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A nivel mundial, el actual auge minero proyecta un crecimiento de la demanda que podría triplicarse a 2030 y cuadruplicarse a 2040, con una parte importante concentrada en países del norte global, según las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía. América Latina, por su parte, concentra 48% del litio, 34% de plata, 26% de cobre, 23% de grafito y 20% de molibdeno, todos ellos minerales clave para las tecnologías de generación, distribución y almacenamiento de energías renovables.
¿Y por qué debería importarnos esto? Porque, aunque la región tiene un enorme potencial para liderar la transición energética, la minería sigue siendo una actividad altamente contaminante y socialmente disruptiva. Su explotación ha alimentado una creciente conflictividad socioambiental derivada del enfrentamiento entre visiones de desarrollo impuestas por Gobiernos y empresas, y las cosmovisiones de comunidades locales e indígenas que defienden otras formas de habitar y cuidar el territorio. Es una tensión que no solo compromete la integridad de los ecosistemas, sino que también perpetúa modelos económicos basados en actividades de bajo valor agregado.
Por eso, requerimos de una transición bien pensada, que reconozca los riesgos asociados a esta demanda creciente de minerales, que disponga de mecanismos para gestionarlos y que sirva de espacio para transformar las reglas de juego sobre cómo se extraen, distribuyen y gestionan los recursos.
La buena noticia es que a nivel internacional ha cobrado relevancia la importancia de promover un marco de salvaguardas para la producción de minerales para la transición energética, con base a los principios y recomendaciones emitidos en septiembre de 2024 por el Panel del Secretario General de las Naciones Unidas sobre minerales esenciales para la transición energética.
La premisa de estas salvaguardas es que estos minerales son indispensables para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y atender la crisis climática, pero también representan una oportunidad para mejorar el bienestar de millones de personas, especialmente en países del sur global.
A continuación, subrayamos cuatro dimensiones clave de estas salvaguardas, que constituyen condiciones necesarias para una minería compatible con principios de justicia social y ambiental:
- Ambiental: muchos de los yacimientos de minerales se localizan en ecosistemas frágiles. El 16% de las minas de minerales para la transición a nivel mundial se ubican en zonas con alto estrés hídrico y más del 21% de los conflictos socioambientales registrados a nivel global están vinculados a la minería, en particular en las llamadas zonas de sacrificio, como Tocopilla y Mejillones en Chile. Por lo tanto, la planificación territorial y las evaluaciones de impacto ambiental acumulativas y participativas son esenciales.
- Social: la participación de comunidades locales e indígenas debe estar garantizada a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, dado que más del 40% de los conflictos mineros en América Latina involucran a estas comunidades, lo que refleja una falla estructural en la consulta previa y en los mecanismos de participación. De ahí la necesidad de garantizar procesos de participación efectivos que respondan a obligaciones legales y que también mejoren la calidad de las decisiones, reduzcan los conflictos y fortalezcan la corresponsabilidad en la gestión de impactos y beneficios.
- Económica: América Latina cuenta con abundantes minerales, pero también con economías que dependen de la exportación de materias primas sin valor agregado. Por lo tanto, se requiere impulsar mayor diversificación de ingresos y procesos de integración regional para reducir esa vulnerabilidad.
- Gobernanza: en la región persisten brechas significativas en la transparencia y rendición de cuentas en el sector minero. En muchos casos se evidencian capturas institucionales y conflictos de interés que limitan las capacidades de monitoreo y cumplimiento de la ley, sobre todo a nivel local. Por ello, las salvaguardas deben incluir medidas concretas para fortalecer las capacidades técnicas y financieras de las autoridades ambientales y sociales, asegurar mecanismos de control independientes, fomentar la coordinación interinstitucional y garantizar el acceso público a la información.
Por todo lo anterior, es urgente que los Gobiernos de América Latina y las empresas mineras asuman el compromiso de incorporar salvaguardas vinculantes que garanticen que la producción de minerales para la transición energética se realice bajo principios de justicia social y ambiental, adaptados a los marcos jurídicos nacionales.
La Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas (COP30) que se realizará en noviembre, ofrece una oportunidad única para que la región ubique este tema en el centro de la agenda climática global y se presente con una voz unificada. Ante la creciente presión de actores del norte global, que demandan más minerales y mayores estándares, pero que a menudo no asumen responsabilidades proporcionales, América Latina debe actuar de forma coordinada para defender sus intereses, fortalecer su capacidad de negociación y evitar una carrera hacia el fondo. De no hacerlo, cada país seguirá enfrentando en solitario los dilemas de este nuevo ciclo extractivo, arriesgando sus territorios y comunidades.
