La Federación Judicial Argentina (FJA) emitió un comunicado en el que rechazó el accionar de sectores del Poder Judicial a los que acusó de favorecer a imputados por hechos de corrupción en salud, seguridad social y discapacidad, mediante resoluciones que calificó como formas de censura previa. La entidad manifestó además su solidaridad con periodistas y trabajadores de prensa que podrían resultar afectados por estas decisiones y por pedidos de allanamiento impulsados desde el Poder Ejecutivo.
Según el pronunciamiento, un juez federal con denuncias en el Consejo de la Magistratura habría dictado una restricción a la difusión de audios que comprometerían a altos funcionarios, lo que la FJA considera una vulneración a la libertad de prensa. También señaló que estos hechos se enmarcan en un contexto de denuncias por corrupción política y empresarial vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el PAMI y la llamada “estafa Libra”.
La Federación advirtió que estas situaciones se agravan por la crisis socioeconómica que atraviesa el país, marcada por la pérdida del poder adquisitivo, el cierre de organismos y empresas, y el aumento de la conflictividad social. En ese marco, ratificó su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores judiciales, la democratización del Poder Judicial y la articulación con otros sectores sindicales y sociales.
Comunicado
REPUDIAMOS LA CENSURA PREVIA JUDICIAL Y LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL
La Federación Judicial Argentina (FJA) repudia el accionar de sectores del Poder Judicial que, convenientemente para beneficio de acusados/as de corrupción en materia de salud, seguridad social y discapacidad, dictan resoluciones que consagran la censura previa.
Asimismo, nos solidarizamos con lxs periodistas y demás trabajadorxs de la prensa que pudieran verse amedrentadxs por dichas medidas, así como por los pedidos de allanamientos solicitados por el Poder Ejecutivo para encubrir actos presuntamente ilícitos.
En efecto, un juez federal que acumula denuncias ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por acoso laboral y sexual hace lugar a una inconstitucional restricción a la libertad de prensa, obstaculizando la difusión de audios incriminatorios para las máximas esferas del Poder Ejecutivo e impidiendo que la opinión pública conozca la verdad.
La corrupción política y empresarial durante este gobierno crece desde la estafa $Libra, las muertes por fentanilo contaminado y ahora con el escándalo de coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en el PAMI.
Estas graves denuncias se dan en el marco de una deteriorada situación socioeconómica que atraviesa nuestro pueblo, insostenible para millones de trabajadorxs que día a día ven menoscabada su capacidad de consumo por ingresos reducidos bajo la gestión libertaria: caída de salarios y jubilaciones, disolución de organismos estatales y cierre de empresas privadas.
Rechazamos la evidente corrupción que asocia al poder político con sectores empresarios inescrupulosos que acrecientan sus riquezas a costa de una mayoría empobrecida y en perjuicio directo de lxs más vulnerables.
Aun cuando subsisten algunas expectativas en las políticas oficiales, crece el malestar y la protesta popular: conflictividad en aumento, manifestaciones de repudio y luchas visibles tanto en la calle como en los procesos electorales.
Desde la FJA continuamos luchando por las reivindicaciones de lxs trabajadorxs judiciales, articulando fuerza con otros sectores en lucha, promoviendo la unidad de acción con las Centrales sindicales, impulsando la democratización del Poder Judicial y defendiendo los derechos humanos.
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