción de amparo en el marco del expediente Nº 2128/2025, “MISIONES PROVINCIA DE C/ESTADO NACIONAL Y OTRO S/AMPARO”, solicitando al Poder Judicial el inmediato restablecimiento del pago de las Pensiones No Contributivas por… pic.twitter.com/e5tTLKWoWY
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) September 3, 2025
Misiones se despega del Gobierno de Javier Milei
Previamente, la presidenta del Consejo Provincial de Discapacidad de la provincia, Tatiana Antúnez, había presentado un amparo con recurso de no innovar ante el Juzgado Federal de Posadas. La funcionaria tomó esta decisión después de que se ignoraran los pedidos para garantizar auditorías claras y sin vulnerar derechos.
El vicegobernador Lucas Romero Spinelli había denunciado que en Misiones “hace varios meses, hay muchos derechos que están siendo vulnerados, especialmente de las personas con discapacidad que reciben el beneficio de pensiones no contributivas”.
Según sus declaraciones, existen “cientos de casos de intimaciones que nunca llegan al domicilio; de lugares que no existen; de personas que no van a verificar cuando la gente está y ni hablar de cientos de personas que ni siquiera están en condiciones de movilizarse para realizar la auditoría”.
Romero Spinelli aclaró que el gobierno provincial no se opone a los controles, ya que “son necesarias, pero sin vulnerar y sin socavar los derechos de las personas que más nos necesitan”. El objetivo del recurso, según explicó, es “volver al momento cero de todos aquellos misioneros que han perdido injustamente su beneficio“.
Estas acciones judiciales marcan un distanciamiento entre el Ejecutivo misionero y la administración de Milei, lo que resulta particularmente llamativo considerando que hasta ahora el oficialismo nacional había contado con apoyo legislativo de diputados y senadores de esa provincia.
El cambio de posición de Misiones se vuelve más evidente al recordar que hace apenas dos semanas, Passalacqua y su jefe político, el exgobernador Carlos Rovira, enviaron a sus diputados a sostener el veto de Milei a un aumento mínimo para los jubilados.
Con la abstención de sus cuatro diputados, la oposición no pudo voltear el veto presidencial. Sin embargo, ahora el mismo mandatario se suma activamente a la disputa contra la Casa Rosada por el recorte de prestaciones y pensiones para personas con discapacidad.
El telón de fondo de este distanciamiento es el escándalo por la presunta red de coimas en ANDIS que mencionó el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, en audios filtrados a la prensa, en los que involucra a Karina Milei y su hombre de confianza, Eduardo “Lule” Menem.
Otro escándalo de coimas salpica a Karina Milei, esta vez por la compra de medicamentos
El distanciamiento de los gobernadores de Provincias Unidas
Sea como fuere, Misiones no es la única provincia que ha tomado el camino del distanciamiento con el Gobierno nacional. Los gobernadores de Provincias Unidas han acentuado su proceso de diferenciación de la Casa Rosada de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, buscando captar el voto “blando” de Javier Milei.
Tras la derrota de La Libertad Avanza en Corrientes, con el triunfo de Juan Pablo Valdés, varios mandatarios provinciales como el mendocino Alfredo Cornejo y el chaqueño Leandro Zdero se acercaron a festejar con el gobernador saliente, Gustavo Valdés, quien se convirtió en flamante incorporación de Provincias Unidas a pocos días de la elección provincial.
Este bloque de gobernadores apunta a recuperar el caudal de votos que supo tener Juntos por el Cambio y que en la segunda vuelta electoral de 2023 se volcó a Milei frente a Sergio Massa. Se trata del voto blando de La Libertad Avanza, que representa casi un tercio de la torta electoral.
A diferencia de lo que fue Juntos por el Cambio, el bloque de Provincias Unidas tiene un componente peronista a través de la presencia del cordobés Martín Llaryora, quien impulsa la candidatura de Juan Schiaretti y se viene diferenciando de la Casa Rosada.
Llaryora, junto a la ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, impulsó en Córdoba la entrega de fortalecimientos económicos 2025 a instituciones que trabajan con personas con discapacidad para reforzar el Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad.
Ante “la crítica situación que atraviesan las instituciones a raíz del desentendimiento del Estado nacional”, Llaryora anunció un complemento alimentario para instituciones y ONGs que reciben en doble jornada a personas con discapacidad.
A fines de julio, Córdoba también se desmarcó del veto de Milei al aumento a las jubilaciones y anunció un aumento del 84,21% en el haber mínimo jubilatorio, que pasará de $380.000 a $700.000 mensuales, y la implementación de un bono bimestral de $100.000 para quienes perciban hasta $1.300.000 mensuales.
El oficialismo correntino se impuso con comodidad y La Libertad Avanza quedó en un lejano cuarto puesto
Otras áreas de conflicto entre provincias y Nación
Más allá de la presencia peronista de Llaryora en Provincias Unidas, ese bloque de mandatarios también lo integran el chubutense Ignacio Torres (PRO), los radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y el correntino Valdés.
La obra pública es otro eje que cruza a este pelotón de gobernadores y que los diferencia del recorte que aplica la Casa Rosada en esta materia. Ha sido motivo de roces incluso por el estado de los tramos de las rutas nacionales que atraviesan las provincias y se encuentran sin mantenimiento.
A este frente se sumó la transparencia institucional. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pidió al Gobierno nacional que aclare con urgencia las denuncias por irregularidades en el área de discapacidad y que no se intente limitar la difusión de información.
“Es muy duro escuchar audios de un funcionario de primera línea del Gobierno nacional hablando con desparpajo de coimas y corrupción, y que no exista una respuesta política clara del Ejecutivo”, afirmó Pullaro ante empresarios y dirigentes locales.
Las declaraciones se producen después de que la Justicia dispusiera restricciones a la publicación de audios que salpican a allegados al Gobierno. Para Pullaro, esa medida supone un riesgo para el derecho a la información:
“Nadie puede, bajo ningún concepto, poner una mordaza sobre lo que podría ser información periodística. Mucho menos intentar llevarlo al terreno del espionaje. Lo que hay que hacer es explicar qué significaban esos audios y si realmente existen grabaciones de la hermana del presidente. Eso debe aclararse”.
En este contexto, el conflicto entre la Nación y las provincias se intensifica por la distribución de los fondos de los Adelantos de Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles.
Los gobernadores buscan posicionarse como una alternativa que continúe con la austeridad fiscal del gobierno libertario, pero sin eliminar la inversión en obra pública y protección social. A todas luces, se trata de un intento de captar los votos correspondientes a la ancha avenida del medio que se formó entre libertarios y peronistas.
