En la acción cautelar la Provincia representada por el Sr Fiscal de Estado, Fidel Eduardo Duarte, y los procuradores de Fiscalía de Estado, solicitaron formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: El restablecimiento inmediato de los pagos suspendidos. El pago de todos los retroactivos adeudados. La nulidad de las auditorías implementadas por la ANDIS, por considerarlas realizadas con “irregularidades y sin contemplar los ajustes razonables y salvaguardas” que exige la normativa internacional. La implementación de nuevos procesos de control que sean “transparentes, profesionales y accesibles”. Asimismo, y “hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo”, se ha solicitado como medida cautelar que la ANDIS y el Estado Nacional “se abstengan de suspender nuevos beneficios” mientras dure el proceso judicial.
Un golpe a los más vulnerables
Desde el Gobierno de Misiones se subrayó que “el recorte de pensiones afecta a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y genera un impacto inmediato en la vida cotidiana de miles de familias”. Se remarcó que estos beneficios son esenciales para que los titulares puedan garantizar su “alimentación, medicamentos y tratamientos médicos”. La demanda judicial enfatiza que la suspensión de estos pagos no solo es “ilegítima” sino que también constituye una violación a los derechos reconocidos por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional con jerarquía constitucional en Argentina. Con esta acción, la Provincia de Misiones busca un pronunciamiento urgente de la Justicia para restablecer el flujo de fondos y garantizar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, en lo que se configura como un nuevo conflicto por la distribución de recursos entre la Nación y las provincias.
