En democracias periféricas como la argentina (en minúscula, como adjetivo) la corrupción suele aparecer como la preocupación prioritaria de los atormentados ciudadanos.
Para acercarnos al objeto que deseamos conocer, es preciso dar un rodeo e iniciar una aproximación cuidadosa, porque el asunto puede escurrirse como arena entre los dedos. Algunas afirmaciones preliminares pueden ser útiles:
1. El acto de corrupción que nos interesa tiene por protagonista al menos a un funcionario público. Es actividad que encaja en algún tipo penal (enriquecimiento ilícito, incumplimiento de las obligaciones de funcionario público, cohecho y figuras afines) protagonizada por individuos que se desempeñan en algunos de los tres niveles de la administración pública: nacional, provincial, municipal).
2. El acto de corrupción es una de las herramientas de los partidos políticos para la apropiación, acopio y distribución de poder. No sólo provee de recursos materiales al funcionario sino que, con frecuencia, integra un sistema de recaudación para sostener al Partido: la organización política que facilitó su designación espera que el beneficiado la retribuya, de tal manera que el circuito se retroalimente y fortalezca su expansión.
3. La comisión del acto ilícito es facilitada por dos circunstancias, una sicológica y otra institucional, que operan en tándem;
a) La impunidad opera en el sujeto como una garantía asegurada por el sistema de que las posibilidades de que su conducta derive en una sentencia condenatoria son muy bajas. El riesgo remanente es un precio que el funcionario con ambiciones tiene que estar dispuesto a correr, como una manifestación de lealtad frente a la organización que lo promovió;
b) El abuso de poder consiste en merodear los límites de las normas jurídicas, de tal manera que la prueba del ilícito no sólo es de compleja probanza sino que, periódicamente, el aparato judicial regula la severidad del control según la fluidez de su relación con el gobierno de turno. De éste, suele recibir la parte del botín que asegura su indiferencia, o la perpetuación de las causas abiertas cuando no se las pudo sepultar a tiempo.
La opinión pública recibe a diario la noticia del acto de corrupción: la proliferación de medios y la exposición creciente de los habitantes frente a las variadas plataformas crean una alienación colectiva de relativa baja intensidad. La reiteración del estímulo produce la previsible disminución de la respuesta en cuanto a su intensidad; el organismo social se comporta aquí como el individual.
Consecuencia: la naturalización del acto de corrupción consiste en derivar de la proliferación la idea de la inexorabilidad.
Una vez aceptada la certeza de la inutilidad de toda iniciativa tendiente a controlar y castigar el acto de corrupción, el ciudadano abandona progresivamente la indignación, para refugiarse en la indiferencia, última estación a la que arriba, para evidenciar su desprecio ante el régimen que lo prohijó.
La desvalorización de la democracia
Al calificar a la corrupción reinante como estructural, parecieran converger allí dos conceptos subterráneos:
1. Que la cualidad inseparable de la actividad de la función pública es la conducta ilícita;
2. Que el sistema democrático no puede librar una batalla contra la corrupción, porque se trata de un elemento esencial de su propia supervivencia.
A partir de estos atrevidos enunciados, el credo liberal viene afirmando -de manera sistemática, desde mediados del siglo XIX- que la única alternativa al dilema consiste en reducir el tamaño y el rol del Estado. Lo cual equivaldría a decir que, a menor dimensión estatal, menos oportunidades existirán para la consumación del acto ilícito. Se trata de una propuesta notablemente atractiva, que en nuestro país retorna cíclicamente, a efectos de dar una vuelta más a la noria a la permanece atada una precaria democracia. Desde luego que una cuestión no menor puede invalidarla: el modelo liberal opta por dar por perdida la batalla tendiente a extirpar de raíz un flagelo endémico. Los argumentos esgrimidos, aunque sólidos, no agotan las chances de imaginar un Estado regulador de los desequilibrios a los que está expuesta toda sociedad humana.
Mientras la discusión en torno a los medios idóneos para controlar el número y la dimensión de los casos de corrupción se dilata, la deriva insoslayable es una creciente desvalorización del propio sistema democrático. Recientemente, en un intento por zanjar la cuestión, se ha consignado que la corrupción es un medio que debe admitirse como lícito, si el producto del mismo se destina a consolidar un régimen que ampare el bien común. Se rescata el aforismo maquiavélico, describiendo una hipótesis en la que la finalidad (no necesariamente el resultado) libera a la conducta delictiva de su pecado original. En el mismo sentido, opera la riesgosa afirmación que reza: ‘Sin plata, no se puede hacer política‘. Desde la más alta magistratura, también se ha proferido un opinión que, aún cuando limitada a la esfera privada, allana el camino para una corriente tolerante frente a las conductas ilícitas: ‘El que fugó divisas es un héroe, porque luchó por su subsistencia’.
La democracia queda, a la postre, atrapada en tres modalidades del fraude:
a) El acto material y concreto de cometer fraude, acordando la comisión de un acto ilícito por parte del funcionario;
b) El fraude en perjuicio de la confianza ciudadana, por cuenta de quien recepcionó el encargo de administrar el patrimonio público, en beneficio de la comunidad;
c) El sistema democrático percibido por la sociedad como una organización fraudulenta a la que se accede para el enriquecimiento personal, y la financiación de la política reducida a una mera asociación ilícita.
Corresponde agregar a los elementos que estamos inventariando como componentes del acto de corrupción que, en general. involucra la participación de un ciudadano no-funcionario público. En tal virtud, de detenernos en la génesis de las grandes fortunas argentinas, la decepcionante conclusión es que la gran mayoría fue amasada construyendo negocios con el Estado. Algunas modalidades más frecuentes serían las que siguen:
a) Como proveedor del Estado, el particular acepta abonar un porcentaje del valor del bien o del servicio que ofrece, para garantizarse la adjudicación de una licitación o una compra directa;
b) Obtiene, a cambio de una suma dineraria, determinada concesión o alguna excepción o un régimen impositivo privilegiado, a criterio de desarrollar en la actividad privada;
c) Por el mismo medio, se le garantiza que una actividad no será auditada o inspeccionada, con el fin de que el particular combine una actividad lícita en la superficie con la realmente rentable y amparada por la miopía de la Administración.
La posibilidad de construir un Estado en el que el acto de corrupción sea estadísticamente excepcional, es visualizada por el argentino medio como una apoteosis de la ingenuidad.
Como deriva de este estado colectivo, el habitante de nuestras tierras pasa de la indignación a cierta admiración por el talento del ‘pícaro’, porque su aptitud para las artimañas y su desprecio de la ética le permiten el ascenso y la permanencia en los estratos económicamente superiores de la pirámide social.
La posibilidad de regeneración de la sociedad argentina frente al drama de la corrupción requiere que la dirección de los partidos políticos surja de una potente democracia interna, y que el ciudadano medio tenga acceso irrestricto a la información que dé cuenta de la actividad estatal.
Así las cosas, exigir a los beneficiarios de la trama de negocios turbios que se dispongan a depurar el sistema que usufructúan, constituye una modalidad suprema de inocencia.
Sin la expansión de una conciencia social condenatoria sin atenuantes de la conducta corrupta, la posibilidad de revertir el cuadro se vuelven extraordinariamente remotas.
Una cita borgeana puede ayudar: La esperanza es un deber.
